La Unión Industrial Paraguaya (UIP) realizará un networking financiero de acceso libre y gratuito entre mipymes y entidades del sector, que permitirá a los empresarios conocer directamente productos y herramientas adaptadas a sus necesidades.

El encuentro se realizará en Alto Paraná y reunirá a unos 10 bancos, cooperativas y entidades especializadas como principal atractivo, este jueves 13 de agosto a las 13:00, con el apoyo del Club Mipymes, y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

La dinámica permitirá a los empresarios interactuar directamente con representantes de las entidades participantes, conocer las opciones disponibles y plantear sus necesidades de manera directa. El objetivo es facilitar el acceso a información que pueda ayudar a las mipymes a evaluar alternativas para invertir, ampliar sus operaciones, incorporar herramientas o fortalecer sus negocios.

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Asimismo, desde la institución detallaron que el encuentro cobra especial relevancia para las empresas que necesitan financiamiento, pero no siempre tienen claridad sobre qué instrumentos existen, cuáles se ajustan a su realidad o qué requisitos deben cumplir para acceder a ellos.

“La presencia de distintas instituciones en un mismo lugar permitirá comparar opciones y establecer contactos que puedan continuar después de la jornada”, mencionaron desde la institución.

Al respecto, Isaac Godoy, miembro del directorio de la AFD, dijo que podrán acceder a todas las opciones de créditos disponibles en el salón de eventos de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

De acuerdo con los datos de la banca de segundo piso, durante el primer semestre de 2026, el 82 % de los financiamientos aprobados para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue destinado al sector comercial y de servicios, consolidándolo como el principal receptor de créditos canalizados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

En ese periodo, más de 9.100 empresas accedieron a financiamiento, con un crecimiento interanual del 51 %. La distribución del financiamiento también incluyó un 12 % para el sector agrícola y ganadero, un 4 % para la industria y un 2 % para los sectores forestales y de energía.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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El especialista en política energética Victorio Oxilia destacó la decisión del gobierno de Santiago Peña en reactivar la Mesa Energética Nacional con la finalidad de definir el futuro energético del Paraguay y el establecimiento de criterios claros para la atracción de industrias. El doctor (PhD) en energía también insistió en la creación de un Ministerio de Energía y la instalación de una gabinete de emergencia para evitar una futura crisis de desabastecimiento.

“Me parece muy prometedor que se haya reunido, su reinstalación me parece muy positivo porque estamos en un momento en el que tenemos que ver y entender antes que nada que significa esta crisis energética del que se está hablando cada vez más. A la vez, es necesario la creación de un gabinete de emergencia para la toma de decisiones”, comentó este lunes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“El trabajo más importante ahora es enfocarnos en la Mesa Energética Nacional en este juego, pero también necesitamos tener un Ministerio de Energía que sea el reactor de la política energética, que ve todas las áreas o sectores de la energía, no solo la eléctrica, sino también, por ejemplo, la de hidrocarburos, biocombustible, biomasa, entre otros. Debemos pensar en el ámbito energético como un todo y si no tenemos eso, entonces es muy poco lo que podemos hacer”, refirió.

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Las afirmaciones de Oxilia surgieron en el marco de la firma entre Estados Unidos y Paraguay del Memorando de Entendimiento (MOU) relativo a la cooperación nuclear civil estratégica, el pasado 4 de agosto en Washington, por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, con la presencia del vicepresidente Pedro Alliana.

“Esto no se trata de una solución en el corto o mediano plazo (ante la futura crisis energética). Estuve viendo en los medios de comunicación declaraciones muy irresponsables de que tendríamos energía nuclear en los próximos 5 años y esto es un gran desconocimiento técnico y de política nuclear”, refirió y agregó que Argentina y Brasil son actualmente los países que cuentan con los programas de tecnología nuclear más avanzados de América Latina.

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“Estos países que tienen desarrollo tecnológico nuclear y reactores nucleares funcionando, comenzaron a hablar y tener convenios de cooperación tecnológica a finales de los años 1960 y 1970. En el caso de Argentina se establecieron convenios con Alemania mientras que Brasil lo hizo también con Alemania y Estados Unidos″, comentó detallando el proceso de desarrollo que llevó a ambas naciones para la ejecución y la puesta en práctica de sus centro nucleares.

La Mesa Energética es un mecanismo de coordinación creado en 2012 para articular políticas entre instituciones del sector energético, que está conformada por el presidente de la República, Santiago Peña, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay (Mitic), la Cancillería, el Viceministerio de Minas y Energía, Petróleos Paraguayos (Petropar), el Instituto Forestal Nacional (Infona). También la integran la Administración Nacional de Electricidad (Ande) las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú, la Asesoría Jurídica y la Unidad de Gestión de la Presidencia.

El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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