Ante la diferencia entre egresos y aportes, la Caja Fiscal acumula un déficit de G. 554.305 millones al cierre de julio del presente año.
Un informe de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, detalla que los egresos fueron de G. 1,96 billones y los aportes llegaron a G. 1,40 billones, generando el déficit arriba indicado.
Menciona que el sector civil acumula un déficit de 41% por el lado de los maestros, lo cual representa G. -324.827 millones, que se están cubriendo con los aportes de los demás componentes del sector que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, los que mantienen una situación superavitaria de 83%, 36% y 21%, respectivamente, a julio del presente año.
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Añade que el sector de las fuerzas públicas (miliares y policías) tiene un elevado déficit de 77% y 60%, respectivamente, lo que representa en conjunto G. -520.606 millones, también a julio de este año. Este monto deficitario se abona con recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos.
Es así que entre maestros, policías y militares representan 48.156 personas de los 66.821 jubilados de la Caja Fiscal al cierre del séptimo mes las que arrastran las pérdidas mensuales, tanto para el sector civil como para el fisco.
“El sistema previsional presenta retos en cuanto a la sustentabilidad actuarial y, en gran medida, la evolución demográfica plantea desafíos, por lo que la edad de jubilación y el aumento de los beneficios sin los ajustes requeridos en cuanto a la fuente de financiamiento conllevaría riesgos importantes de sostenibilidad financiera”, destaca el informe de la cartera fiscal.
Sobre el punto, informa que el Ministerio de Hacienda está impulsando una revisión profunda de la Caja Fiscal a fin de asegurar equidad y sostenibilidad del sistema.
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Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, sin embargo, destaca que “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras.
Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
La informalidad
A pesar de todos los avances sociales y laborales conquistados en las últimas décadas, aun falta mucho por lograr teniendo en cuenta que según las cifras casi un 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal, sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, esto según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.
El estudio que abarca datos para 17 países de la región indica que el 70 % de las personas en edad productiva trabajan, pero con el índice la calidad del empleo es apenas de 41,2 sobre 100. “La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza”, reza el dossier.
“Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región. El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos. A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.
Grandes brechas
A continuación el informe deja en claro que los países con puntajes elevados en el Índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región. Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, “en una región en la que 70 % de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápidamente. Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.
Evolución de la calidad del empleo
En el estudio, según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.
Recomendaciones
Algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región se refieren a equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo
“En Bolivia, por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo ha facilitado el acceso a empleos de calidad en empresas a más de 50.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes, con capacitaciones laborales en planta”, refiere el informe.
Indicadores
El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad.
La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación. La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.
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La baja inflación y el menor déficit fiscal son logros de respeto hacia el pueblo
Los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan cuenta que Paraguay estaría cerrando el presente año con una inflación del 2,4 por ciento acompañado de un crecimiento de su economía medido por el producto interno bruto (PIB) de casi el 4 por ciento. Esto significa contar con la primera posición en crecimiento en el Cono Sur, seguido de Uruguay con un 3,7 por ciento.
A este prometedor panorama se agrega el saldo fiscal del primer trimestre del presente año. Los reportes de organismos públicos y privados indican una tendencia a la baja del déficit fiscal hasta llegar al 3 por ciento anual, en un contexto que resulta sumamente interesante a la hora de analizar la tarea del gobierno actual a la hora de calificar su gestión.
La gestión gubernamental desde el Ejecutivo nacional resulta aleccionadora e incentiva a los mercados nacionales como extranjeros para atraer inversiones que se requieren, en un entorno internacional del cual no podemos sustraernos. En efecto, los precios de los combustibles, el comercio en el Oriente Medio, así como la coyuntura propia de nuestros commodities ligados a la producción de otros países de mayor escala muestran que en Paraguay vamos haciendo bien los deberes.
Los deberes, en efecto, se hacen bien desde un gobierno cuando la inflación es de un dígito, el déficit va bajando y la producción del sector privado. Y serán mejores aún con más seguridad. Sobre este último punto desde luego que hay mucho por hacer y se está haciendo, pero lo que no se deja de decir es que el Gobierno está haciendo lo mejor con relación a cuidar el bolsillo de la población.
Además, apenas días atrás el ranking de la consultora argentina CB lanzó los resultados de los 10 mejores presidentes de la República mejor posicionados y nuestro primer mandatario, Santiago Peña, se encuentra en el tercer lugar con imagen positiva.
Es de resaltarse que tanto el control inflacionario como la reducción del déficit fiscal no provienen de un acto mágico como esperar a que suceda algo dejando que las cosas pasen y estén mejor.
De ninguna manera, la inflación y el déficit son provocados por los Gobiernos al desnaturalizar sus funciones al servicio del pueblo, en consecuencia, si tenemos control inflacionario y se viene al mismo tiempo bajando el déficit fiscal, quiere decir que se está trabajando a diario y de modo perseverante para que el dinero del pueblo sea respetado manteniendo su poder adquisitivo, situación que no ocurre en otros países, lamentablemente erosionados por medidas erróneas de política económica.
