Argentina prepara una nueva licitación para el mantenimiento y dragado en la hidrovía Paraguay Paraná, bajo auditoría de las Naciones Unidas, cuyos pliegos se publicarán en el cuarto trimestre de este año. Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) sostienen que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión, sobre todo en el plazo de 30 años, que consideran excesivo.

Bernd Gunther, presidente del Cafym, dijo a La Nación/Nación Media, que el sector acompaña de cerca el proceso, pero que no tuvieron hasta el momento acceso a los nuevos pliegos de la nueva licitación. No obstante, señaló que uno de los puntos más debatidos es el plazo de 30 años.

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“Treinta años es un plazo excesivo. Proponemos 15 años renovables por otros 15, como ocurre en Brasil. En ese tiempo cambian gobiernos, tecnologías y la navegación misma”, mencionó a LN.

Igualmente, los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos, uno exclusivamente fluvial desde la confluencia hasta Santa Fe, y otro de carácter fluvial y marítimo, desde Santa Fe hasta el sur, donde sí son necesarias las obras de dragado y profundización.

“Desde Santa Fe al norte, donde seguimos pagando peajes, no son necesarias las obras de dragados porque el tránsito es netamente fluvial y sabemos que ese tramo tiene un calado natural superior al que es necesario para el tráfico comercial”, explicó.

Acerca del peaje, que dentro de la nueva licitación se estipularía un tope, Gunther mencionó que sigue vigente la tarifa de USD 1,20 por tonelada de registro neto, cifra que considera como una solución “intermedia y temporal”, pero que no observan mejoras que justifiquen el pago, especialmente en el tramo Confluencia - Santa Fe.

El titular del Cafym recordó que el Tratado de la hidrovía tiene artículos específicos que estipulan que no se pueden establecer peajes sin acuerdo previo entre los signatarios y que solo se puede cobrar por servicios efectivamente prestados.

Además, mencionó que existe una diferencia entre la tarifa cobrada a embarcaciones argentinas y las de otros países. Señaló a que a las banderas argentinas incluso se les cobra en pesos argentinos y al resto en dólares, lo que implica una diferencia importante.

“Nadie se opone a pagar un peaje siempre y cuando el valor que agregue este peaje amerite el pago. Si el río nos favorece, nos da mejores condiciones para navegar con convoyes con más calado con mayor dimensión, va a ameritar el pago. Pero si el río es el mismo de siempre y no hay una mejora significativa, es ahí donde uno empieza a tener cuestionamientos”, dijo a LN.

Medios argentinos refieren que los pliegos se publicarán entre octubre y noviembre de este año, e incluiría plazos de concesión más cortos y un tope a las tarifas, con miras a una adjudicación del contrato para el primer semestre de 2026.

El corredor de la hidrovía tiene una extensión de más de 1.200 kilómetros desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, hasta la desembocadura del río de la Plata en el océano Atlántico. Por este circuito se transporta alrededor del 60 % de la producción regional con unas 3.200 barcazas.

Se recuerda que la licitación anterior quedó sin efecto en febrero de este año por haberse presentado solo una firma oferente, la misma que había acusado que el procedimiento no era transparente y habían supuestos direccionamientos.

• Cafym sostiene que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión.
• Los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos.
• Por la hidrovía se transporta cerca del 60 % de la producción regional con 3.200 barcazas

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.

El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.

Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.

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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.

Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.

Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.

De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que proyecta realizar una visita oficial a Paraná, estado de Brasil, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones de empresarios y productores de esta próspera región del sur de Brasil.

“Vendrán inversiones nuevas en los próximos meses”, adelantó el mandatario, subrayando el creciente interés del sector privado brasileño en las oportunidades que ofrece Paraguay. Estas declaraciones fueron tras recibir una invitación del gobernador, Carlos Massa Ratinho Junior.

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Peña indicó que ya en Paraná, dialogarán sobre una amplia gama de temas como infraestructura, inversiones, integración productiva y nuevas oportunidades para el comercio y el empleo en la región.

También hizo énfasis en que el segundo puente Presidente Franco – Foz de Iguazú es apenas un ejemplo de todo lo que se puede lograr mediante acciones conjuntas. “Antes de fin de año vamos a tener listas todas las obras; nos comprometimos a ir a visitar en unas semanas para ver cómo avanzan las tareas (lado brasileño)”, subrayó.

Mencionó igualmente acerca del interés de ambas autoridades de contribuir con el desarrollo de la región. “Hay mucho interés por parte de productores brasileños que están viniendo al Paraguay y creo que vendrán muchas inversiones nuevas en los próximos meses”, reiteró.

La Cámara de Comer­cio Paraguay Bra­sil (CCPB) compar­tió un informe respecto al intercambio comercial entre Paraguay y Brasil durante el 2024, el cual alcanzó USD 7.271 millones, lo que repre­sentó un aumento del 9,8 % con respecto al año 2023. Este país es el principal socio comercial y generador de inversiones.

El comercio bilateral al cierre del reciente 2024 fue el mejor de los últimos 10 años, luego del regis­trado en el 2022 cuando se llegó a los USD 7.155 millo­nes. De esta manera, se evidencia un futuro pro­metedor para seguir incre­mentando las relaciones comerciales.

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El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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