El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó el impulso de un proyecto de ley para crear una comisión especial, en la Cámara de Diputados, que supervise el pago de las deudas del Estado con proveedores, subrayando la importancia de honrar estos compromisos para dinamizar la economía y mejorar la circulación del dinero.

En conversación con varios medios de prensa, el legislador señaló que está conversando con los colegas de diferentes bancadas para avanzar en esta propuesta que plantea crear una comisión que le dé seguimiento al pago de las deudas del Estado con los proveedores, sean estos de las farmacéuticas y las empresas de la construcción.

Latorre indicó que fue en el inicio de esta “segunda etapa en la gestión”, tras el reciente juramento del ministro de Economía. “La primera que tenía que ver con el ordenamiento macroeconómico, que creo que está cumplida, ahora el desafío actual es lograr que los paraguayos sientan el dinero circulante”, remarcó.

Recordó que las industrias y empresas proveedoras del Estado, son parte del sistema que dinamizan la economía del país, ya que son los que pagan los salarios a cientos de miles de paraguayos. “Son los que pagan un salario, los que dinamizan nuestra economía, los que cuando se construye una ruta hacen que se compre en las despensas, en los supermercados locales y es fundamental saldar estas deudas, honrar estos compromisos para poder mejorar la situación del dinero circulante en el Paraguay”, enfatizó.

Por otra parte, el diputado Latorre, defendió la inversión del Estado en materia de comunicación, asegurando que lo ve como un aspecto muy positivo en la gestión gubernativa en lo que hace a mejorar la comunicación institucional. Sostuvo que esta convicción está fundamentada en que la información es un derecho constitucional y un bien público.

“Siempre tuve una posición contraria a satanizar el aporte del Estado; o mejor dicho, la inversión del Estado en comunicación. La información es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y es un bien público. Yo creo que el Estado debe hacer el mayor esfuerzo para informar de manera correcta a la ciudadanía. En ese sentido, el esfuerzo de informar también requiere inversión. A mi criterio, hay grandes falencias que tiene este gobierno y muchos otros anteriores en materia comunicacional que se debe mejorar”, acotó.

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Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.

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“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.

Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.

Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.

“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.

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En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.

También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.

Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.

Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.

Permitirá financiar adquisición de maquinarias, incorporación de tecnologías, modernización de procesos, entre otros.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) concretó una coloca­ción de bonos por valor de G. 100.000 millones, equivalen­tes a aproximadamente USD 17,5 millones, en el marco del Programa Paraguay Indus­trial, impulsado por el Minis­terio de Industria y Comercio (MIC).

Según informaron, la ope­ración constituyó una de las fuentes de recursos previstas para el programa orientada a ampliar el acceso al finan­ciamiento de largo plazo para inversiones del sector indus­trial. La colocación fue rea­lizada a través de la Bolsa de Valores de Asunción y per­mitirá movilizar recursos del mercado de capitales hacia proyectos de inversión des­tinados a la adquisición de maquinarias, incorporación de tecnologías, moderniza­ción de procesos, ampliación de instalaciones e infraes­tructura vinculada a la acti­vidad industrial.

La banca de segundo piso indicó que la emisión reali­zada por la AFD busca contri­buir a cerrar la brecha entre las necesidades de financia­miento de largo plazo del sec­tor industrial y la disponibili­dad de recursos para este tipo de inversiones. Los fondos serán puestos a disposición de las empresas a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs), gene­rando mejores condiciones para que proyectos de inver­sión de mediano y largo plazo puedan acceder a recursos acordes a su necesidad. De esta manera, la AFD con­tinúa ampliando las alter­nativas de financiamiento para sectores estratégicos de la economía, promoviendo inversiones que contribuyan al desarrollo productivo y al crecimiento sostenible del Paraguay.

Asimismo, mencionaron que las inversiones industriales requieren recursos significa­tivos y horizontes acordes a sus ciclos de desarrollo. Por ello, la puesta en marcha de nuevas líneas de producción, la incorporación de tecnolo­gía y la ampliación de capa­cidad instalada demandan periodos más extensos para consolidarse y generar resul­tados. “Como banca de desa­rrollo, trabajamos para gene­rar condiciones que amplíen el acceso a financiamiento de largo plazo para inversiones estratégicas. Esta nueva emi­sión forma parte de ese tra­bajo, movilizando recursos hacia un sector con un papel relevante en la generación de empleo, la creación de valor agregado y el crecimiento económico del país”, destacó Stella Guillén, presidenta de la AFD en ese marco.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se reunió con el titular de la cartera de Salud, Isaías Fretes, para analizar las necesidades financieras de la cartera sanitaria. Así como también coordinaron acciones orientadas al cierre del ejercicio fiscal 2026 y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

En ese marco, las autoridades destacaron que el Gobierno proyecta para 2027 el pago de las deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con sus proveedores, junto con una estabilización del presupuesto sanitario y la implementación de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e insumos.

El análisis económico realizado apunta a cancelar las obligaciones pendientes con proveedores mediante recursos provenientes de una emisión del MEF prevista para el mes de febrero de 2027, medida orientada a liberar capacidad presupuestaria y generar mejores condiciones para las futuras adquisiciones de medicamentos e insumos necesarios en mayor medida.

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“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó Fretes al culminar la reunión.

El ministro de Salud explicó que dejar atrás las obligaciones de años anteriores permitirá iniciar una nueva etapa financiera y establecer mejores condiciones de negociación con los proveedores, particularmente en el área de medicamentos.

Como parte del encuentro de los máximos responsables de ambas instituciones, se analizó las alternativas que puedan servir a la mejora de las condiciones de adquisición de medicamentos, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas y de alto costo.

Tal es así que tanto Lovera como Fretes, coinciden en que es necesario profundizar en el trabajo con los proveedores, ofreciendo nuevas alternativas de reducción de costos y que eso tenga como resultado un mejor acceso a medicamentos e insumos.

Ambos equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias vinculadas al talento humano, medicamentos, vacunas y programas nutricionales, además de compromisos con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la provisión de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) y los requerimientos del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

El Gobierno busca que el objetivo final sea que el presupuesto de Salud permita sostener los servicios, atender las obligaciones pendientes y contar con mayor capacidad para responder a las necesidades de la población, sin la necesidad de entrar en nuevos atrasos.

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