Las acreditaciones del segundo pago de Pytyvõ continúan este jueves para otro grupo de 250.000 beneficiarios. Las asignaciones ya llegaron a unas 750.000 personas, en esta segunda tanda, según los últimos reportes del Ministerio de Hacienda.
Está pendiente una nueva actualización de la lista oficial de beneficiarios que ya recibieron las correspondientes transferencias vía billetera electrónica. La última nómina se dio a conocer el martes 9 de junio.
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En tanto, la próxima semana se informará sobre el desembolso para la tarjeta-cédula, cuenta bancaria y otras modalidades de pago del subsidio estatal para trabajadores informales y cuentapropistas, afectados por la emergencia sanitaria.
El programa tiene un presupuesto total de US$ 300 millones de dólares de los US$ 1.600 millones previstos en la Ley de Emergencia para mitigar los efectos del COVID-19.
Según datos suministrados a La Nación por la directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, licenciada Carmen Marín, el total de beneficiarios de esta segunda tanda es muy parecido a la del primer grupo que incluyó a 1.150.000 personas.
Ahora se sumarán más beneficiarios y se trata de algunas personas que recibieron ayuda del programa Ñangareko y que fueron incorporadas al segundo grupo de Pytyvõ.
El programa consiste en una ayuda económica del Estado a concretarse en dos pagos de G. 548.210 y cada parte es equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente, tal como lo establece la Ley de Emergencia Sanitaria.
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Caso Atome: la inversión no puede construirse sobre un subsidio
- Jorge Torres Romero
Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.
Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?
El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.
Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.
Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.
Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.
Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.
Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.
Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.
Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.
Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.
Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.
Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores
La discusión sobre el horario oficial del país volvió a instalarse en el Congreso, esta vez con un fuerte componente social. En la Cámara de Diputados se planteó tratar en un plazo de 15 días un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el horario único vigente y restablecer el sistema de dos cambios anuales, con horario de verano e invierno.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores ante una realidad que se hace especialmente visible durante los meses más fríos del año: miles de estudiantes y trabajadores deben iniciar sus actividades antes del amanecer.
Actualmente, durante el invierno el sol aparece cerca de las 7:40. Esto obliga a numerosos niños, adolescentes y trabajadores a trasladarse en plena oscuridad y bajo temperaturas bajas, una situación que, según los impulsores del proyecto, afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o periféricas.
En estos sectores, donde el alumbrado público suele ser escaso y las opciones de transporte son limitadas, el trayecto hacia escuelas, colegios y lugares de trabajo representa un desafío adicional. La preocupación no se limita a la comodidad, sino también a la seguridad de quienes deben recorrer largas distancias a pie o esperar medios de transporte antes de la salida del sol.
La iniciativa propone fijar el horario de verano en UTC-3, adelantando los relojes el primer domingo de octubre, y retornar al horario de invierno UTC-4 el cuarto domingo de marzo.
El debate también llegó al Senado, donde se presentó un proyecto de características similares. Entre los argumentos expuestos se menciona que, independientemente del huso horario adoptado, durante el invierno la duración de la luz solar es inferior a 11 horas, por lo que la discusión se centra en cómo distribuir mejor esas horas de claridad dentro de la rutina diaria de la población.
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También se cuestionan algunas de las medidas alternativas planteadas para enfrentar el problema, como retrasar el ingreso a clases hasta las 8:00. Según sostienen, esa posibilidad resultaría difícil de aplicar en instituciones educativas con doble o triple turno, ya que obligaría a extender las actividades hasta altas horas de la noche.
A ello se suma el impacto que tendría sobre miles de familias cuyos horarios laborales comienzan a las 7:00. Para muchos padres, modificar el horario escolar implicaría reorganizar completamente la logística cotidiana de traslado y cuidado de los hijos.
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Conasam definirá este miércoles propuesta de aumento del salario mínimo
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se prepara para una reunión clave este miércoles, para remitir al Poder Ejecutivo la recomendación oficial sobre el reajuste del salario mínimo que regirá desde el 1 de julio.
“Tenemos previsto ya emitir una recomendación”, señaló a la 1080 AM el presidente de Conasam y director del Trabajo, Jorge Rivas, y destacó que las discusiones continúan entre representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno para alcanzar una posición consensuada.
“Cada uno viene a defender una posición. Estamos dialogando para llegar a una recomendación justa para todos”, afirmó.
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Como ocurre cada año, el reajuste salarial debe definirse durante junio para su entrada en vigencia a partir del primer día de julio. El principal punto de debate gira en torno al mecanismo de cálculo que será considerado para la actualización.
Si se aplica exclusivamente la fórmula vigente basada en la inflación acumulada de los últimos doce meses, estimada en 2,4 %, el salario mínimo tendría un incremento de G. 69.577. De esta manera, pasaría de los actuales G. 2.899.048 a G. 2.968.625.
Sin embargo, las centrales obreras sostienen que ese ajuste resulta insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida y plantean un aumento mucho más significativo. La propuesta sindical apunta a una suba del 20 %, equivalente a G. 647.021 adicionales sobre el salario vigente.
La diferencia entre ambas posiciones marca el principal desafío para la Conasam en las horas previas a la definición. Mientras los trabajadores insisten en una recomposición más amplia del ingreso, el sector empresarial advierte sobre los efectos que un incremento elevado podría tener sobre los costos laborales y la generación de empleo.
Una vez emitida la recomendación, la decisión final quedará en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá analizar la propuesta y oficializar el nuevo monto mediante decreto.
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OIT adopta convenio inédito para proteger a trabajadores de plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.
El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.
Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.
El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.
“Exigir responsabilidades”
El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.
El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.
El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.
Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.
“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.
El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Fuente: AFP.