El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, fundamentó la ampliación presupuestaria pendiente de estudio en el Congreso Nacional manifestando que se destinará al pago de una parte de la cuenta contraída con los proveedores de medicamentos.

Dijo que el monto total adeudado asciende a unos 300 millones de dólares, pero en esta ocasión se busca pagar G. 189.323 millones, mediante la utilización de fondos que antes se destinaban a las cuentas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y Salud Pública.

La recuperación de estos recursos fue posible gracias a la modificación de la Carta Orgánica del IPS concretada el año pasado.

“La ley que solicitamos se creó para no transferir más el 2,5 % que era 1,5 % para el Ministerio de Salud y 1 % para Sinafocal. Entonces, como nosotros presentamos el presupuesto y después salió la ley queremos ahora hacer la ampliación con ese dinero. Creo que son más o menos unos 20 millones de dólares, es el 0,5 % del 2,5 % que nosotros anteriormente estábamos destinando a esas dos entidades”, dijo a los medios de prensa.

El titular del Consejo de Administración del ente previsional manifestó que en esta ocasión ese monto será íntegramente utilizado para honrar deudas con proveedores de medicamentos. “De tal forma a que ellos sigan proveyendo tanto insumos como medicamentos al IPS”, expresó.

Brítez aclaró que esos recursos recuperados irán al fondo de salud del IPS y en esta primera etapa se busca honrar la deuda con los proveedores.

“La deuda con los proveedores es más de 300 millones de dólares. Y nosotros lo que vamos a hacer con ese dinero es hacer una cesión de derechos”, puntualizó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió este viernes sobre los alcances del decreto n.° 3.899, que estipula la adquisición obligatoria de productos y servicios de la agricultura familiar y mipymes por proveedores del programa Hambre Cero en las escuelas, en porcentajes del 10 % y 5 %, respectivamente.

“Quiero aclarar que la compra de productos e insumos de la agricultura familiar campesina, como también de los productos de bienes y servicios de las mipymes, está establecida hoy en los líneamientos del programa, como así también en los contratos, pero le faltaba un toque más formal, con un respaldo legal de mucho más peso“, sostuvo Rojas, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Por su volumen, dimensión, cobertura, Hambre Cero es un programa de revisión y de ajustes permanentes a los efectos de que pueda ser cada vez más efectivo”, refirió. Con el decreto, las empresas adjudicadas deberán adquirir insumos frutihortícolas, directamente del productor, por el valor del 10 % de sus contratos, y productos y servicios de las mipymes por el 5 %.

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“Entre los aspectos más importante de este decreto es que se establece que mensualmente se debe presentar las facturas de compras para la elaboración del proceso administrativo para el pago del servicio que hacen las empresas en la provisión de la alimentación escolar“, refirió.

Las facturas de compra en concepto de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar o bienes y/o servicios deberán ser cargadas en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), mediante los usuarios registrados por los proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Con esto estamos asegurando que las compras de los productos sean fijos, permanentes, es decir cada mes. Esta obligación de compra obligatoria es establecida para ambas modalidades del programa, ya sea para la modalidad de cocinando en las escuelas como el sistema de catering”, comentó el alto funcionario de Estado.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten a las empresas que la inobservancia de esta medida será considerada como incumplimiento contractual y se aplicarán sanciones administrativas, conforme a lo establecido en las normativas.

Rojas dijo que otro de los puntos resaltantes de la resolución presidencial guarda relación con evitar a los intermediarios. “De acuerdo a las evaluaciones realizadas, encontramos que la presencia de estos termina perjudicando al sector productivo de alguna u otra forma en cuanto a los precios y pagos”, indicó.

El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado. Hasta el momento, se han detectado y contenido 18 incidentes atribuidos a hacktivistas.

A raíz de la investigación, y con base en la evidencia técnica recolectada por equipos especializados, así como en publicaciones atribuidas a los responsables en la red social X, se ha procedido a la presentación de una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado.

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Desde la institución señalan que los hechos denunciados incluyen accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, acciones que podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.

Mencionan que la denuncia podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos indicios sobre eventuales hechos que pudieran derivar en la comisión de posibles delitos, afirma la institución.

El informe señala que el Mitic notificó sobre los recientes incidentes cibernéticos que han afectado a diversas instituciones públicas, en el que actualiza la información sobre el trabajo realizado.

El comunicado indica que desde el momento en que se tuvo conocimiento de cada una de las vulnerabilidades, identificadas a partir del 10 de mayo de 2025, el MITIC, a través del equipo técnico especializado del CERT-PY, ha trabajado en coordinación con los Responsables de Seguridad de la Información de cada organismo afectado.

“Se activaron de inmediato los protocolos de respuesta establecidos para cada tipo de incidente, priorizando la contención y neutralización de las amenazas”, menciona el comunicado.

Asimismo, señalan que actualmente, luego de lograrse la contención de los incidentes, se realizaron análisis exhaustivos y la implementación inmediata de mejores prácticas de seguridad, mediante el uso de herramientas especializadas.

“Este trabajo busca profundizar nuestra actuación, abarcando diversos componentes de la infraestructura de los organismos afectados, con el fin de identificar y mitigar cualquier otra posible vulnerabilidad”, añade el comunicado.

Así también indica que todos los organismos, a través de sus especialistas en Tecnología y Seguridad, han logrado contener los incidentes y se encuentran en proceso de restablecimiento seguro de sus sistemas, con el acompañamiento técnico continuo de los profesionales del CERT-PY.

“Hemos verificado y contenido un total de 18 casos, de los cuales se identificaron trece (13) incidentes de defacement (alteración de la apariencia de sitios web); en dos (2) casos se confirmó la captura de información que el actor de amenazas alega haber extraído durante el ataque —siendo datos de identificación personal, pero no información de tipo bancaria—; y en tres (3) casos, accesos no autorizados“, precisa el informe.

Desde el Mitic confirmaron que las instituciones afectadas fueron el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ).

Igualmente detectaron ataques a la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados).

La lista continúa con la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

“Reiteramos que las amenazas en materia de ciberseguridad son constantes, al igual que nuestras acciones de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, sostenemos nuestro compromiso con la comunicación responsable hacia la ciudadanía a lo largo de todo el proceso", concluye el comunicado del Mitic.

Para reportar cualquier incidente de seguridad, la institución pone a disposición la vía de contacto a través del siguiente correo electrónico: abuse@cert.gov.py

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