El uso de las llamadas reservas facultativas por parte de algunas empresas está bajo análisis del gobierno, ante indicios de que esta figura podría estar siendo utilizada para reducir el pago de impuestos. Así explicó en Universo 970 AM/Nación Media, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, quien adelantó que se trabaja en una reglamentación para ordenar su aplicación.

El director de Ingresos Tributarios indicó que las reservas facultativas son utilidades que las empresas deciden no distribuir entre sus accionistas ni capitalizar formalmente, sino mantener dentro de la firma. Esta práctica es legal y, en muchos casos, permite fortalecer la empresa o prepararse para futuras inversiones.

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Sin embargo, el problema detectado por la DNIT es que algunas compañías estarían utilizando este mecanismo de forma prolongada, sin justificar el destino de esos recursos. Al no distribuir las ganancias, evitan pagar el impuesto a los dividendos, lo que impacta en la recaudación del Estado.

“Si una empresa decide capitalizar, debe emitir acciones y registrar ese movimiento. Si distribuye, paga impuestos. Pero cuando deja las utilidades en reservas facultativas por mucho tiempo sin explicación, se genera una laguna”, precisó Orué.

Según indicó, existe la presunción de que en algunos casos las utilidades sí están siendo utilizadas, pero permanecen registradas como reservas, lo que permitiría postergar o evitar el pago de impuestos.

Por ello, la DNIT, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trabaja en una reglamentación que será presentada al Congreso, con el objetivo de dar mayor claridad y evitar posibles abusos.

Este análisis se da en un contexto de menor recaudación tributaria, que responde tanto a factores internos como externos. Entre estos últimos, Orué destacó la caída del dólar, que afecta directamente los ingresos fiscales.

Esto ocurre, señaló, porque muchas operaciones, especialmente las importaciones, se realizan en dólares, pero los impuestos se pagan en guaraníes. Cuando el tipo de cambio baja, el valor en moneda local también disminuye, lo que reduce la base imponible y, en consecuencia, la recaudación, especialmente en Aduanas.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que habilitó nuevos canales de comunicación dirigidos a las municipalidades de todo el país, con el objetivo de facilitar consultas y coordinar técnicamente temas relacionados con el avalúo fiscal de inmuebles para la liquidación del impuesto inmobiliario.

Según detalló la institución, los gobiernos municipales podrán comunicarse directamente con el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos, a través del teléfono (021) 417 7745 o del correo electrónico dfi@dnit.gov.py. Estos canales estarán disponibles para atender consultas vinculadas a la determinación del valor fiscal de los inmuebles y otros aspectos técnicos de la fiscalidad inmobiliaria.

La DNIT recordó que el valor fiscal determinado por la institución constituye la base imponible del impuesto inmobiliario, el cual posteriormente es remitido a los gobiernos municipales para su correspondiente recaudación, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

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La entidad también reiteró que es la autoridad competente para realizar el avalúo inmobiliario y determinar el valor fiscal de los inmuebles en todo el país, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 7.424/2025, que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), así como en su Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

Asimismo, recordó que el artículo 60 de la Ley N.º 125/1991, modificado por la Ley N.º 7.424/2025, establece que la DNIT tiene a su cargo la determinación del valor fiscal de los inmuebles, además de la definición del sistema de avaluación y del procedimiento para su cálculo.

En ese contexto, la institución reafirmó su compromiso con la uniformidad técnica, la seguridad jurídica y la transparencia en la determinación de la base imponible del impuesto inmobiliario en todo el país, mediante la coordinación permanente con los gobiernos municipales.

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El titular de Diputa­dos, Raúl Latorre, respaldó el posicio­namiento del mandatario Santiago Peña en rechazar el planteamiento de elevar impuestos con el objetivo de obtener mayores recur­sos económicos para pagar las deudas contraídas por el Estado con las vialeras y far­macéuticas.

“La solución no puede ser aumentar impuestos, car­garle otra vez al ciudadano, a las familias paraguayas para sostener esta situación. Yo, por lo menos, no voy a acom­pañar ni voy a permitir que desde la Cámara de Diputa­dos se plantee un aumento impositivo. La pregunta acá es cuál es la solución, cómo hace­mos que estas empresas que emplean a la gente, que hacen circular el dinero, reciban sus pagos, porque estamos hablando de servicios pres­tados”, indicó a los medios de comunicación durante un recorrido en el barrio Jara, de la ciudad de Asunción, con el aspirante a intendente del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez.

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Actualmente, los atrasos en los pagos por las obras públi­cas equivalen a un total de USD 360 millones, mientras que las deudas con las farma­céuticas superan los USD 700 millones.

“Creo que las deudas con ambos sectores llegaron a un punto insostenible, debemos dar una solución a esto.

Con todo respeto, yo estoy convencido de la importan­cia del grado de inversión que posiciona al país y le da un clima de negocios más atrac­tivo, pero ¿de qué nos sirve si tenemos deudas millona­rias?”, puntualizó.

El legislador acotó: “Están siendo ahogados varios sec­tores del empresariado que finalmente son los que dan empleos y hacen circular el dinero. Hay que revisar y establecer las prioridades, está muy lindo el grado de inversión y que Paraguay incremente su coyuntura con respecto al clima de negocios, pero es impracticable, insus­tentable que las empresas paraguayas sigan así”.

El pasado jueves, Peña ase­guró a ambos sectores que las deudas del Estado serán canceladas dentro de un corto plazo, rechazando a la vez la propuesta de elevar el déficit fiscal como una alter­nativa para la regularización de los pagos.

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• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

A nivel país seguimos teniendo once ministerios y casi una veintena de secretarías ejecutivas que dependen del Poder Ejecutivo, poco justificable en un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los seis millones de habitantes, manteniendo una superpoblación de más de 400.000 funcionarios públicos, responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que los recursos destinados a salud pública, educación y obras de infraestructura sigan muy por debajo de las reales necesidades.

No se justifica que en pleno siglo XXI, por el gobierno actual, era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal que antes que ser una solución implica un retroceso y un despilfarro multimillonario en pago de sueldos.

Argentina, un país con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas adoptadas, por el gobierno actual fue la reducción de ministerios en un 50 %, además de otros entes que antes que aportar valor agregado, generaban erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevándolos a desvincular a funcionarios, que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.

Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud, aptitud idoneidad y capacidad, pero sin embargo seguimos teniendo miles de ineptos en nuestras instituciones quienes dejan mucho que desear constituyéndose en una mala imagen para nuestro país.

El doble grado de inversión que ostentamos a la fecha es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas, pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, atrayendo nuevas inversiones extranjeras, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro Estado paquidérmico y desfasado, dejando de lado el populismo mostrando disposición de hacer los cambios que ameritan, pues acrecientan la debilidad estructural de nuestras instituciones.

El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, es el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural, en donde lo cualitativo juega un rol primario.

Lo mismo ocurre con las secretarías ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?

Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo al máximo la mega estructura actual, aprovechando que tenemos la tecnología al alcance de un clic, podrán permitirnos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa salud pública e infraestructura que siguen en deuda.

El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces sin mirar la ideología política, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.

Se constituye en una muy buena ocasión que se le presenta al viceministerio de Capital Humano, quien debería ordenar a todas las Direcciones de Organización y Métodos (O&M) que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo, idoneidad y visión de futuro.

La Ley del Servicio Civil ya está promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro del mismo, olvidándonos del color del pañuelo, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica, haciendo los cambios en tiempo y forma.