Hasta el noveno mes del año, los ingresos a la SET fueron de un total de G. 253.725 millones. El menor nivel de recaudación es debido a las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19. Foto: Archivo.
IRP registró caída del 14,5% en recaudaciones hasta setiembre
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La recaudación mediante el Impuesto a la Renta Personal (IRP) fue de un total de G. 253.725 millones durante los nueve meses del presente año, lo que corresponde a una caída del 14,5% teniendo en cuenta que, en el mismo periodo de tiempo del año pasado, los ingresos por este tipo de impuesto fueron de G. 296.880 millones, según informe publicado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, explicó que el confinamiento por la cuarentena obligó a operar solo mediante los sistemas digitales, ya que no se permitió el pago en ventanilla desde que fue emitida la Ley de Emergencia Sanitaria. Además de las medidas de las facilidades de pagos establecidas por la SET.
Desde la cartera tributaria explicaron que existe el registro de aproximadamente 149.000 contribuyentes dentro del IRP.
El viceministro expresó que a diferencia de la ley anterior, la Nº 4673/12, el IRP se deberá liquidar en dos formas diferentes, es decir, por un lado la relacionada al servicio del personal: el salario que cuenta la persona y por otro lado, las rentas y ganancias de capital que afectan a los socios y accionistas de empresas.
Óscar Orué, viceministro de Tributación. Foto: Gentileza.
Recaudación total
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) registró una recaudación acumulada de G. 10,28 billones hasta el mes de setiembre de este año, lo que equivale a una caída del 11,4% con relación al mismo periodo del año pasado, cuando registró ingresos por un total de G. 11,61 billones, según informe emitido por la cartera fiscal.
Desde la institución explicaron que considerando la disminución de la actividad económica y tomando en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con relación a la implementación de la cuarentena inteligente, la SET recaudó durante el mes de setiembre, la suma de G. 1,72 billones en efectivo y G. 6.295 millones en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de G. 1.73 billones, equivalente a unos US$ 259 millones.
El viceministro explicó que en los últimos tres meses las recaudaciones registradas ayudaron a disminuir la brecha de déficit que se tiene debido a la caída del dinamismo de la economía, causada por la pandemia del COVID 19.
“Mediante el acompañamiento del sector privado a las medidas adoptadas por la administración tributaria, hemos cerrado el mes de setiembre con un incremento interanual del 23,6% en las recaudaciones efectivas sobre el mismo mes del 2019”, explicó Óscar Orué.
Sectores clave como comercio, construcción, servicios a hogares, productos químicos, electricidad y agua, así como actividades agrícolas y alimenticias, impulsaron mayores ingresos, según la DNIT. Foto: Archivo
La DNIT trabaja en la incorporación de IA para fortalecer controles
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La administración tributaria incorporará inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y optimizar los controles. El proyecto, financiado por el BID y ejecutado en cinco años, apunta a que las nuevas capacidades estén plenamente operativas hacia 2030.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) prepara un salto tecnológico en su sistema de fiscalización. La institución trabaja en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y mejorar la focalización de los controles tributarios.
El proyecto cuenta con USD 30 millones de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tendrá un período de ejecución de cinco años. Actualmente se encuentra en proceso de implementación y, de acuerdo con lo explicado por el titular de la DNIT, Óscar Orué, la previsión es que las nuevas capacidades estén plenamente operativas hacia 2030.
La apuesta llega en un momento en que la administración tributaria gestiona volúmenes cada vez mayores de información y recursos. Entre enero y julio de 2026, la DNIT acumuló una recaudación de G. 25,8 billones, 2,1% por encima del mismo período de 2025, equivalente a G. 523.403 millones adicionales.
De la gestión de riesgos al control masivo. La DNIT ya utiliza sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de intercambio de información para construir perfiles de contribuyentes. Sobre esa base determina las acciones de control.
La siguiente etapa será incorporar IA para ampliar esa capacidad de análisis. El objetivo es que la tecnología permita procesar grandes volúmenes de información, encontrar patrones y contribuir a una selección más precisa de los controles.
La institución ya había planteado en su planificación la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial y big data para potenciar la capacidad de control, análisis de datos y gestión de riesgos de cumplimiento.
Una inversión con horizonte 2030. Los USD 30 millones representan una inversión de largo plazo en las capacidades tecnológicas de la administración tributaria. La ejecución se extenderá durante cinco años y las nuevas herramientas tienen como horizonte de plena operatividad el año 2030.
El proyecto forma parte de una transformación más amplia orientada a facilitar el intercambio de información, fortalecer los mecanismos de control y avanzar hacia procesos más eficientes y basados en datos.
El cambio apunta, en definitiva, a que la DNIT pueda aprovechar mejor la información que ya genera y recibe para gestionar los riesgos tributarios y focalizar sus controles.
La inteligencia artificial pasa así de ser una herramienta de innovación a convertirse en parte de la infraestructura con la que la administración tributaria busca gestionar una economía cada vez más digital y un universo creciente de información.
Migraciones no tiene registro de que Bataglia ingresara legalmente al país desde Europa
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La defensa del imputado y extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, no supo explicar por qué puesto migratorio ingresó a nuestro país desde Europa. El procesado realizó la maniobra de salir de Paraguay vía Puerto Falcón una vez que se levantó la orden de detención en su contra, para luego reingresar por ese mismo puesto. Con esto, buscó justificar el ingreso clandestino previo que realizó para presentarse ante el fiscal Julio Ortiz, donde finalmente se abstuvo de declarar en el marco de la causa penal por lesión de confianza.
Bataglia se salvó de ir a la cárcel debido a que el juez Rodrigo Estigarribia decretó su arresto domiciliario con la obligación de utilizar tobillera electrónica. En caso de incumplir esta medida, la resolución judicial será revocada y el imputado será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (excárcel de Tacumbú).
El procesado no brindó declaraciones a los medios sobre su imputación. Tampoco quiso aclarar si ingresó de forma clandestina al país ni si lo hizo a través del Puente de la Amistad en Ciudad del Este u otro punto fronterizo sin control.
De hecho, el juez Estigarribia mencionó, al momento de resolver el arresto domiciliario, que solicitó un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar si Bataglia ingresó legalmente desde Europa; dicha institución confirmó que no existe registro de ese ingreso, pero sí constan una salida y una entrada posteriores por la frontera de Puerto Falcón, colindante con Argentina.
El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
DNIT y bancos avanzan hacia un sistema de intercambio de información con autorización del cliente
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La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.
Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.
El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)
Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.
Óscar Orue, director nacional de la DNIT. Foto: Archivo
El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).
Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.
El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.