La Dirección de Pensiones No Contributivas, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda, otorgó pensiones a 217.945 personas, al 31 de mayo. Estos beneficios implican un desembolso mensual promedio de G. 129.894 millones.
Un informe de Hacienda refiere que la mayor proporción de los beneficiarios activos está constituida por adultos mayores del Programa de Pensión Alimentaria, que representa el 96,4% del total. Este grupo demanda una inversión mensual promedio de G. 115.285 millones.
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Explica que el grupo de pensionados del sector no contributivo está compuesto por 210.289 adultos mayores activos del Programa de Pensión Alimentaria; 60 veteranos de la Guerra del Chaco y 7.215 herederos de veteranos. A ellos se suman 386 beneficiarios de pensiones graciables; 381 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.
Estos datos son abiertos a la ciudadanía y para consultas se puede acceder a la página web institucional: www.hacienda.gov.py/portalspir/dpnc.jsp. Asimismo, está disponible el Sistema de Consulta Ciudadana en línea sobre pensiones no contributivas en www.hacienda.gov.py/ConsultaAMPEN/index.jsf. Para ello el usuario debe ingresar en el sistema el número de cédula del consultado y su fecha de nacimiento, así como también del consultante.
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Shakira se libra de una causa por presunto fraude en España
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la segunda causa abierta contra Shakira por presunto fraude a Hacienda. En un auto consultado por Europa Press ayer jueves, la jueza archiva la causa provisionalmente y lo remite a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que “puedan realizar las actuaciones procedentes en la vía administrativa” si corresponde una sanción.
Shakira aceptó en noviembre una condena de tres años de cárcel por fraude fiscal, que no le comportó entrar a prisión, y la Fiscalía había pedido a la jueza de Esplugues de Llobregat que archivara esta segunda causa, que se abrió por una querella de la acusación pública semanas antes de su juicio por la causa anterior.
En la querella que abrió la causa, Fiscalía reclamaba 6,6 millones de euros a la artista, y tras investiga el caso todas las partes estuvieron de acuerdo en archivar la vía penal. En concreto, el fiscal valoró que no hay “indicios suficientes” de un supuesto delito contra Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de 2018.
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Sin “ánimo de defraudar”
En el auto que archiva el caso, la jueza instructora afirma que “comparte” los argumentos del fiscal, y recuerda que las irregularidades en la declaración de Shakira de 2018 ya se señalaron en su momento y que, para que sean delito, se deben haber hecho “con ánimo de defraudar a Hacienda”, y la jueza considera que no hay ningún indicio en este sentido, ni tampoco de que hubiera omitido información y documentación. En otro caso, puede ser que le corresponda una sanción administrativa, por lo que la jueza ha trasladado el caso a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que puedan valorarlo.
Tras conocerse la decisión, el abogado de Shakira, Pau Molins, ha expresado en un comunicado: “Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí”. Para Molins, el archivo de la causa “demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante”, y la abogada Miriam Company, que también participa en la defensa, ha valorado que era más que evidente que Shakira no tenía intención de defraudar.
El abogado fiscalista de la cantante, José Luis Prada, ha recordado que en la Audiencia Nacional (AN) sigue abierta una causa contra Shakira por presunto fraude en 2011, algo que ha tachado de inconcebible porque ese año la artista estuvo de gira mundial y “era imposible que la cantante fuera residente fiscal” en España.
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Fuente: Europa Press.
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Habilitan este miércoles pagos de pensiones y subsidios
Los adultos mayores, veteranos de la Guerra del Chaco y otros beneficiarios del sector no contributivo cobrarán sus correspondientes pensiones y desde este miércoles 24 de enero, según el calendario de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los desembolsos se efectuarán a través de los cajeros automáticos autorizados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en distintas ciudades del país.
El grupo incluido en la fecha incluye la pensión y el subsidio a veteranos y lisiados, la pensión alimentaria a los adultos mayores y los pagos a los herederos, pensionados graciables y herederos de policías y militares. Unas 315.000 personas serán beneficiadas con los desembolsos que serán realizados a partir de esta fecha.
El listado de la Dirección de Pensiones No Contributivas indica que 310.000 beneficiarios son adultos mayores del programa Pensión Alimentaria, dirigido a personas de 65 años en adelante en situación de vulnerabilidad social. El resto se distribuye entre: cinco veteranos de la guerra del Chaco, 4.911 herederos de veteranos, 304 que reciben pensiones graciables y 412 herederos de militares fallecidos en acto de servicio.
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Diputados sanciona proyecto de Superintendencia de Pensiones
Con 42 votos a favor, la Cámara Baja procedió al estudio en particular del proyecto y, tal como lo planteó la Cámara de Senadores, sancionó la propuesta legislativa para derivarla al Poder Ejecutivo.
“Queremos dar nuestro acompañamiento a un proyecto que es de suma importancia para la República del Paraguay, para los miles de personas que hoy en día ponen toda su confianza en el Estado para cuidar de su patrimonio y su futuro. El proyecto de ley que se está estudiando es sustancialmente importante porque permitirá que, por primera vez, se tome con seriedad los fondos de jubilados”, había expresado en la sesión el diputado Carlos Núñez Salinas con respecto a la propuesta.
