Argentina se constituye como el principal destino con el 77,1% de las exportaciones de soja producidas en el Paraguay, es decir, con un cifra de 1.529,1 toneladas, sobre el total de envíos de 1.982,3 toneladas registrado hasta el mes de octubre de este año, según informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).
Los envíos de la oleaginosa representaron ingresos de divisas para el Paraguay de un total de US$ 4.788 millones, un 77,3% del total exportado, que fue de US$ 6.192 millones; así como un porcentaje de 46,9% más si se toman los datos del mismo periodo del año 2019, que fue de un total de ingresos por US$ 3.259 millones.
En el segundo lugar se encuentra el mercado brasileño con un total de 205,4 toneladas enviadas desde el Paraguay, lo que representa el 10,4% del total de la soja exportada. Desde el vecino país, los ingresos fueron de un total de US$ 653,1 millones. El resto de los mercados que cuenta el país como productor de soja representa el 12,5%, con un total de 247,9 toneladas de la oleaginosa exportada.
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Harina de soja
Las exportaciones de harina de soja fueron de un total de US$ 567,6 millones hasta el mes de octubre, lo que representa una caída del 2,4% teniendo en cuenta que en el mismo periodo del año pasado los envíos fueron de un total de US$ 581,8 millones. En cuanto a los volúmenes exportados hasta el mes de octubre fue de un total de 1.773,1 toneladas, lo que significó una caída del 6,5%, ya que hasta octubre del 2019 los envíos representaron 1.896,4 toneladas.
En cuanto a la soja en granos, 6192,6 toneladas fueron exportadas hasta el décimo mes de este año y eso representó un total de US$ 1.982 millones. Estas cifras representan una diferencia positiva del 30,4% con relación al mismo periodo del año pasado. Los principales destinos del derivado de la soja son: Brasil, Israel, Argentina, Unión Europea, Rusia, etcétera.
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Argentina: inicia juicio por la muerte de 44 marinos en implosión de submarino en 2017
La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.
El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
“Los nadies”
No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.
“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.
“Invisibilizar”
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.
El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
El juicio
Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.
“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.
Fuente: AFP.
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Producción de piña en Paraguay registra récord en envíos y conquista de nuevos mercados
La producción de piña en Paraguay atraviesa un momento de gran optimismo, impulsado por un crecimiento histórico en las exportaciones. Este fruto se produce en zonas como Concepción, Canindeyú, Cordillera y San Pedro, siendo este último el de mayor superficie sembrada, con más de 1.500 hectáreas.
Según indicó a La Nación/Nación Media, el coordinador de gestión de la producción de frutas en Paraguay, Francisco Paniagua, Concepción se destaca actualmente por una mejor calidad de la producción, mientras que en el país el área de cultivo es de alrededor de 2.500 a 2.600 hectáreas, con un rendimiento promedio de entre 20.000 y 25.000 kilos por hectárea al año, cifras que muestran una tendencia de mejora gracias a la incorporación de tecnología y buenas prácticas agrícolas.
Este rubro depende mucho del factor climático y si bien existe tecnología que se puede aplicar, muchas veces el costo de producción es muy elevado. “Entonces dependemos de factores climáticos necesariamente. Si la necesidad climática favorece, se llega a producir más, pero mantenemos un promedio de 20.000 a 25.000 kilos por hectárea”, manifestó.
Paraguay cuenta con aproximadamente 460 productores de piña, y el interés por este rubro continúa creciendo debido a mejores perspectivas de precio y calidad. Principalmente se producen dos variedades: la cayena lisa y la abacaxi, siendo esta última la más valorada por su sabor dulce y su calidad superior.
“Abacaxi es la niña bonita, digamos, porque es la más sabrosa, más dulce. La otra tiene más grande la cabeza, pero no alcanza el sabor abacaxi”, explicó Paniagua.
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La cosecha de piña paraguaya se concentra entre los meses de octubre y enero, con el pico productivo en noviembre y diciembre, que es el periodo clave para la exportación. “En enero ya agarra sol muy fuerte y requieren mucho más cuidado para que la fruta no esté dañada por la radiación solar, entonces, esos dos meses es lo que es el tope, noviembre y diciembre”, remarcó el experto.
Cooperación y exportación
El fortalecimiento del sector también incluye cooperación internacional, como el apoyo técnico del gobierno de Taiwán, que busca introducir nuevas variedades y mejorar la producción mediante plantines libres de enfermedades.
Este impulso no solo apunta a expandir los mercados internacionales incluyendo Argentina, Uruguay, Chile e incluso Europa sino también a beneficiar a las familias productoras, diversificar ingresos y fortalecer la economía rural, consolidando a la piña como una fruta estratégica dentro de la producción frutícola nacional.
Sobre las exportaciones, Paniagua mencionó que en el 2025 se alcanzó por primera vez un volumen récord de 49 camiones con piñas exportadas, cuando en años anteriores el promedio era de entre unos 20 y 23 camiones. Las cargas llegaron a 27 toneladas, destinándose en un 80 % al mercado argentino y el 20 % al uruguayo.
