Un grupo de jóvenes lleva adelante una campaña solidaria que busca remodelar el albergue del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Se apela a la solidaridad de empresas constructoras y casas comerciales que venden electrodomésticos para concretar el objetivo.

Rosa Varela, una de las voluntarias socializó la lista de objetos necesarios para mejorar la comodidad de los familiares de pacientes con cáncer que prácticamente viven en el hospital mientras acompañan a sus seres queridos.

“Invitamos a que todos se sumen a esta campaña iniciada por estos jóvenes universitarios,la meta es poder remodelar el albergue del Incan. Necesitamos la solidaridad de empresas constructoras para llegar al objetivo”, señaló.

En la lista de pedidos para equipar el comedor figuran: heladeras, lavarropas, secarropas, microondas y horno eléctrico. Además se precisa de placa eléctrica para cocina, cocina eléctrica, juego de mesa y sillas de plástico.

Así también, requieren de ollas para cocinar, sartenes, juegos de cubiertos (cucharas, cuchillos, tenedores, platos y otros), tazas para café, vasos, hervidoras y jarras eléctricas.

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Las personas interesadas en sumarse con sus aportes y donaciones pueden contactar con Alfredo Jara (0971 767990) y Rosa Varela (0981 151 792).

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) también respalda la iniciativa. “Ayúdanos a mejorar el comedor del albergue del Incan donde las familias de los pacientes con cáncer cocinan unidos, mientras acompañan a sus familiares enfermos”, expresa un comunicado.

Piden apoyar la campaña para ofrecer a estas personas un lugar digno para cocinar sus alimentos, para lo que precisan contar con electrodomésticos y utensilios adecuados de cocina.

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Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR) recuerdan que este jueves 31 de julio a las 18:00 cierra el plazo para recibir solicitudes de afiliaciones. Todas las solicitudes presentadas hasta ese momento podrán participar de las elecciones internas del Partido Colorado, con miras a los comicios Municipales 2026.

Esta disposición de plazos se sustenta en las resoluciones PJG N° 36/2025 y la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral N° 78/2025, conforme destacan en su publicación en redes sociales.

El presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Horacio Cartes, había resuelto extender el plazo la campaña de afiliación masiva iniciada el pasado 13 abril; cuando culminó el plazo inicial el pasado 30 de junio.

Es importante señalar que se están procesando todas las solicitudes que están ingresando ya sea a través de formularios convencionales y de la plataforma de afiliación digital de la ANR.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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