Los resultados en las cuestiones más arriba citadas, por tanto, provienen de las actividades de un gobierno como el actual cuyo Ejecutivo –por encargo de la Constitución Nacional– tiene bajo su gestión el poder administrador del Estado, motivo por el cual quiere decir que se están utilizando de un modo eficiente y transparente los recursos proveídos por los contribuyentes. Sin lugar a duda, la baja inflación y el menor déficit fiscal son logros que muestran respeto hacia el pueblo.
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La inseguridad alimentaria aumentó a 282 millones de personas en 2023
La inseguridad alimentaria empeoró en el mundo en 2023 y cerca de 282 millones de personas necesitaron ayuda de emergencia a causa de los conflictos, especialmente en Gaza y Sudán, así como por episodios climáticos extremos y crisis económicas, según un informe divulgado el miércoles.
El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022, según este informe elaborado conjuntamente por 16 agencias de la ONU y organizaciones humanitarias. En América Latina destaca el caso de Haití, donde la violencia y la inestabilidad política provocan que 1,8 millones de personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir 200.000 más que en 2022.
Globalmente es el quinto año consecutivo en el que el número de personas en estado de inseguridad alimentaria aguda aumenta en el mundo. Unas 700.000 personas se hallaban al borde de la hambruna en 2023, de las cuales 600.000 en Gaza. Una cifra que aumentó en ese territorio palestino en los últimos meses a causa de la guerra entre Hamás e Israel.
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Peor es la situación en Sudán, protagonista de la peor crisis de refugiados mundial y en guerra desde hace un año, y donde otros 8,6 millones de personas se añadieron a la lista de afectados por la inseguridad alimentaria (20,3 millones en total en el país). “Hay un claro deterioro en el contexto de crisis alimentarias clave como Sudán y la Franja de Gaza”, explicó a la AFP Fleur Wouterse, directora adjunta de la oficina de urgencia y resiliencia de la agencia de Naciones Unidas para la agricultura (FAO).
Desde el lanzamiento del informe en 2016 por parte de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza que reúne a organizaciones de la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias, “el número de personas en situación de inseguridad alimentaria ha aumentado de 108 millones a 282 millones, mientras que la prevalencia (la proporción de la población afectada dentro de las áreas concernidas) ha aumentado del 11% al 22%”, señala Fleur Wouterse.
La vulnerabilidad de los refugiados
Y la crisis alimentaria ha persistido desde entonces en Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Siria y Yemen, destaca. En América Latina, la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, Perú y Ecuador constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático El Niño.
En Colombia, por ejemplo, mientras que solamente el 3 % de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa (1,6 millones de personas), el 62 % de los migrantes y refugiados (2,9 millones) se hallaba en esa situación de vulnerabilidad. Venezuela también es uno de los países “que ha sido identificado como preocupante en todas las ediciones” de este informe, recuerdan los autores.
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A pesar de que la producción de cereales aumentó, la inflación fue el gran problema del país caribeño, donde “el precio de la cesta básica siguió siendo cuatro veces más alta que el salario mensual”. “En un mundo de abundancia, los niños mueren de hambre. Las guerras, el caos climático y la crisis del costo de vida, combinados con una acción inadecuada, resultan en cerca de 300 millones de personas enfrentando una crisis alimentaria aguda en 2023″, lamenta el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el prólogo del informe.
“Los fondos no están a la altura de las necesidades. Los gobiernos deben fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo sostenible”, insta. Especialmente porque los costos de distribución de la ayuda han aumentado. Para 2024, el desarrollo “dependerá del cese de las hostilidades”, señala Fleur Wouterse. “Tan pronto como los accesos humanitarios” a Gaza y Sudán sean posibles, por ejemplo, la ayuda podría “mitigar rápidamente” la crisis alimentaria, dice.
Fuente: AFP
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Déficit fiscal llegó a 3,6 % del PIB en marzo pasado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer martes el informe mensual de Situación Financiera (Situfin) correspondiente a marzo último. Según los datos revelados, el tercer mes del año cerró con un déficit fiscal anualizado acumulado de 3,6 % del producto interno bruto (PIB).
Esto representa un billón novecientos ochenta y dos mil millones (1.982.000.000.000) de guaraníes, cerca de USD 265 millones. Según explicaron desde la cartera, es una mejora relativa con respecto al cierre fiscal de 2023 en el mismo periodo, donde el déficit fiscal representó el 4,1 % del PIB. A marzo de 2024 el déficit ordinario corresponde al 2,2 %, la deuda con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) es del 0,7 % y la deuda con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) corresponde también al 0,7 %, totalizando el 3,6 %. En el informe se menciona también que en este periodo se registró un resultado operativo negativo de G. 1 billón 291 mil millones, cerca de USD 172 millones, representando el 0,4 % del PIB.
INVERSIÓN E INGRESOS
Respecto a la inversión pública, la misma se encuentra en línea con el plan de convergencia fiscal. Hasta marzo de este año se registró una inversión del 2,2 % del PIB, más de G. 6 billones, de los cuales el el 0,5 % del PIB es destinado solo al Ministerio de Obras.
Respecto a los ingresos, se destacó que los tributos registraron una variación nominal del 18 % y los gastos aumentaron a una tasa del 10,2 %, que responde principalmente al pago en concepto de intereses, el aumento en remuneraciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Salud Pública y función pública, además de la compra de medicamentos. Sin embargo, aclararon que esto estuvo acompañado de una desaceleración del gasto corriente primario de 0,5 % del PIB.