Al cierre del mes de junio de este año, la Caja Fiscal presenta un déficit acumulado de 28%, lo que equivale a G. 474.946 millones, según el último reporte de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
El informe señala que el total de aportes de los seis sectores que integran la Caja Fiscal, en el periodo señalado, asciende G. 1,19 billones, mientras que los gastos demandaron unos G. 1,66 billones.
Los sectores superavitarios son los que pertenecen a los empleados públicos, con un saldo positivo del 80%; los magistrados judiciales, con 34%, y los docentes universitarios, con 21%.
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En tanto que los sectores deficitarios están encabezados por los militares, con un saldo negativo del 77%; los policías, con -60%, y los maestros, con -40%.
En los primeros seis meses de este año, la Caja Fiscal desembolsó un total de G. 275.901 millones para los empleados públicos, G. 50.019 millones para los docentes universitarios y G. 23.954 millones para los magistrados judiciales. Para los militares desembolsó G. 325.402 millones, para los policías G. 322.869 millones y para los maestros G. 669.639 millones.
Dentro de los jubilados, en el sector superavitario existen unos 16.835 empleados públicos (25,2%), 1.310 docentes universitarios (2%) y 505 magistrados judiciales (0,8%). En el sector deficitario están 31.860 maestros (47,6%), 8.080 militares (12,1%) y 8.313 policías (12,4%).
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Fiscalía reporta nueve detenidos por fraude electoral
La fiscal Sandra Ledesma detalló este mediodía durante una conferencia de prensa, que se registraron nueve detenidos por presuntamente haber cometido fraude electoral en el transcurso de las internas partidarias. La agente de Delitos Electorales de Asunción, coordinadora del equipo de agentes fiscales designados para la cobertura de estas elecciones, alistó las denuncias e incidentes intervenidos.
“Son 9 aproximadamente las personas detenidas, entre ellas figuran el precandidato a concejal de la ciudad de Fernando de la Mora, Alfonso Orella González (por supuesta compra de cédulas)“, comentó la agente electoral.
La fiscal puntualizó que los otros casos se registraron en las localidades de Katueté y Villa Hayes. Agregó que la mayoría guarda relación con la compra de cédulas y que los detenidos se exponen a 5 años de cárcel o multas, de comprobarse la violación de las leyes electorales.
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A la vez, Ledesma sostuvo que se registraron tres casos de personas que se presentaron hasta sus respectivos locales electorales para ejercer su derecho al sufragio, pero cuando llegaron a sus mesas se les informó que figuraban que ya habían votado. “Es por eso que se insta justamente a las personas que vayan a ejercer su derecho al voto”, puntualizó.
Nueva modalidad de fraude
La fiscal manifestó que en estas internas partidarias se identificó una nueva modalidad para la comisión del fraude electoral, que consistió en el uso de una silla de ruedas para hacer pasar a los votantes quienes vendieron sus votos, como personas con discapacidad y trasladarlos hasta el cuarto oscuro valiéndose de la existencia del voto asistido.
“El caso se registró en la ciudad de Luque, la silla de ruedas estaba instalada frente al local de votación. La denuncia es que los votantes llegaban hasta el local caminando y luego eran asistidos en la silla de rueda. La verdad esto es nuevo para nosotros y se están ingeniando, perfeccionando“, refirió.
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Sospechosa actuación de fiscala, que a casi un mes del accidente fatal, recién ahora busca imágenes de cámaras
La fiscal Mercedes Vera confirmó que recién a casi un mes del accidente de tránsito que involucró al diputado Mauricio Espínola, y que arrojó como víctima fatal al conductor de una motocicleta, el Ministerio Público realiza las diligencias para solicitar los videos de circuitos de locales públicos y privados de los alrededores donde se produjo el siniestro.
La pregunta surge: Si hizo el cambio de carátula despues de la muerte, que ocurrió el 27 de mayo, ¿por qué recién ahora pide las imágenes de circuito cerrado?
En conversación con radio Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que comenzaron a realizar las diligencias pertinentes, luedo de que se cambiara la caratula fiscal, convocando además al personal interviniente, a la viuda de la víctima, una hermana, entre otras diligencias.
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Aclaró que la comunicación inicial realiza la Comisaría 7° jurisdiccional, que en su momento hizo mención a un hecho punible de lesión culposa y daño material en accidente de tránsito.
Mencionó que tras el accidente que se produjo el 16 de mayo, ese día se comunicó el hecho de la lesión, además que la víctima fue derivada hasta el Centro de Emergencia para un diagnóstico y tratamiento. Indicó que posterior a eso, ya no hubo ninguna comunicación de que la víctima quedara internada ni sobre la gravedad de las heridas o su estado de salud.
“Recién en fecha 27 de mayo es cuando se comunica el deceso de esta persona; de ahí en más es que estábamos tratando nosotros de justamente tener en cuenta que en el lugar del accidente había cámaras. Recién hoy me están pasando, de que hay varios lugares, tanto públicos como privados, que cuentan con cámaras de videos y eso es lo que estamos solicitando nosotros”, confirmó.
Cambio de carátula
Mencionó además, que debido a que la comuniciación inicial de la Comisaría jurisdiccional fue solamente como un hecho de lesión y daños es que la Fiscalía caratuló la carpeta como “hecho innominado de daños”. Pero posteriormente, con el deceso de la víctima, ocurrido en fecha 17 de mayo, es que se hace el cambio de carátula de la carpeta fiscal.
Confirmó además que en el informe policial, ni siquiera cuenta con un reporte ampliatorio en el que se detalle que en el lugar haya habido testigos, ni siquiera las cámaras.
“Nosotros no tenemos una comunicación de que la víctima haya quedado en estado de observación, ni que haya ingresado a terapia. Once días después, a nosotros también nos llamó la atención de que haya fallecido, porque el hecho se comunicó, le reiteró, como un hecho de lesión y daño. A partir de esa comunicación es que el Ministerio Público activa todos los protocolos y solicita todos los informes que le he mencionado”, remarcó.
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La comunidad ayoreo Totobiegosode cuenta con su primer abogado, tras jurar ante la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.
Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.
Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.
Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.
“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.
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Fiscal del caso Metrobús defiende imputación a Wiens: “Nadie habla del fondo de la cuestión”
La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.
La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.
“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.
Orden de demolición
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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