El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, ante publicaciones periodísticas que cuestionan la utilización del rubro 915 “Gastos Judiciales” por parte de la previsional para honrar deudas arrastradas de administraciones anteriores.

En el primer punto, la Dirección Jurídica del IPS aclara a los asegurados y a la ciudadanía en general que han procedido a la regularización de manera legal de las deudas heredadas.

El documento señala que la actual administración, al asumir en agosto del año 2023, halló múltiples solicitudes de pago por servicios efectivamente prestados durante gestiones anteriores. Pero los cuales fueron realizados fuera de la vigencia de los contratos correspondientes, aseguran desde la institución.

“Anteriormente, estos pagos se realizaban de forma irregular bajo el rubro de “Indemnizaciones” (845), en ocasiones sin los controles de auditoría necesarios”, expresa el comunicado.

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El segundo punto se refiere al control ejercido bajo el rubro 915 con miras a garantizar la transparencia del proceso.

“Para corregir estas prácticas, la actual administración, al inicio de su gestión, suspendió todos los pagos pendientes, hasta realizar verificaciones exhaustivas caso por caso”, informa la previsional.

Añade que procedieron de dicha forma, siguiendo la recomendación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Dictamen No. 18/2023, por el cual se estableció que el mecanismo jurídico correcto para regularizar estas prestaciones es el uso del objeto del gasto 915 correspondiente a “Gastos Judiciales”.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que el gremio mantuvo una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y acordó la conformación de un equipo técnico y jurídico para ordenar el presupuesto, adecuar líneas de pago y avanzar en mecanismos financieros que permitan normalizar la ejecución de obras viales.

En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, Sarubbi detalló que se trabajará en dos frentes; la primera corresponderá a una mesa técnico–económica para reprogramar partidas y mejorar el plan de caja, y otra jurídica para reglamentar herramientas como la cesión de créditos (factoraje), con participación de constructoras y bancos. “La idea es calendarizar pagos y aliviar la presión financiera, cuidando el déficit fiscal”, explicó.

El titular del gremio señaló que el presupuesto de inversión aprobado para 2026 resulta insuficiente frente a las necesidades del sector, y que la deuda arrastrada del año anterior exige ajustes finos para evitar cuellos de botella. Subrayó además que existen fondos, tanto de origen local como externo, cuya ejecución requiere compatibilizarse con el tope fiscal, a fin de evitar sobrecostos por intereses.

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Sarubbi valoró positivamente la reciente colocación de bonos en moneda local, al considerar que amplía el acceso al financiamiento y fortalece el mercado, aunque remarcó que su impacto efectivo dependerá de la capacidad de ejecutar pagos de manera regular.

El titular de Cavialpa reconoció que algunas obras muestran ralentizaciones actualmente, y que las empresas se ven afectadas financieramente, ya que el ritmo de desembolsos aún no alcanza para absorber la totalidad de los certificados mensuales. No obstante, insistió en que el diálogo con el MOPC apunta a sostener la actividad y evitar mayores impactos sobre el empleo y la cadena de proveedores.

Destacó el interés del mercado internacional por proyectos de infraestructura en Paraguay, destacando el trabajo hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el fortalecimiento macroeconómico del país, y reafirmó la disposición del sector privado a coordinar con el Estado para alcanzar consensos que permitan mantener la inversión y el crecimiento. “Con mesas técnicas y reglas claras, esto se destraba”, resumió.

También detalló, que el presupuesto aprobado para este año contempla USD 570 millones para obras, cuando las necesidades superan los USD 700 millones, generando un déficit que, al incorporar la deuda arrastrada e intereses, eleva el faltante total a un rango de USD 500 a 600 millones, sin considerar nuevas licitaciones de obras.

Finalmente, explicó que el 100 % de las empresas atraviesan una situación financiera delicada, y que están fuertemente apalancadas con bancos, además varias ya fueron recategorizadas en los sistemas de riesgo y presentan deterioro en sus indicadores financieros, lo que incluso comienza a limitar su capacidad de presentarse a nuevas licitaciones públicas.

