El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Senador Silvio Ovelar, manifestó su preocupación respecto al plan de gastos 2026. Advirtió que sería inviable responder a todos los pedidos de aumentos salariales que ya han comenzado a recibir de parte de varias instituciones del Estado, no solo del Ejecutivo, sino también de los otros poderes y extra poderes.

El legislador explicó que, desde el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Economía y Finanzas sí está planteando incrementos importantes en materia de seguridad porque se tiene que nombrar a más de 5.000 nuevos policías; lo mismo ocurre en Salud, con 3.200 nuevos personales de blanco; Educación lo mismo, ya que se trata de crecimientos vegetativos necesarios.

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“Ahora, nos están pidiendo incrementos salariales de diferentes instituciones, dentro del Poder Ejecutivo y también de los otros poderes, lo que hace de que resulte inviable poder satisfacer toda esa demanda porque estaríamos rompiendo el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que sería lo razonable en el funcionamiento de la Constitución", explicó.

Aclaró que, con esto, no quiere decir que está cerrando las puertas a ninguna institución, por el contrario, enfatizó que estarán escuchando a cada uno sus pedidos y propuestas. Asimismo, remarcó que ya tiene acordado con sus colegas parlamentarios que no se otorgarán incrementos a los legisladores.

El senador Ovelar insistió en que los pedidos vienen por doquier, y que este es el momento en que los gremios también organizados ya solicitan incrementos de todo tipo.

Recordó que el año pasado, tanto en la Bicameral de Presupuesto y el Congreso en sí, fueron bastante generosos en muchos aspectos, gracias a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tras la fusión con Aduanas, lo que permitió mejorar los ingresos al Estado.

Indicó que ese impulso rebote que tuvo el año pasado con los ingresos financieros, este año ya se está estabilizando, lo que significa que no se va a tener esa misma cantidad de ingresos.

Pese a ello, indicó que el Incan va a contar con un incremento. “Por todo ello considero que el presupuesto planteado por el Ministerio de Economía, es un plan de gastos bastante equilibrado”, concluyó.

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La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició hoy el proceso de desembolso de un total de G. 109.883 millones destinados al pago de compromisos con las empresas proveedoras y acreedoras del Estado.

El cronograma de transferencias se extiende desde este lunes 8 hasta el jueves 11 de setiembre, en cumplimiento con los registros procesados durante la primera semana del mes. Los pagos corresponden a las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 1 y el viernes 4 de setiembre, todas bajo la Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a “Recursos del Tesoro”.

Estos fondos provienen directamente de la recaudación del Estado, los cuales se orientan al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los proveedores que abastecen de bienes y servicios a las instituciones públicas.

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Desde el MEF explicaron que el proceso de pagos se desarrolla de manera sostenida y conforme al orden de ingreso de las STR, garantizando así un flujo regular de desembolsos. Este mecanismo busca dar previsibilidad a las empresas contratistas del Estado, que dependen de la puntualidad en la ejecución de los pagos para mantener sus operaciones y planificar nuevas inversiones.

El calendario detallado de transferencias puede consultarse en el portal del MEF, en la sección de consulta ciudadana, además de estar disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE). Estas plataformas permiten a los proveedores verificar la fecha en que se hará efectiva la acreditación de los recursos, lo cual aporta mayor transparencia al proceso de ejecución presupuestaria.

El cumplimiento de estos pagos reviste una importancia estratégica para la economía local, ya que dinamiza la cadena de proveedores vinculados al sector público. Cada desembolso no solo representa el cumplimiento de obligaciones estatales, sino que también impacta en la liquidez del mercado y en la circulación de capital en distintas áreas productivas.

Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, la certeza en el cobro por servicios prestados al Estado es clave para sostener empleos, cumplir con compromisos financieros propios y continuar participando en futuras licitaciones.

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El intendente de la ciudad de Asunción, Luis Bello, no descarta impulsar una ley de capitalidad o una coparticipación con el Estado con el fin de zanjar la crisis económica en la municipalidad para encarar obras e infraestructuras y cumplir diariamente con sus servicios públicos.

“Asunción, para poder satisfacer las demandas que todo los días atiende, necesita de más recursos, pero con lo que tenemos podemos hacer mucho más. Nuestra idea y visión es hacer mucho más con lo que tenemos actualmente y, a partir de allí, buscar construir una ley de capitalidad, realizar una distribución de ingresos o una coparticipación con el Estado”, sostuvo Bello en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

Según las informaciones, el cumplimiento de servicios se sustentan sobre unos 160.000 contribuyentes, pero debe cubrir las necesidades de 1.800.000 personas, que todos los días trabajan, estudian o visitan la capital, provenientes de otras ciudades o departamentos del país

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El requerimiento de con­tar con una ley de capitali­dad que permita al municipio contar con los recursos suficientes para sostener el nivel de obras e inversiones que requiere la ciudad, fue realizado por Óscar Rodríguez, tras presentar su renuncia como inten­dente de Asunción, el pasado 22 de agosto, luego de que su administración haya sido intervenida por pedido de la Contraloría General de la República (CGR) a la Cámara de Diputados.

“Nosotros no vamos a parar con las obras, vamos a buscar la forma de continuar con el financiamiento de estas. Encargué al nuevo director de administración y finanzas que busque financiamientos, es por eso que estamos explorando los diferentes escenarios”, indicó Bello.

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El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el combate al contrabando, una tarea que calificó de compleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el trabajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.

El director de la DNIT admitió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influencias políticas que distorsionan la aplicación de la normativa.

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“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferencias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucional tras dos años de funcionamiento.

También subrayó la importancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la entidad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institución es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.

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