Unos 6.183 millones de guaraníes, equivalentes a US$ 933.000, recibió la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) en concepto del tercer pago de intereses por bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), según un informe del Ministerio de Hacienda.
La Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (Sseaf) detalló que este pago corresponde a la octava inversión realizada el 22 de noviembre del 2018, a tres años de plazo, con una tasa de interés del 6,20 por ciento, con pagos semestrales y amortización del capital al vencimiento.
Te puede interesar: Beltrán Macchi: “Se ha aportado liquidez por casi un billón de dólares”
Agrega que en el ejercicio fiscal 2020, la Caja Fiscal ya percibió la suma de 37.233 millones de guaraníes (5,6 millones de dólares), en concepto de intereses por las diversas inversiones realizadas.
Igualmente se menciona en el informe que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones “ha percibido la suma de 360.680 millones de guaraníes (54 millones de dólares), en concepto de intereses generados por las inversiones que se han realizado desde el año 2013 hasta la fecha”.
Leé también: Liz Cramer: “No podemos tener dos regímenes de turismo”
Dejanos tu comentario
Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla. En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
EN ETAPA DE JUICIO ORAL
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto”. Señala que “dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal”. Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
MÁS INVOLUCRADOS
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones. Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso.
En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
Dejanos tu comentario
Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
El fiscal Andrés Arriola, de la unidad especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“. Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".
Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones.
Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso. En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
Dejanos tu comentario
Capaco valora que el Gobierno asuma intereses de la deuda con constructoras
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del gobierno de asumir los intereses generados por las deudas con el sector, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pendientes.
Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso importante en medio de la situación que atraviesan las constructoras. “Se valora la importancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remarcaron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.
En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.
Leé también: Sector industrial pide que “economía de guerra” se traduzca en menos gasto público
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al mecanismo de cesión de deuda (factoring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es utilizado por las empresas para adelantar el cobro de certificados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que generan los atrasos en los pagos.
Además, el Gobierno también definió cómo se abordarán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto importante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitaciones presupuestarias actuales. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones destinados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millones. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financieros”, señaló.
Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sostener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atrasos en los pagos.
Te puede interesar: BCP habilita plataforma web para consultar el estado de deuda crediticia
Dejanos tu comentario
Fiscal imputó a funcionarios de la Senad por quebrantamiento de depósito
El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.
Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.
El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.