La viceministra de Economía, Carmen Marín, confirmó que se adelantó el pago a los 250.000 beneficiarios (previsto para hoy) y ya se iniciaron las asignaciones en las últimas horas de ayer. En tanto, el viernes 16 se estaría prosiguiendo con los desembolsos para las otras 250.000 personas.
“Son 250.000 asignaciones y seguramente esta tarde nos van a reportar los entes cuántos lograron acreditar. Está previsto otro pago, no puedo confirmar el día, pero tentativo es el viernes”, comentó Marín a La Nación Digital.
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Se trata de los últimos pagos que se efectivizan con los US$ 125 millones, aprobados como ampliación de la primera versión del programa Pytyvõ. Un tercer desembolso ya dependerá de la decisión del Congreso, en cuya competencia se encuentra la posibilidad de otorgar los fondos requeridos y que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, rondaría los US$ 54 millones.
“Este ya es el último pago, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenemos”, mencionó la viceministra.
US$ 125 millones para dos pagos
Consultada sobre el índice de ejecución de los US$ 125 millones, Marín afirmó que el balance se tendrá al final de las acreditaciones. “Todo va a depender de la cantidad final de acreditaciones de este segundo pago. Todavía no puedo adelantar porque se maneja un calendario tentativo de pagos y vamos filtrando los datos. Ayer, logramos sacar otros 250.000 y en el transcurso de la semana otros 250.000. Y una vez que cierre, por lo menos gran parte de los pagos, ya podremos decir cuál es el nivel de ejecución global de los recursos”, puntualizó.
De acuerdo con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda, más de tres millones de pagos fueron efectuados desde el inicio del programa a nivel nacional, lo que implicó una inversión total de US$ 250 millones.
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MEF continúa pagos a proveedores del Estado por más de G. 132.000 millones
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), continúa este jueves con el pago a proveedores y acreedores del Estado, con un desembolso total de G. 132.936 millones, financiado con Recursos del Tesoro, del Crédito Público, e Institucionales.
Del monto previsto G. 670 millones corresponden a la Fuente 10, destinados a caja chica y gastos reservados. En tanto, G. 30.385 millones serán desembolsados con Fuente 20 para el pago a proveedores y acreedores del Estado. La Tesorería General procesará la totalidad de los compromisos correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas el martes 8 y miércoles 9 de setiembre.
Por su parte, la mayor parte del desembolso sumará G. 101.881 millones, correspondiente a la Fuente 30, también destinada a caja chica, gastos reservados y al pago a proveedores y acreedores del Estado. El MEF señaló que de esta manera las transferencias continúan de manera sostenida, conforme a las solicitudes presentadas.
También se encuentra disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro de compras públicas, en el apartado pagos, así como en la sección “Enlaces de Interés” del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe). El calendario de pagos puede ser consultado en el sitio web institucional, en el apartado consulta ciudadana, luego calendario de pagos, e ingresando a pago a proveedores.
Asimismo, el martes pasado el MEF desembolsó G. 222.265 millones para el pago a empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado. En la fecha se procesaron la totalidad de los compromisos correspondientes a las STR ingresadas a la DGTP los días jueves 3, viernes 4 y lunes 7 de setiembre de 2026.
Del total previsto, G. 94 millones correspondieron a la Fuente 10, destinados a caja chica y gratuidad en la Educación Superior, G. 169.753 millones a la Fuente 20, para el pago a proveedores y acreedores del Estado, mientras que G. 52.419 millones a la Fuente 30, también destinados al pago a proveedores y acreedores del Estado.
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Contraloría apunta a Vicente Bataglia por pagos a jubilados fallecidos en IPS
El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que encontró irregularidades administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS), apuntando directamente contra administraciones anteriores, especialmente al expresidente Vicente Bataglia. Durante la presentación del Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025, realizada este lunes en el Congreso, el titular de la Contraloría General expuso algunos de los principales hallazgos en el marco de la auditoría a la previsional.
Benítez confirmó que se detectaron diversas anomalías administrativas y financieras en la institución, situación que salpica directamente a las gestiones de los últimos años. Entre los hallazgos citó el pago de jubilaciones a personas fallecidas; se calcula que el IPS habría desembolsado más de G. 50.000 millones en concepto de haberes a más de 11.000 difuntos.
Asimismo, se detectaron inconsistencias en el stock de medicamentos luego de solicitar una actualización del sistema. El lote de fármacos registró una baja del 45 %, por un valor superior a los G. 600.000 millones. “Eso significa que se registró mal o que desaparecieron; no podemos afirmar nada ni tampoco descartarlo”, indicó el contralor.
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Por otra parte, para garantizar la provisión de medicamentos cuyos contratos ya habían vencido, el IPS recurrió a la firma de nuevos acuerdos que luego fueron homologados judicialmente, evadiendo el procedimiento habitual de la ley de contrataciones. Esto representó un gasto de USD 25 millones.
“Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo Vicente Bataglia. Inclusive, tuvimos que recurrir a acciones judiciales y órdenes de allanamiento para acceder a esta información”, añadió Benítez.
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Meta acuerda pagar USD 16.700 millones a estados de EE. UU. en caso de adicción de menores a redes
Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.
Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).
“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.
Limitaciones de tiempo y durante la noche
Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.
Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.
La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.
El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.
En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.
Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.
Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.
Trasfondo económico
Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.
Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.
La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.
El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.
El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).
Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.
El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.
- Fuente: AFP
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Diputados sanciona ley que autoriza al MOPC pago de intereses moratorios por certificados de obra
La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.
Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.
Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.
Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.
A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.
Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.
Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.
Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.
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