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El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, anunció este martes, que nota mediante solicitarán al presidente del Congreso, Basilio Núñez, la instalación de una Comisión Bicameral para trabajar sobre una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión social (IPS). Así también, sobre la deuda del estado de unos USD 600 millones con el ente previsional.

Luego de la reunión que mantuvieron los miembros de la Permanente con el titular del Consejo de Administración del IPS, el doctor Jorge Brítez, quien fue invitado por los parlamentarios con la finalidad de analizar la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron las últimas decisiones que acordaron durante el encuentro.

Al respecto, Soroka señaló que se deben buscar dar soluciones de fondo, ya que la situación “arde” en el corazón y el sentimiento de los asegurados. Mencionó que la propuesta de analizar la modificación de la Carta Orgánica del IPS, es porque la misma data de 1943; que con los años fueron sumando adendas, pero que no llegaron a resolver los problemas, e incluso muchas de ellas pudieron llegar a agravarse.

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Indicó que como segundo punto a ser analizado en esa comisión bicameral es la deuda del Estado con la previsional, cuyo monto supera los 600 millones de dólares.

“Cuando el sector privado adeuda, muchas veces no tiene contemplaciones, por tanto el Estado paraguayo debe también en ese sentido ponerse las pilas. Por eso, desde la Bicameral buscamos salidas sobre dos puntos específicos. Hoy enviaremos la nota al presidente del Congreso, Basilio Núñez, para que en las primeras sesiones del mes de marzo si hay la voluntad política de conformar un equipo bueno con técnicos de primera para buscar soluciones”, expresó.

Señaló que si no se logra alguna modificación concreta de al Carga Orgánica, seguirán pasando los presidentes del ente previsional, que seguirán lamentando que se sigan limitando las acciones. Destacó que en ambas cámaras del Congreso se cuenta con excelentes técnicos, así como técnicos de afuera que podrán trabajar en conjunto de tal modo a lograr una nueva reglamentación acorde a los tiempos.

“Coincidimos plenamente con la situación de crisis que vive el IPS, una situación que ya arde tal vez, en el corazón y en el sentimiento de las personas y más todavía en los asegurados y la idea es agarrar esa posta de fuego que institucional y parlamentariamente va encontrar una salida”, enfatizó.

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El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, destacó que el nuevo mecanismo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para saldar la deuda con contratistas del Estado abre una alternativa financiera para el sector, aunque advirtió que la limitada disponibilidad presupuestaria podría ralentizar la ejecución de obras. Así lo señaló durante una entrevista a la 970 AM Universo/Nación Media.

Según explicó, el esquema contempla el uso de certificados de obra respaldados con garantía soberana del Estado, lo que permitirá a las empresas constructoras presentar dichos documentos ante los bancos para obtener liquidez. El objetivo inicial es cubrir una parte equivalente a USD 150 millones del total, correspondientes a compromisos pendientes del 2025 mediante un sistema de factoraje financiero.

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Heisecke detalló que, bajo este mecanismo, los bancos financiarían al Estado a un plazo cercano a tres años. Esto implicaría que solo una parte del monto impactaría en el presupuesto 2026, estimado en unos USD 50 millones, mientras el saldo se distribuiría en ejercicios posteriores, lo que ayudaría a aliviar la presión fiscal inmediata.

No obstante, el titular de Capaco indicó que aún deben definirse aspectos técnicos, especialmente las tasas que aplicarán las entidades financieras. Señaló que, actualmente, los créditos para el sector de la construcción en guaraníes oscilan entre 14 % y 17 %, aunque confía en que la garantía estatal contribuya a reducir esos costos.

El dirigente también reconoció que la situación fiscal obliga a moderar el ritmo de ejecución de proyectos públicos, lo que puede generar dificultades para cumplir cronogramas contractuales. Sin embargo, consideró que la propuesta del MEF representa “una ventana” para mantener la continuidad de las obras en un contexto financiero complejo.

Finalmente, subrayó que el sector constructor seguirá analizando el impacto del sistema y negociando condiciones que permitan compatibilizar los intereses de las empresas, los bancos y el Estado, con el fin de preservar la actividad y evitar mayores retrasos en infraestructura pública.

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