Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.

La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.

Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.

Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.

La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.

Bolivia denunció este miércoles que las protestas que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz buscan la “alteración del orden democrático”, en una intervención del canciller Fernando Aramayo ante el Consejo Permanente de la OEA.

Desde hace tres semanas, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores presionan a la paz, con apenas seis meses en el poder, con fuertes manifestaciones y bloqueos de carreteras, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas.

“Se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el ejercicio legítimo de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno (...) y alteraciones del orden democrático”, dijo Aramayo, al comparar virtualmente ante la OEA desde La Paz.

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El gobierno de Paz asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles” con la democracia, agregó Aramayo.

El martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que Bolivia, nuevo aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina, se enfrenta a un “golpe de Estado”.

En la sesión de la OEA, el secretario general, Albert Ramdin, hizo un llamado “a todos los actores para que renuncien a la violencia como herramienta de acción política”.

“El uso de la fuerza ilegítima no puede aceptarse, tolerarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia”, subrayó.

• Fuente: AFP

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Uno de los inconvenientes más frecuentes con que tropieza habitualmente la mayoría de las personas con problemas de salud, tanto en el interior del país como en la zona capitalina, es la falta de aten­ción médica rápida en los centros públicos. Por eso se ven todos los días largas filas de personas esperando varias horas, incluso desde la madrugada, para ser atendidas en los hospitales y unidades de salud tanto del Instituto de Previsión Social (IPS) como del Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

Las causas de las largas esperas y de otras dificultades son numerosas y parecen difí­ciles de superar. Pero no hay dudas de que con nuevos enfoques, mayor esfuerzo y excelente organización de las entidades involucradas se podrán paliar los proble­mas para mejorar la atención. La experien­cia demuestra que hasta las dificultades de mayor envergadura tienen respuestas adecuadas cuando existen más dedicación y firmeza en la actuación de las entidades responsables.

Los milagros existen, no hay duda, pero más que los prodigios que no abundan, a menudo es importante encarar nuevas políticas con enfoques apropiados que se ajustan a la realidad para obtener resulta­dos de mayor envergadura. A causa de las dificultades, miles de personas con seguro social o que pueden ir a los hospitales esta­tales prefieran contratar entidades priva­das para asegurar su atención sanitaria sin mayores inconvenientes.

Ante esta realidad, los principales respon­sables de la salud pública estatal y previ­sional se reunieron para trabajar juntos y así mejorar la atención a la ciudadanía, una idea de gran valor teniendo en cuenta lo que se puede conseguir. La ministra de Salud, María Teresa Barán, y el presi­dente del IPS, Isaías Fretes, se propusie­ron hacer más fuerte la articulación entre las dos entidades para avanzar en accio­nes conjuntas con el propósito de opti­mizar los servicios que prestan en todo el país. En la ocasión se resaltó que ya exis­ten experiencias positivas de trabajo con­junto de dependencias de ambas entidades en distintos puntos del país, hecho que se desea extender con más apoyo.

Explicando lo conversado en el encuen­tro, la ministra Barán dio como ejemplo de los servicios que se están compartiendo en varios puntos del país la experiencia en localidades del departamento de Itapúa y resaltó el trabajo conjunto en el distrito de Ayolas, Misiones, donde personas con seguro y sin seguro social tienen acceso a servicios de terapia intensiva mediante la cooperación de ambas instituciones.

Teniendo en cuenta los nuevos hospita­les que se están proyectando para distin­tos puntos del interior del país, la ministra apuntó que los mismos tendrían que enca­rarse con un modelo de complementación con las otras instituciones del área. Esto para lograr una utilización más eficiente de los recursos disponibles y para alcan­zar una mejor cobertura sanitaria para los pobladores. Lo que significa que los centros de salud del ministerio tendrían que traba­jar de manera coordinada con los del IPS.

No hay dudas de que, si se quieren mejorar los servicios públicos de salud en todo el país, ambas instituciones deben establecer una política oficial de trabajo compartido en la tarea de proteger a las personas.

Ese trabajo conjunto es, hasta ahora, una excepción que se está llevando adelante en Ayolas y en algunas localidades de Itapúa. Y debe convertirse, incluso por ley, en una tarea que sume los elementos de ambas entidades públicas para hacer una misma agrupación que cuide y proteja la situación sanitaria de la mayoría de las personas del país. Dos entidades diferentes, que tienen el mismo propósito, no se pueden dar las espaldas, como ha ocurrido por mucho tiempo.

