La empresaria Liz Grütter, representante de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), afirmó que sigue aplicándose con rigor el protocolo sanitario en los supermercados. Inclusive informó que desde su empresa se solicitó al Ministerio de Salud someter a un control aleatorio al personal más expuesto al COVID-19 y que son de verdulería y carnicería, secciones que habitualmente reciben el mayor flujo de clientes.
“Nosotros como empresa estamos a full y a veces inclusive para cumplir con los protocolos los clientes se ponen un poco molestos por el tema de la toma de temperatura. Pero nosotros seguimos trabajando porque entendemos como que tenemos que cuidarnos entre todos”, señaló Grütter en contacto con GEN y Universo 970 AM.
Señaló que casa Grütter recibe 4.000 personas por día, por lo que son rigurosos en el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar todo foco de contagio del nuevo coronavirus, pese a que algunas personas son reacias a someterse a los controles, conforme expresó.
Control
Aseguró que el personal también es objeto de control diario e inclusive se solicitó al Ministerio de Salud intensificar las tomas de muestras de manera aleatoria, por ejemplo a 50 empleados por vez. “Nos dijeron para agendar esta semana a 50 funcionarios por vez. Estaríamos tomando los puestos más sensibles que están más en exposición con más gente. Se hacen tres pruebas y luego se pasa a los siguientes 50 funcionarios”, puntualizó.
Dijo que esta es una iniciativa de su empresa que fue planteada a Salud Pública y que obtuvo una respuesta favorable. Recordemos que el fin de semana último el supermercado El Cacique tuvo que cerrar sus puertas y poner en cuarentena a todo el personal tras confirmarse que una treintena de personas dieron positivo a la prueba del COVID-19.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Capasu afirma que supermercados mantendrán precios estables ante la fluctuación del dólar
La estabilidad de los precios y la competencia entre comercios favorecen a los consumidores, mientras las ventas mantienen una tendencia positiva de cara al cierre del año. Así lo señaló a La Nación / Nación Media Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), quien también destacó que la baja del dólar tiene efectos diferentes según los ingresos y la situación económica de cada persona.
El representante del sector comentó que setiembre registró un buen desempeño comercial y que octubre también mostró una tendencia al alza, pese a que las lluvias afectaron algunos fines de semana.
“Las expectativas para diciembre son favorables, impulsadas por el mayor movimiento propio de las fiestas”, afirmó.
En cuanto al dólar, indicó que su caída beneficia a quienes tienen deudas en moneda extranjera, ya que necesitan menos guaraníes para cumplir con sus cuotas. En cambio, quienes reciben remesas del exterior ven reducido el monto en moneda local que obtienen por cada dólar, lo que limita su poder de compra.
La variación cambiaria también tiene efectos diferentes sobre los productos importados. Aunque la apreciación del guaraní puede favorecer las compras en el exterior, el aumento de precios en los países de origen y la valorización de sus monedas pueden compensar parte de esa ventaja. Por ello, el resultado no siempre se traduce en una reducción directa para el consumidor.
“Hoy tenemos precios mucho más estables que en otras épocas”, sostuvo Lezcano y agregó que esta estabilidad ayudó a amortiguar el impacto de otros costos, como los combustibles, y contribuyó a mantener un mercado competitivo. En ese escenario, las ofertas se convierten en una herramienta para atraer clientes y sostener el movimiento comercial.
El titular de Capasu reconoció que la baja del dólar perjudica a los sectores exportadores, especialmente a quienes comercializan alimentos y materias primas cuyos precios se fijan en los mercados internacionales. Al convertir sus ingresos en dólares a guaraníes, reciben menos moneda local, una situación que no se refleja necesariamente en una caída equivalente de los precios en las góndolas.
De cara al cierre del año, el gremio mantiene expectativas positivas sobre las ventas y prepara una campaña de descuentos para las fiestas. Las ofertas se lanzarían durante la primera quincena de diciembre y se extenderían hasta el 31, aunque la fecha exacta de inicio aún está en definición. La iniciativa contará con la participación de la mayoría de los supermercados asociados a Capasu, que anunciarán oficialmente los detalles próximamente.
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MEC interviene en caso de alumna apuñalada por su compañera
El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.
“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.
Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.
Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.
“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.
A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.
En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.
Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.
En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.
La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.
Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.
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Fiscalía activa la búsqueda de una joven de 19 años desaparecida en San Pedro
El agente fiscal Walter Javier Melo Acosta dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de la joven Jessica Johanna Martínez Núñez, de 19 años de edad, de nacionalidad paraguaya, domiciliada en el barrio San Luis de Villa del Rosario, departamento de San Pedro.
Según la denuncia formulada por sus padres ante la Comisaría 13.ª de Villa del Rosario, la joven salió de su domicilio el 16 de octubre de 2026, aproximadamente a las 09:30 horas, a bordo de una motocicleta de la marca Star, tipo Trail, de color rojo, con destino a la ciudad de San Pablo, donde presumiblemente se encontraría con una persona conocida.
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Conforme a los antecedentes, la joven habría manifestado que se dirigía a buscar combustible para la motocicleta. Sin embargo, posteriormente se obtuvo información de que habría tomado rumbo a la colonia Volendam y luego hacia San Pablo. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero. La joven es de contextura física delgada, estatura baja, cutis moreno y cabello de color negro. Al momento de su desaparición vestía una remera de color blanco y un pantalón de buzo de color negro.
En ese contexto, la Fiscalía dispuso las diligencias correspondientes y la activación del protocolo de Alerta MAFE, a fin de coordinar las acciones necesarias para determinar su paradero. La investigación continúa abierta. De contar con información que pueda contribuir a su localización, se solicita a la ciudadanía dar aviso a la comisaría más cercana, comunicarse al sistema 911 o a la unidad fiscal interviniente.