El presupuesto administrativo del Ministerio de Hacienda refleja una disminución de 17% para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo, mantiene las obligaciones en materia de transferencias de los programas sociales y el pago de la deuda, sostuvo Benigno López, esta mañana, durante la exposición del plan presupuestario ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
En ese sentido, mencionó que el presupuesto institucional alcanza la suma de 16,7 billones de guaraníes, de los cuales G. 7,145 billones pertenecen a recursos del Tesoro Público (FF10), G. 3,205 billones de recursos del Crédito Público (FF20) y G. 6,361 billones de Recursos Institucionales (FF30).
En cuanto a la cantidad de funcionarios, el ministro López destacó que desde el 2019 se mantiene el mismo promedio de recursos humanos, previendo para el próximo año una leve reducción de 2.757 (528 contratados y 2.229 permanentes) a 2.746 (556 contratados y 2.190 permanentes).
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Asimismo, dentro del presupuesto institucional se contemplan las pensiones contributivas y no contributivas, sectores que han registrado aumento de beneficiarios pese a la limitación de recursos.
Al respecto, el titular de Hacienda enfatizó que el desafío allí es importante, ya que la recaudación registró una caída considerable; sin embargo, se han logrado mantener los programas de manera eficiente.
Para el 2021, el Presupuesto General de la Nación (PGN) prevé la incorporación de más adultos mayores al Programa de Pensión Alimentaria, con lo cual se llegará a 214.000 beneficiarios. Además, se destinarán US$ 643 millones para el pago a jubilados de diversas instituciones.
Con relación al servicio de deuda, el ministro López sostuvo que serán desembolsados US$ 399 millones para amortización y US$ 437 millones para intereses, gran parte de ellos a consecuencia de la pandemia. No obstante, Paraguay es el país con menor crecimiento de su deuda con respecto a los demás países de la región.
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BCP defiende política monetaria y atribuye comportamiento del dólar a factores externos
En medio del debate sobre la evolución del tipo de cambio nominal en Paraguay y el rol de la política monetaria, el Banco Central del Paraguay (BCP) presentó un análisis técnico en el que defiende la consistencia de sus decisiones y sostiene que el comportamiento reciente del dólar frente al guaraní responde a una combinación de factores internos y externos.
La entidad monetaria afirmó que la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), iniciada en agosto de 2023, no puede ser considerada como la causa principal de la depreciación del guaraní observada en 2024.
Según el análisis, de haber existido una reducción “prematura” o “excesiva” de tasas, el resultado habría sido un repunte inflacionario, desanclaje de expectativas y pérdida de credibilidad del régimen monetario. No obstante, el BCP sostiene que ocurrió lo contrario, es decir, la inflación permaneció dentro del rango meta y las expectativas se mantuvieron alineadas con el objetivo oficial.
La Fed no define automáticamente la política paraguaya
El documento también responde a cuestionamientos sobre la aparente diferencia entre la política monetaria paraguaya y la de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
Al respecto, el BCP recordó que Paraguay opera bajo un esquema de metas de inflación, por lo que las decisiones sobre tasas de interés responden principalmente a condiciones internas como inflación, expectativas económicas y ciclo productivo local.
La entidad recordó además que otros países de la región, como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, también iniciaron reducciones de tasas antes que la Fed, en un contexto regional de desaceleración inflacionaria.
Intervenciones cambiarias en 2025 fueron para ordenar el mercado
El BCP explicó también que en el 2025, pese a un contexto internacional de debilitamiento del dólar, el guaraní continuó depreciándose durante los primeros meses del año debido a expectativas del mercado.
Según indicó, algunas proyecciones privadas anticipaban un dólar de entre G. 8.000 y G. 8.200 al cierre del año, lo que incentivó una mayor demanda preventiva de divisas.
En ese escenario, el BCP intervino entre marzo y abril de 2025 para evitar desalineamientos respecto a los fundamentos económicos y garantizar un funcionamiento ordenado del mercado cambiario.
Guaraní fuerte: soja, inversión y menor riesgo país
El documento agrega que la apreciación reciente del guaraní responde a varios elementos estructurales y coyunturales. Entre ellos menciona el sólido crecimiento económico, la fortaleza del sistema financiero, reformas regulatorias en el mercado de capitales, la reducción del riesgo país y la obtención del grado de inversión por parte de calificadoras internacionales.
Asimismo, el BCP destaca el impacto temporal de la cosecha récord de soja en 2026, que incrementó el ingreso de divisas y ejerció presión estacional sobre el mercado cambiario. La institución remarcó además que la política monetaria actual no tiene un sesgo restrictivo y que la TPM se mantiene en niveles neutrales.