El Gobierno nacional debe lograr que esa conjunción, que ahora es una excep­ción, sea la regla principal de las entidades públicas dedicadas a la salud de la gente, sobre todo en regiones del interior del país. Y para ello, si hace falta, el Congreso Nacional tendría que estudiar las normas legales que posibiliten y consagren jurídi­camente esa unión para el bien de la ciu­dadanía necesitada. Todo lo que se haga para posibilitar el cuidado de la salud de la gente será bienvenido.

Por eso, tanto los legisladores, como otros funcionarios con poder de decisión, deben enfocar su esfuerzo en hacer posible el tra­bajo conjunto para calmar los dolores y posibilitar más salud a miles de ciudada­nas y ciudadanos de todo el país.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, aseguró que el cronograma electoral se cumplirá a cabalidad, y que no existen motivos para postergar o suspender las elecciones internas partidarias programadas para el 7 de junio. El titular electoral refirió que existen otras intenciones con el pedido de disidentes y opositores, que sería volver a las listas cerradas para los cargos plurinominales.

“Pareciera y yo diría que existe casi la certeza que la intención de un grupo importante del sector político es llegar al final de sustituir el sistema electoral, que se vuelva a las listas cerradas, las famosas listas sábanas. Ese parece ser realmente el trasfondo”, dijo este martes en nota al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Paraguay concretó la apertura de un nuevo mercado para el sector avícola con la habilitación de Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones de productos cárnicos del rubro aviar. Así lo anunció este martes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

“Esta habilitación representa un importante avance para el sector avícola nacional y es el resultado de un trabajo técnico y diplomático, orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal en mercados internacionales”, destaca el comunicado del servicio veterinario.

Organizaciones civiles y familiares de la primera abogada del país entregaron una nota al presidente de la previsional para frenar el derrumbe de este patrimonio histórico. Buscan convertir las ruinas en un centro cultural y de contención para las mujeres.

La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Continuando con el análisis del salario mínimo, en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) prosiguió el debate sobre el reajuste salarial, cuya propuesta final deberá ser presentada antes del próximo 15 de junio. Durante el encuentro, el sector empresarial reiteró su postura de mantener el ajuste en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El viceministro del Trabajo, César Segovia, mencionó que la recomendación será presentada este miércoles, en la próxima sesión de la comisión. “El miércoles 13 se realizó la segunda reunión, siguiendo con el cronograma de actividades. El sector empresarial tuvo algunas observaciones y debe presentar una contestación por escrito”, comentó en el programa Así son las cosas, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, estuvo presente en el evento conocido como Conexa 2026, en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina. El alto funcionario expuso ante alrededor de 4.000 empresarios del país vecino las oportunidades de integración con Paraguay.

La actividad reúne a líderes empresariales, representantes institucionales y actores del sector productivo de todo Brasil, con el objetivo de fortalecer el asociativismo, generar oportunidades de negocios e impulsar la conexión entre industrias y cadenas de valor de la región. Se trata de uno de los principales encuentros empresariales del vecino país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El senador liberal Dionisio Amarilla manifestó su profunda preocupación ante el peligroso escenario electoral que se está construyendo de cara a las internas partidarias. Indicó que durante los recorridos que está realizando en distritos del interior del país recibe denuncias sobre aquellos lugares donde han logrado candidaturas únicas o de consensos para las elecciones de intendencias municipales, desde el Nuevo Liberalismo estarían instando a la gente a “cargar las urnas”, en las próximas internas partidarias previstas para el 7 de junio.

En ese sentido, la Lista 100 del movimiento Diálogo Azul emitió un comunicado, denunciando esta situación, el cual fue igualmente confirmado por el senador liberal Amarilla en comunicación con La Nación/Nación Media, señalando que bajo el argumento de un supuesto “consenso”, “unidad” y “desmovilización electoral”, se ha impulsado una operación política orientada a desalentar la competencia interna legítima, evitando deliberadamente la confrontación democrática de ideas, proyectos y liderazgos dentro del PLRA.

El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tomó la decisión de rechazar la solicitud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsistencias en su pedido.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter institucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.