El Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda, presentó en la tarde de hoy al Congreso Nacional el proyecto de ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil. Esta propuesta tiene como principal objetivo reordenar el marco jurídico de toda la función pública e implementar la tan anhelada carrera del servicio civil sobre la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal.
En la presentación del proyecto asistieron el ministro de Hacienda, Benigno López; el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; la directora de Política Macro-Fiscal, Viviana Casco y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado.
En su ponencia, el secretario de Estado resaltó que esta ley busca otorgarle más eficiencia al funcionamiento del sector público y también para determinar las remuneraciones. Igualmente, pretende dar más previsibilidad a los administradores de los recursos públicos, así como avanzar hacia la calidad del gasto y la productividad del sector público.
La ley será aplicable a todos los organismos de la administración central, a las entidades de la administración descentralizada y a las municipalidades. El personal que presta servicios en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria quedará excluido de su ámbito de aplicación, ajustándose a las disposiciones previstas en el Código Civil, el Código de Trabajo y las normativas vigentes en sus respectivos estatutos.
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Por su parte, la directora Casco mencionó que el propósito es reordenar el sistema de la función pública a fin de que sea más transparente y eficiente. Además, agregó que una de las fortalezas que están proponiendo es que exista una escala salarial y que los funcionarios puedan ir ascendiendo. A su vez, dijo que la meritocracia será el factor determinante para avanzar dentro de la función pública.
Entre los aspectos más destacados del proyecto se establecen reglas de carácter general que deberán ser implementadas y aplicadas en todo el sector público, tales como un tope salarial, nadie puede tener un salario superior al del presidente de la República, una escala salarial unificada, cumpliendo el principio constitucional de igual salario a igual responsabilidad; planificación de la fuerza de trabajo, donde cada institución en coordinación con el Ministerio de Hacienda deberá identificar su necesidad para los próximos 5 años a fin de planificar la incorporación gradual de nuevos funcionarios en concordancia con la capacidad fiscal.
Asimismo, se establece una única autoridad normativa del sistema de la función pública, por tanto, se creará la Subsecretaría de Estado de la Función Pública (SSEFP), dependiente del Ministerio de Hacienda, fusionando de esta manera las competencias relativas a la gestión de las personas y a la gestión de remuneraciones, atribuciones propias del Ministerio de Hacienda.
La única vía de ingreso a la carrera del servicio civil es el concurso público de oposición, por lo que aquellos que sean efectuados sin concurso público serán declarados nulos; se duplican los años para adquirir la estabilidad, que será de 4 años, inferior a un período de Gobierno y finalmente las personas o funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción estarán imposibilitados a ingresar y permanecer en la función pública.
Otro aspecto relevante tiene que ver con la política de remuneraciones, en la cual el Ministerio de Hacienda será competente para establecer las bases por las que se regirá el conjunto de las instituciones públicas, teniendo esta previsión la finalidad de que los salarios sean justos y acordes a las responsabilidades y obligaciones propias del puesto. La política de remuneraciones se basa en los principios de equidad, competitividad, capacidad fiscal, topes salariales y reducción de beneficios adicionales.
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