El Ministerio de Hacienda cuenta con un proyecto de reforma general de la función pública, en el cual plantea una serie de cambios y opciones, señaló la directora de Política Macrofiscal de la cartera económica, Viviana Casco. La propuesta ya fue presentada al Congreso Nacional.
La arista principal que tiene el plan es la carrera del servicio civil, también especifica que el acceso a las instituciones públicas debe darse únicamente mediante un concurso.
La representante de Hacienda comentó que el proyecto se enfoca también en la estabilidad del funcionario y que los ascensos puedan ser con base en la meritocracia. Con relación a este punto, dijo que los ascensos podrán darse cada tres años.
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“Este plan fue presentado hace unos días al Congreso para su posterior estudio”, manifestó Viviana Casco.
Dijo que también se establecen otras innovaciones bastante importantes en cuanto a la planificación de la fuerza de trabajo, que esté centralizada dicha fuerza de trabajo a fin de que se le dé una mirada amplia a todo lo que es el ingreso y la salida en la función pública.
“Esto implica que se tiene que hacer una proyección de qué cantidad de médicos, docentes, policías y militares vamos a necesitar de aquí a cinco años, en condiciones normales. Entonces el Ministerio de Hacienda podrá tener una previsibilidad de los recursos que se necesitarán y también saber quiénes son los que se van a ir jubilando, saliendo de la función pública”, expresó.
Asimismo, la directora Casco mencionó que otro tema importante es que se duplican los años para ganar estabilidad en la Función Pública y se condiciona primero haber ingresado por concurso, luego haber pasado evaluaciones objetivas, cuantificables y medibles.
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Fitch sostiene que se necesitan reformas adicionales para reducir el déficit de pensiones
La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.
Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.
Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.
En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.
En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.
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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.
Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.
“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.
Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.
La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.
Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.
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Diputados dará seguimiento a pago de deudas a proveedores del Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que está conversando con las diferentes bancadas para llevar adelante el proyecto que propone la creación de una comisión especial que dará seguimiento a la situación de deuda del Estado con los proveedores. El objetivo es acompañar las negociaciones y los detalles del acuerdo que se pueda llegar entre el Gobierno y las empresas afectadas.
“Estamos conversando con colegas de diferentes bancadas, estamos presentando un proyecto para crear una comisión que le de seguimiento al pago de las deudas del Estado con proveedores, con las farmacéuticas, con las empresas de construcción”, expuso en conversación con los medios de comunicación.
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El legislador indicó que se trata de compromisos asumidos con las empresas, resaltando que estas firmas tienen un importante impacto en el dinamización de la economía y en la generación de empleos, que finalmente beneficia a la ciudadanía.
“Tenemos que recordar en primer lugar, que estos son compromisos asumidos, en segundo lugar, estas empresas, estas industrias sostienen a cientos de miles de paraguayos, son las que pagan los salarios, son las que dinamizan nuestra economía, son las que cuando se construye una ruta hacen que se compre de la despensa, en el supermercado local y es fundamental saldar estas deudas, honrar estos compromisos para poder mejorar la situación del dinero circulante en Paraguay”, apuntó.
Por otra parte, se refirió a la designación de Óscar Lovera al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ya está en funciones, calificando de una segunda etapa no solo para la institución, sino también para el Gobierno.
“Yo interpreto esto como una segunda etapa en términos económicos, la primera que tenía que ver con el ordenamiento macro económico que reo que está cumplida, y hoy por hoy, la misión fundamental es hacer que los paraguayos sientan el dinero circulante, que tengan el dinero en su bolsillo, que le sea más fácil a la familia paraguaya llegar a fin de mes, y parte de eso es que el Estado pueda honrar sus deudas”, concluyó.
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Conocé cómo avanza la reconexión de Pilar con su frente fluvial
La fase C de la obra que encara la Defensa Costera de Pilar, incluirá una costanera, un parque lineal, ciclovías, senderos peatonales, zona de playa paisajismo y más.
La ciudad de Pilar dio un nuevo paso en su proceso de transformación urbana con la socialización de la tercera fase de la Defensa Costera, que incorpora la construcción de una avenida Costanera y un parque lineal para reconectar la ciudad con su frente fluvial.
La jornada reunió a cerca de 70 participantes, entre vecinos, autoridades y técnicos, quienes accedieron a los detalles del proyecto, sus plazos de ejecución y las medidas socioambientales previstas para intervención que redefinirá la ribera.
La nueva etapa apunta a cambiar la fisonomía de la ciudad con una infraestructura que combina conectividad, espacio público y desarrollo turístico. El plan incluye desde una avenida costera de alto estándar, un parque lineal con áreas recreativas, ciclovías y senderos peatonales.
Asimismo, está contemplado la recuperación de la zona de playa, iluminación eficiente, paisajismo, y un sistema de drenaje vial. La propuesta incorpora además criterios de movilidad sostenible, con espacios pensados para el uso ciudadano y el esparcimiento.
La obra representa una inversión de G. 267.716 millones, financiada por el gobierno nacional, y está a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.
Lo interesante del proyecto, es que más allá de ser una obra de envergadura, busca redefinir la relación de Pilar con su río, combinando infraestructura, espacio público y potencial turístico en una de las principales apuestas urbanas del sur del país.
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Argentina: aprueban reforma de la ley de glaciares para impulsar la minería
El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves una iniciativa del presidente Javier Milei que habilita a las provincias a redefinir las áreas de protección de los glaciares para ampliar la explotación minera, pese a la resistencia de activistas ambientales.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate. La reforma ya había sido aprobada por el Senado en febrero.
“A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, dijo Milei en un comunicado tras la votación.
El mandatario ultraliberal sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras: “Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, celebró.
El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.
En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”. Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.
Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.
En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
“Progreso”
Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos” respecto a las áreas bajo protección y devolverá a las provincias la facultad de decidir sobre sus recursos.
“No debemos caer en la trampa de los antimineros que pretenden oponer minería y ambiente”, dijo el diputado Carlos Jaime Quiroga, de San Juan, que aseguró que la nueva ley “permitirá traer progreso y desarrollo a distintas regiones del país”.
Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).
La sanción de la reforma es un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien impuso una flexibilización laboral en febrero pese a reiteradas protestas callejeras. El mandatario ultraliberal busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de cobre, litio, oro y plata, y cita con frecuencia como ejemplo al vecino Chile, primer productor mundial de cobre en la misma cordillera.
Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030. Ferraro sostuvo en su discurso que “es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”.
Agua “en peligro”
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a la AFP que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70 % de los argentinos”.
El director del Ianigla, Pablo Villagra, consideró que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia”.
En la mañana del miércoles, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a “no traicionar a los argentinos”. Siete personas fueron arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.
“La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación”, dijo a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina.
Fuente: AFP