Además, acotó que existen gestiones avanzadas para ingresar al mercado de Chile, un destino exigente que requiere frutas con un calibre de entre 1,5 y 1,7 kilogramos, un peso estándar que los productores nacionales están comenzando a alcanzar mediante mejoras técnicas y el uso de fertilizantes específicos.
También en el país se está implementando su envío en cajas de cartón cumpliendo las exigencias de los mercados de la región como Argentina, Uruguay y Chile.
Existen planes de articulación con exportadores nacionales para realizar visitas comerciales a mercados como Argentina, Uruguay y Chile, con el objetivo de consolidar la presencia paraguaya y generar nuevos intercambios comerciales. La meta es no solo aumentar los volúmenes exportados, sino garantizar un ingreso estable y sostenible para los productores, fortaleciendo así toda la cadena, acotó.
Ciclo natural
Paniagua agregó que si bien existen métodos para acelerar la maduración mediante la aplicación de hormonas, este procedimiento no resulta viable para la exportación. Aunque la fruta puede presentar buen aspecto externo, no desarrolla el nivel de dulzura ni el sabor requerido por los mercados exigentes, por lo que no cumple con los estándares de calidad.
Por ello, el proceso productivo debe respetar el ciclo natural de desarrollo vegetativo y acumulación de azúcares, priorizando calidad antes que rapidez, según mencionó.
Destacó que también se encuentran incursionando en el programa Hambre Cero, siendo esta una oportunidad para las familias potenciar la producción nacional. “Con ese movimiento, la canasta familiar va a mejorar muchísimo. Cuando hay ingreso, no solo para consumo, porque el consumo en sí no es la producción abundante, ya que nunca se va a consumir todo”, indicó.
En el mercado interno, el comportamiento de precios es variable. Al inicio de la cosecha los valores suelen ser favorables para el productor, pero a medida que aumenta la oferta tienden a disminuir. Gran parte de la producción se destina al consumo local, mientras que la fruta de segunda y tercera calidad se aprovecha ampliamente en la elaboración de jugos artesanales.
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Biocombustibles: sector proyecta panorama alentador, pero pide avanzar en política energética
El 2026 se proyecta con un “escenario favorable” para el sector de biocombustibles en cuanto a exportaciones tras la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que abre nuevas oportunidades para la industria. Sin embargo, desde el rubro señalan que este panorama positivo debe ir acompañado de una “política energética integral en la que los biocombustibles no sean vistos como un complemento, sino como una herramienta estratégica”, afirmó Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap).
“La eventual entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una ventana estratégica para los biocombustibles paraguayos, en un contexto en el que Europa necesita incrementar el uso de energías renovables en el transporte para cumplir sus metas climáticas”, expresó a La Nación/Nación Media.
De acuerdo con datos de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), la industria de biocombustibles cerró el 2025 con envíos por USD 114.829.063, cifra que representa una reducción de 16 % en comparación con el 2024 cuando el valor de las exportaciones alcanzó USD 136.314.072. Haciendo el desglose, se observa un crecimiento en la comercialización de biodiésel que llegó a USD 34.362.694 frente al 2024 que fue de USD 15.277.274.
Destinos y competitividad
“Paraguay exporta actualmente sus biocombustibles a varios mercados internacionales. En Europa, el etanol llega a Países Bajos y España, mientras que el biodiésel se comercializa en países como Reino Unido y Bélgica. Además, existen exportaciones de etanol hacia Brasil y Filipinas, lo que evidencia la competitividad del sector paraguayo más allá de la región”, destacó Corsi.
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En cuanto a política energética, el titular del gremio sostuvo que es clave avanzar en ella, ya que contribuirá a reducir importaciones, ahorrar divisas, además de fortalecer el agro, generar más empleo en el sector industrial y demostrar la competitividad del segmento.
Explicó que los eventos climáticos extremos que se observan en distintas partes del mundo confirman que el cambio climático ya no es una proyección futura, sino una realidad, al añadir que a esto se suma una creciente “inestabilidad internacional: conflictos armados, tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y el uso de aranceles como herramientas de presión, y en ese contexto los recursos energéticos tradicionales se vuelven cada vez más disputados mientras la demanda global continúa en aumento”.
“Paraguay, como país mediterráneo, es especialmente vulnerable, ya que depende de terceros para el abastecimiento de combustibles fósiles. Cada crisis internacional que impacta en el precio del petróleo repercute directamente en nuestra economía. Por eso, fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia externa y potenciar la producción de combustibles renovables locales no es una postura ideológica. Es una decisión de realismo estratégico”, remarcó Corsi.
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Cuatro claves de la controvertida reforma laboral de Milei
La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.
La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
Jornadas y vacaciones
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Indemnizaciones
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
Salarios y convenios
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
Fuente: AFP.