El Ministerio de Salud Pública realizó este jueves una conferencia de prensa para tratar sobre el abastecimiento actual de medicamentos e insumos en sus depósitos y anunció la implementación de una plataforma tecnológica propia, con la cual garantizará que los fármacos lleguen efectivamente a los pacientes.

El ministro Isaías Fretes informó que se encuentran en curso revisiones sobre los sistemas de licitación y los procesos de pagos. Además, anunció que se puso en marcha un nuevo sistema digital informático de gestión de stock, desarrollado íntegramente por técnicos nacionales.

“Igualmente lo que queremos informar es algo que le está inquietando mucho a la ciudadanía, que es cómo estamos manejando el sistema de medicamentos, provisión de medicamentos. Tenemos indicación precisa del señor Presidente de la República de que los medicamentos tienen que estar en la estantería”, confirmó Fretes, en conferencia de prensa.

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Resaltó que esta herramienta permitirá monitorear en tiempo real el movimiento y la disponibilidad de insumos, culminando con un esquema de trazabilidad para verificar que cada caja de medicamento llegue al paciente que la solicitó para que el control transparente.

“Estamos iniciando un nuevo proceso y ese proceso viene adornado por un nuevo sistema digital informático de manejo de stock de medicamentos. Todo lo relacionado a medicamentos. Y puedo decirlo con orgullo de que es un sistema autóctono creado por nuestro personal especializado”, apuntó.

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Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, presentó el balance actual de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud (DCIES) y confirmó que el listado básico de la cartera cuenta con 273 medicamentos y 473 insumos, pero advirtió que 73 ítems de medicamentos se encuentran actualmente en stock cero, lo que representa cerca del 26 % de faltantes.

“Nosotros tenemos situaciones donde tenemos falta de disponibilidad por parte del proveedor, que son 46. Tenemos 18 medicamentos que no tienen órdenes de contrato que no tenemos en el parque sanitario, que están en relación con esos medicamentos que están en procesos licitatorios”, aseguró.

Aclaró que para revertir esta situación en el menor tiempo posible mantuvieron dos jornadas de reuniones con los principales representantes de la industria farmacéutica nacional y con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El objetivo es destrabar los procesos administrativos y lograr el reabastecimiento urgente de los depósitos del parque sanitario.

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Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres presentaron su renuncia a la defensa de Miguel Vázquez, vicepresidente de Ueno Bank, quien se encuentra imputado por lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Actualmente, el directivo de la citada entidad bancaria está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú) a las resultas del presente proceso penal.

Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez y de los demás directivos de Ueno Bank, mientras que ordenó el arresto domiciliario de dos mujeres imputadas en la misma causa. Debido a la resolución del magistrado, las defensas de Miguel Vázquez y Juan Manuel Gustale apelaron la medida cautelar. Ahora, un tribunal de Apelación deberá definir si corresponde que los mismos continúen privados de libertad.

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Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron la apelación presentada por la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, solicitando al tribunal de Apelación que ratifique la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, firmada el pasado 5 de noviembre, que decretó la prisión preventiva del imputado.

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Ante el crecimiento de los riesgos de fraude digital, Personal Empresas presenta una solución que permite a bancos, fintechs y comercios detectar cambios recientes de tarjetas SIM y sumar una instancia de verificación antes de autorizar operaciones sensibles.

Una barrera frente al fraude. La protección de las transacciones digitales requiere cada vez más mecanismos de prevención. En este contexto, Personal Empresas incorpora SIM SWAP, una herramienta diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar posibles situaciones de fraude vinculadas al uso indebido de números telefónicos.

La solución opera mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite consultar en tiempo real la fecha del último cambio de tarjeta SIM de una línea o comprobar si esta modificación ocurrió dentro de un período determinado.

Esta verificación cobra importancia frente al denominado SIM swapping, una modalidad de fraude en la que los delincuentes duplican o transfieren fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control. El objetivo es interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de autenticación enviados por SMS.

Más controles en operaciones sensibles. Cuando se identifica un cambio reciente que podría representar un riesgo, las empresas pueden incorporar medidas adicionales, como solicitar una nueva verificación de identidad o postergar temporalmente una operación.

SIM SWAP puede aplicarse en la evaluación de transacciones sospechosas, transferencias bancarias y procesos de restablecimiento de contraseñas, entre otros procedimientos que requieren controles de seguridad.

De acuerdo con Personal, esta tecnología contribuye a disminuir la exposición al fraude, evitar posibles pérdidas económicas y resguardar la reputación de las organizaciones, además de fortalecer la confianza de los usuarios. Asimismo, la solución contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según informó la compañía.

Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron ante la Cámara de Senadores, que cumple el rol de tribunal en el juicio político al presidente Santiago Peña, para ejercer la defensa del acusado. Los profesionales alegaron que este proceso podría ser declarado nulo en instancias internacionales por no respetar el debido proceso y que la línea que se debió seguir en el legislativo fue aceptar la renuncia del presidente.

“Estamos en una situación, en un evento de gran trascendencia para la República, y quiero recordar como una reflexión inicial que cuando se juzga a alguien se juzga también al sistema que lo juzga, y este es el caso, en el que por lo menos yo, en mi experiencia, que ya he transcurrido este proceso en más de una oportunidad, veo que existen ciertos desacuerdos fundamentales sobre lo que estamos haciendo en términos de procedimientos establecidos y de principios a ejecutarse en cualquier enjuiciamiento que implique pena o sanción, que son las garantías procesales”, expuso Ferreiro.

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Citó además que en el país hubo casos en los que no se respetó el debido proceso, como en este caso, al no aceptar la prórroga de 72 horas y no aprobar la renuncia de Peña presentada previamente al tratamiento del Senado, que ocasionaron condenas al Estado paraguayo por instancias juzgadoras a nivel internacional.

“Por instrucciones de nuestro mandante, el señor presidente de la República, dejamos establecidas todas las reservas legales disponibles en beneficio de su defensa desde la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, hasta los tribunales internacionales de Derechos Humanos, a los cuales ya han recurrido varias personas juzgadas políticamente y han obtenido satisfacciones que habíamos anunciado como posibles y riesgosas para el Estado, y estamos nuevamente ante esa situación”, citó Ferreiro.

También señaló que este juicio político sería nulo “por razón de que está previsto en la Constitución Nacional aplicarse a ciertos funcionarios del Estado como una norma protectora a ese funcionario, no como una norma inhibidora de sus derechos. El juicio político está para defender a ciertos funcionarios expuestos en la función a agravios, persecuciones o impedimentos de su labor, por la instrucción de procesos judiciales o administrativos si se quiere, destinados a inhibirle en el cumplimiento de sus funciones”.

Sobre la renuncia, expuso que en este caso no se puede juzgar a una persona que ya renunció, por lo que también podría ser considerado nulo este juicio. “Cuando él manifiesta que quiere renunciar, la institución congresal o quien sea tiene que aceptarle su renuncia, y ¿cuál es el efecto de esto?, el efecto es que se está poniendo a disposición en la misma situación que le echan”, explicó.

Por otra parte, se refirió a la postura de algunos senadores, que consideró como una posición con concepción ideológica, que es sacar al presidente por juicio político y no aceptando su renuncia. “Esta es otra cuestión fundamental y por la cual argumentamos la nulidad de este juicio, porque implica una concepción ideológica”, apuntó el abogado.

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