Finalmente, la entidad reafirmó que continuará monitoreando las condiciones económicas nacionales e internacionales para preservar la estabilidad de precios y el funcionamiento adecuado de los mercados, en línea con su esquema de metas de inflación.
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Salario mínimo: IPC no captura el peso de los alimentos
Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.
A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.
Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.
“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.
El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.
Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.
“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.
Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.
El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.
En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.
No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.
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Ley de biodiésel ya está vigente y solo falta resolución del MIC sobre nueva mezcla
La Ley 7635, que modifica la Ley 6389/2019 sobre el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biodiésel apto para motores diésel, ya se encuentra oficialmente vigente tras su publicación en la Gaceta Oficial N.º 135.
Con la entrada en vigor de la normativa, la atención del sector se centra ahora en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), institución que deberá emitir la resolución para estaestablecer el nuevo porcentaje efectivo de mezcla de biodiésel con el gasoil, conforme a los parámetros fijados por la legislación.
El nuevo marco normativo establece que la mezcla obligatoria local no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 20 %, dejando a criterio de la autoridad competente la validación técnica del porcentaje definitivo.
La definición será determinante para el comportamiento del mercado, debido a su impacto directo sobre la producción, demanda e inversiones dentro de la cadena de biocombustibles.
Industria ve oportunidad para consolidar el sector
Cuando el proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados en marzo pasado, desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) destacaron que la medida representaba un paso estratégico para consolidar al biodiésel como política de Estado.
El vicepresidente del gremio, Francisco Jáuregui, sostuvo entonces a La Nación/Nación Media que la normativa brinda una señal de mayor previsibilidad para las empresas del rubro. Según explicó, contar con reglas más estables favorece la planificación de la producción y genera incentivos para nuevas inversiones industriales.
Además, señaló que un mayor uso de biodiésel podría contribuir a reducir la dependencia del gasoil importado, aprovechando materias primas ya producidas localmente y fortaleciendo el valor agregado nacional.
Cambios de la normativa
La legislación incorpora un rango flexible de mezcla de biodiésel de entre 5 % y 20 %, reemplazando esquemas más rígidos vigentes anteriormente.
También ratifica beneficios para productores nacionales habilitados por el MIC, incluyendo exoneraciones tributarias para la producción local y la importación de bienes de capital destinados al sector.
Asimismo, promueve programas de innovación tecnológica y sostenibilidad, con participación de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Entre sus disposiciones, la ley mantiene además la prohibición de importar biodiésel apto para motores diésel, apostando al fortalecimiento de la industria nacional.
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Agricultura familiar: MAG realizará 9 ferias durante la primera semana de junio
Más de 580 familias productoras de la agricultura familiar campesina participarán esta semana en nueve ferias impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), una iniciativa que busca fortalecer los ingresos del sector rural mediante la venta directa al consumidor y dinamizar las economías locales.
Las actividades se desarrollarán en Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Itauguá y Caacupé, donde los productores ofrecerán alimentos frescos, artesanías y productos agroindustriales sin intermediarios, permitiéndoles captar una mayor proporción del valor de sus ventas.
La propuesta involucra a 16 organizaciones provenientes de los departamentos de Central, Caaguazú, Paraguarí, Ñeembucú, Cordillera y Bajo Chaco. Para miles de pequeños agricultores, estos espacios representan una oportunidad concreta de comercialización, especialmente en un contexto donde el acceso a mercados continúa siendo uno de los principales desafíos para la producción familiar.
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Entre los productos que estarán disponibles figuran queso Paraguay, carnes de cerdo, cabra y oveja, gallina casera, huevos, miel de abeja, choclo, porotos, hortalizas, frutas de estación, almidón, harina de maíz, flores, plantas ornamentales y artesanías indígenas. La diversidad de la oferta refleja la importancia de la agricultura familiar dentro de la cadena de abastecimiento nacional.
Además de beneficiar directamente a los productores, las ferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de origen nacional a precios competitivos. Este modelo de comercialización contribuye a reducir costos asociados a la intermediación y fortalece los circuitos cortos de venta, una estrategia cada vez más valorada por su impacto económico y social.
Desde el MAG destacan que estas actividades también cumplen un papel relevante en materia de seguridad alimentaria, al acercar productos frescos y de calidad a los centros urbanos, al tiempo que generan oportunidades de empleo e ingresos en las comunidades rurales.
Las ferias especiales se realizarán durante toda la semana en distintos puntos estratégicos. Entre ellas se encuentran las jornadas previstas en la explanada del SNT y C9N, el Paseo 1811 de Fernando de la Mora, el Shopping Multiplaza, la Dirección de Educación Agraria en San Lorenzo y el Shopping Century Plaza de Lambaré.
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