El mercado laboral mostró un comportamiento positivo durante el segundo trimestre del 2026, con un crecimiento de la fuerza de trabajo y un incremento aún mayor de la ocupación, de acuerdo con el reporte del segundo semestre publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

La fuerza de trabajo aumentó en 86.346 personas frente al mismo trimestre del 2025 y en 24.120 personas respecto al primer trimestre del 2026. La expansión de la oferta laboral estuvo acompañada por un mayor dinamismo en la generación de puestos laborales.

La población ocupada aumentó en más de 114 mil personas en comparación interanual y en más de 62 mil frente al trimestre anterior. Como resultado, la cantidad de desocupados disminuyó en 28 mil personas en términos interanuales y en 38 mil en la comparación intertrimestral.

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En este contexto, la tasa de desocupación se ubicó en 4,1 % en el segundo trimestre del 2026, el valor más bajo registrado para un segundo trimestre en toda la serie. La evolución de los últimos diez años muestra una reducción sostenida de este indicador, asociada a un mayor dinamismo de la demanda laboral frente al crecimiento de la fuerza de trabajo.

El crecimiento de la ocupación se reflejó en casi todas las categorías, con excepción de los familiares no remunerados. La mayor variación se registró entre los trabajadores por cuenta propia, con más de 44 mil nuevos ocupados, seguido por los empleados privados, con más de 31 mil, los empleadores, con 29 mil, y los empleados públicos, con 9 mil nuevos ocupados.

Por actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles encabezó la generación de puestos de trabajo, con aproximadamente 73 mil nuevas ocupaciones. Le siguieron los servicios comunales, sociales y personales, con cerca de 50 mil ocupaciones adicionales, y la construcción, con alrededor de 21 mil.

En contrapartida, algunas actividades registraron reducciones interanuales en la ocupación. Las industrias manufactureras disminuyeron en 8 mil ocupaciones, mientras que finanzas, seguros e inmuebles y agricultura, ganadería, caza y pesca registraron una reducción de 14 mil ocupaciones cada una.

La tasa de informalidad mostró una tendencia descendente frente al segundo trimestre de 2025, tanto entre el total de ocupados no agrícolas como entre los empleados y obreros del sector privado. En este último grupo, la tasa pasó de 59,2% a 56,9%, lo que representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales.

La población ocupada no agrícola registró un incremento interanual de 128.745 personas. En términos absolutos, los ocupados formales aumentaron en 57.435 personas a nivel país, mientras que el empleo formal privado explicó una parte sustantiva de este crecimiento, con 46.461 nuevos empleos formales, aproximadamente el 80 % del incremento total de la ocupación formal. En paralelo, los registros administrativos del Instituto de Previsión Social (IPS) muestran que los trabajadores cotizantes del régimen general pasaron de 799.354 en junio de 2025 a 848.280 en junio de 2026, un aumento de 48.926 empleados formales.

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Sigue la campaña de vacunación contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial.

• HOY.COM.PY

El Ministerio de Salud informó que ya fue­ron administradas 1.219.204 dosis dentro de la Campaña Invierno 2026, que busca reforzar la protección de la población contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial. Las vacu­nas están disponibles de forma gratuita en vacunatorios habi­litados de todo el país.

A través del Programa Ampliado de Inmunizacio­nes (PAI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recuerda que la campaña continúa vigente e insta a la ciudadanía a com­pletar los esquemas de vacuna­ción, especialmente los grupos con mayor riesgo de desarro­llar complicaciones por enfer­medades respiratorias.

Del total de dosis aplicadas, la mayor cantidad corres­ponde a la vacuna contra la influenza, con 1.138.305 apli­caciones registradas.

En el marco de la campaña también se aplicaron 50.564 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que brinda protección inmediata contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal cau­sante de bronquiolitis y neu­monía en lactantes. Aunque no es una vacuna, representa una estrategia para proteger a los bebés durante su primer invierno.

Asimismo, se administra­ron 26.272 dosis contra el neumococo, una vacuna que previene enfermedades como neumonía bacteriana, menin­gitis e infecciones invasivas graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades de base.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, fueron aplicadas 4.063 dosis de Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna monovalente de ARN mensajero actualizada, orientada principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar formas gra­ves de la enfermedad, como adultos mayores, embara­zadas, personal de salud y pacientes con enfermeda­des crónicas.

Las personas interesadas pueden consultar los vacu­natorios habilitados en todo el país a través de www.vacunate.gov.py. Las vacu­nas incluidas en la Campaña Invierno 2026 son gratuitas.

• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

La discusión sobre el horario oficial del país volvió a instalarse en el Congreso, esta vez con un fuerte componente social. En la Cámara de Diputados se planteó tratar en un plazo de 15 días un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el horario único vigente y restablecer el sistema de dos cambios anuales, con horario de verano e invierno.

La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores ante una realidad que se hace especialmente visible durante los meses más fríos del año: miles de estudiantes y trabajadores deben iniciar sus actividades antes del amanecer.

Actualmente, durante el invierno el sol aparece cerca de las 7:40. Esto obliga a numerosos niños, adolescentes y trabajadores a trasladarse en plena oscuridad y bajo temperaturas bajas, una situación que, según los impulsores del proyecto, afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o periféricas.

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En estos sectores, donde el alumbrado público suele ser escaso y las opciones de transporte son limitadas, el trayecto hacia escuelas, colegios y lugares de trabajo representa un desafío adicional. La preocupación no se limita a la comodidad, sino también a la seguridad de quienes deben recorrer largas distancias a pie o esperar medios de transporte antes de la salida del sol.

La iniciativa propone fijar el horario de verano en UTC-3, adelantando los relojes el primer domingo de octubre, y retornar al horario de invierno UTC-4 el cuarto domingo de marzo.

El debate también llegó al Senado, donde se presentó un proyecto de características similares. Entre los argumentos expuestos se menciona que, independientemente del huso horario adoptado, durante el invierno la duración de la luz solar es inferior a 11 horas, por lo que la discusión se centra en cómo distribuir mejor esas horas de claridad dentro de la rutina diaria de la población.

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También se cuestionan algunas de las medidas alternativas planteadas para enfrentar el problema, como retrasar el ingreso a clases hasta las 8:00. Según sostienen, esa posibilidad resultaría difícil de aplicar en instituciones educativas con doble o triple turno, ya que obligaría a extender las actividades hasta altas horas de la noche.

A ello se suma el impacto que tendría sobre miles de familias cuyos horarios laborales comienzan a las 7:00. Para muchos padres, modificar el horario escolar implicaría reorganizar completamente la logística cotidiana de traslado y cuidado de los hijos.