El parlamentario remarcó que con la reglamentación se podrá vislumbrar una mayor confianza por parte de diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, para dar el respaldo necesario a las instituciones del país, haciendo hincapié en la necesidad de promulgar lo antes posible la ley. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, enfatizó que la Superintendencia no manoseará los fondos de jubilaciones y mucho menos pondrán en riesgo los fondos de la previsional.
SUPERVISIÓN
Con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que fue sancionada, se busca constituir un órgano que supervise la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes. Para la elaboración de la reglamentación, los legisladores garantizaron que se ha tomado cada una de las modificaciones planteadas por los trabajadores, los jubilados y los empleadores.
De este modo, se establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) no concederá préstamos al Estado ni estamentos descentralizados, tampoco habrá inmunidad para los funcionarios de la Superintendencia ni futuros interventores, siendo sujetos a procesos judiciales. Además, entre otras garantías, la Superintendencia rendirá cuentas ante el Consejo de Seguridad Social, el cual estará integrado por diversos sectores, entre ellos los trabajadores, empleadores y jubilados.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
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Con la sanción del Congreso, la plata de las jubilaciones y pensiones está protegida
Con la aprobación de la Cámara de Diputados se sancionó ayer la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que inexplicablemente ha tenido reacciones negativas de parte de cierto sector ciudadano. Teniendo en cuenta que el manejo del dinero de los jubilados en las diferentes cajas no tenía una norma jurídica para su control efectivo y buena administración, la ciudadanía aguardaba una legislación adecuada. Y eso es lo que se ha logrado mediante el visto bueno de las cámaras del Congreso, primero en el Senado, el martes último, y por último en Diputados, el día siguiente. Al Ejecutivo le toca ahora su promulgación final.
Dado que el control de las cajas jubilatorias era una fuerte necesidad, no se entiende por qué cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley al Congreso algunos medios de prensa y cierto grupo de sindicalistas afirmaron que se trataba de un robo a los jubilados. Si se quiere controlar que no se desperdicien los fondos, como ocurría hasta ayer, no se puede hablar de robo, sino de todo lo contrario.
Este grupo de opositores al control de las cajas jubilatorias tiene como principal argumento el que la ley está propuesta por este gobierno porque todo lo que venga del poder está mal, como piensan los anarquistas. Sin discutir ni decantar la realidad y la importancia del tema, hay que hacer la contra y destruir lo que se pueda.
Debido a la ausencia de normas para proteger la plata de los jubilados es que han habido casos de desfalcos extraordinarios. Tal como el considerado el mayor robo del siglo a los fondos jubilatorios en la Caja de Jubilados de Itaipú, donde desaparecieron 180 millones de dólares. O lo que está afectando actualmente a la caja de empleados de la Ande, que prestó más de 10 mil millones de guaraníes a una empresa y no los está pudiendo recuperar.
Un conocido economista del sector privado señaló que el total de los aportes a las cajas jubilatorias que no tienen ningún control llega casi al 10 % del producto interno bruto (PIB) del Paraguay, unos 4.000 millones de dólares, cifra que requiere de una seria supervisión y cuidado. El mismo especialista resaltó que la Constitución Nacional, en su artículo 95, exige ese contralor cuando señala que los recursos financieros de los servicios sociales deben estar supervisados por el Estado.
Con las modificaciones y agregados que se realizaron en el Senado y en Diputados, el texto de la ley se ha terminado de perfeccionar. Entre esas disposiciones está que el Estado, los organismos públicos ni municipalidades no podrán prestar plata del IPS ni adquirir bonos de entidades que administran sus fondos. Este que era el principal temor está descartado por completo.
Otra norma importante es que la entidad supervisora no dependerá del Estado ni del Banco Central del Paraguay (BCP), sino del Consejo de Seguridad Social. Este organismo estará integrado por el presidente del BCP, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo, representantes de los trabajadores, jubilados y empleadores.
Las cajas que serán controladas por este organismo serán la del IPS, la del personal de la Ande, la del personal municipal, la de la Itaipú, la de empleados bancarios y afines, la de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Economía y la de los miembros del Poder Ejecutivo.
Como la lógica y el buen sentido se imponen, aunque sea a largo plazo, con la ley que se acaba de sancionar se terminará el desorden existente. Mediante las disposiciones de esta nueva legislación el dinero aportado por los trabajadores activos o los jubilados ya no se expondrá fácilmente a cualquier tipo de abuso. Y se tendrá la garantía de que esos fondos ya no estarán a merced de los avivados y deshonestos que tanto daño ya han causado.
Más allá de las posturas irracionales manifestadas por ciertos grupos políticos que manipulan a algunos sectores laborales y de algunos medios de comunicación de inexplicable conducta ilógica, se ha impuesto la cordura. A pesar de los estúpidos y aprovechadores que se oponen, finalmente se va a proteger la plata de los trabajadores con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que se sancionó ayer.