Solo faltan liberar 38 kilómetros de la franja de dominio para posibilitar el avance de obras sobre la ruta PY02, según informa el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Anuncia que se proseguirá con el despeje en la zona de obras, que se encuentre intervenida u ocupada de forma ilegal, para seguir avanzando con la duplicación y ampliación de la citada ruta internacional. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales, se dará intervención a las autoridades pertinentes, refiere.
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Según el ministerio, se han agotado las instancias administrativas de negociación con los afectados, hecho que se dio previamente a proceder a liberar la franja. Señala que se han hecho las comunicaciones, notificaciones y el pago de indemnizaciones por mejoras que se hayan registrado en la franja de dominio del Estado paraguayo, afectada en esta zona.
El reporte menciona que para la duplicación de la referida ruta solo faltan liberar 38 kilómetros de la franja de dominio entre: Ypacaraí, Caacupé, Eusebio Ayala, circunvalación de Coronel Oviedo y la circunvalación de Caacupé.
Según dictamen de la Procuraduría General de la República, “por imperio de la ley, las obras de duplicación y ampliación de la ruta PY02 no pueden ser obstruidas bajo ningún sentido, sobre la base del principio constitucional consagrado en el Art. 128 de la Carta Magna, que establece la primacía de los intereses generales sobre los intereses particulares”. Con el aval de esta instancia, el MOPC dará prosecución a los proyectos viales.
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Trump asegura que “todos” los prisioneros políticos venezolanos serán liberados
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que “todos” los prisioneros políticos venezolanos serán liberados, y elogió de nuevo el “gran trabajo” de su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Vamos a sacarlos a todos” de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China.
El gobierno de Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.
“Delcy está haciendo un gran trabajo”, aseguró el mandatario republicano, que ordenó la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa en enero.
“El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles”, aseveró Trump.
El mandatario había vuelto a lanzar en una reciente entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el 51º estado de la Unión, una sugerencia que despierta irritación en el gobierno venezolano, dispuesto a mantener las riendas del poder.
“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años”.
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La salida del poder de Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, gracias en buena parte al levantamiento de sanciones al su petróleo por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
La liberalización económica en Venezuela debe ser seguida, según los planes de Washington, por una transición política que desemboque en elecciones libres y transparentes.
Caracas se muestra ambivalente sobre los siguientes pasos políticos que dará el régimen chavista, en el poder desde hace un cuarto de siglo.
La amnistía debía ser un paso significativo en esa transición vigilada por Washington, pero quedó enturbiada por la lentitud en liberar los presos, y por la cantidad real de excarcelados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que la cifra de personas con libertad plena asciende a 186, mientras que otras 554 salieron de la cárcel, pero bajo medidas cautelares.
- Fuente: AFP
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Administración Central ejecutó G. 22,8 billones hasta abril de 2026
La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.
El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.
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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.
El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.
En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.
El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.
El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.
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Obras en el Congreso Nacional no demandarán la contratación de más funcionarios, aclara Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aclaró que las obras de refacción de oficinas pertenecientes a la Cámara de Senadores no demandarán la contratación de nuevos funcionarios. El reacondicionamiento del edificio demanda la suma de USD 459.870 donados por Taiwán.
“La administración de estos fondos corre por cuenta del gobierno de Taiwán a través de su embajada. Independientemente de eso, nosotros igual solicitamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se publique todo el proceso de licitación”, comentó a los medios de comunicación.
Señaló que el reacondicionamiento durará 7 meses. Entre las áreas intervenidas figuran 18 oficinas para comisiones permanentes, 4 oficinas administrativas para la Dirección de Patrimonio, áreas de depósitos, archivos, espacios de apoyo para las bancadas y dependencias institucionales.
“Esto para nada implica la contratación de más funcionarios, todo el monto del presupuesto general de la nación se utilizará para el funcionamiento del Congreso Nacional y del Senado, pero en este caso estamos hablando de una cooperación no reembolsable”, puntualizó.
Mientras que el director de mantenimiento del Legislativo, Sebastián Romero, comentó que la intervención se ejecutará en sectores de planta baja y parte del primer piso del edificio. Agregó que, como parte del proceso, se ha previsto un esquema de arrendamiento temporal de un inmueble con un costo mensual estimado de G. 63.000.000, que permitirá la reubicación de las oficinas afectadas durante la remodelación.
El objetivo principal del proyecto, según detalló, es lograr una reorganización integral de la infraestructura edilicia. Agregó que la refacción contempla la habilitación de tres salas de reuniones completamente equipadas, con mayor capacidad que las actuales y con tecnología moderna para el desarrollo de audiencias públicas y reuniones de comisiones.
Estas salas contarán con sistemas audiovisuales, micrófonos, conectividad para reuniones virtuales, pantallas interactivas, acceso a internet vía wifi y equipamiento tecnológico que permitirá el desarrollo de sesiones presenciales y telemáticas.
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Factoraje: constructoras esperan reglamentación para destrabar pagos de obras
La industria de la construcción mantiene la expectativa puesta en la reglamentación del factoraje, mecanismo financiero que podría comenzar a destrabar parte de la deuda que el Estado arrastra con empresas contratistas.
Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que, aunque el gobierno inició desembolsos comprometidos para abril y mayo, la mora acumulada sigue siendo elevada y continúa golpeando la liquidez del sector.
El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó que los pagos realizados hasta ahora apenas alcanzan para cubrir los nuevos certificados de obras emitidos mensualmente, sin lograr todavía una reducción sustancial del pasivo heredado.
Según detalló, el flujo mensual de certificados ronda entre USD 50 millones y USD 60 millones, por lo que gran parte de los USD 150 millones anunciados por el Ejecutivo para estos dos meses termina absorbiéndose en compromisos recientes y no en la deuda total.
Actualmente, las empresas constructoras reclaman alrededor de USD 350 millones pendientes, cifra a la que se suman intereses generados por retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones.
Esta situación obliga a muchas firmas a seguir financiándose con créditos privados para sostener obras, cumplir con proveedores y mantener empleos.
Ante este escenario, el sector considera urgente la implementación del factoraje, sistema mediante el cual bancos o entidades financieras podrán adquirir certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia central del esquema propuesto es que los costos financieros ya no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos por el propio Estado.
Sarubbi señaló que este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones técnicas que actualmente lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios.
No obstante, desde Cavialpa aclaran que el factoraje será apenas una herramienta de alivio y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público. El dirigente recordó que el límite fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB) restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en infraestructura.
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