Unas 430 industrias fueron verificadas en la primera semana de la cuarentena inteligente para corroborar el cumplimiento de medidas de prevención del COVID-19, en la que se observaron un buen acatamiento del decreto presidencial que flexibiliza las restricciones de circulación.
Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a lo largo del período de paro total fueron inspeccionadas 1.700 firmas, en las que se controlaron la aplicación del protocolo sanitario básico de lavado de manos y uso de tapabocas, además de la observación de síntomas y el respeto al distanciamiento físico entre los empleados.
En conferencia de prensa virtual realizada este viernes, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, informó que hubo una respuesta positiva de parte de los industriales en cuanto a las garantías otorgadas a los obreros para la protección contra el contagio del coronavirus. Asimismo manifestó que disminuyeron los pedidos de suspensión laboral, en coincidencia con la reanudación gradual de las actividades.
En relación a las faltas halladas durante las inspecciones, Bacigalupo mencionó que se observó el uso de marcación biométrica en algunas empresas, por lo que se sugirió otro tipo de control de asistencia.
Dijo que también se constató que varias empresas no cuentan con el termómetro infrarrojo, aunque aclaró que su uso es opcional, pero está recomendado por el Ministerio de Salud Pública. Finalmente insistió en la necesidad de mantener el trabajo por cuadrillas, respetando el aislamiento físico entre los obreros y ante cualquier síntoma de la enfermedad comunicar a las autoridades sanitarias.
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Destacan rol de Superintendencia de Salud en el control del sistema sanitario
La tarea ejercida por organismos de control en el sistema sanitario de un país es fundamental a la hora de una entrega de calidad de los servicios médicos que reciben los pacientes.
Por ello, es crucial entender el rol de la Superintendencia de Salud, organismo responsable del control y regulación de todo el sistema sanitario nacional, ya sea público, privado o mixto.
En efecto, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Carlos Melgarejo Palacios, explicó que la institución supervisa desde clínicas, sanatorios y centros especializados, hasta empresas de medicina prepaga, más conocidas como seguros médicos.
“Este es el eje de la Superintendencia”, afirmó, destacando la importancia del registro y la fiscalización como herramientas clave para asegurar servicios médicos seguros y profesionales habilitados.
Según el procedimiento establecido por ley, toda institución de salud debe ser primero habilitada por el Ministerio de Salud Pública, como dicta el Código Sanitario y, posteriormente, registrada ante la Superintendencia.
Este registro incluye información sobre el establecimiento y el plantel médico, permitiendo verificar si los profesionales están realmente habilitados para ejercer.
“Así podemos saber quién es el regente y si el sanatorio o clínica cumple con las condiciones y quiénes son los médicos que van a atender allí”, explicó Melgarejo.
El funcionario explicó que la labor no se detiene ahí. Luego del registro, la Superintendencia realiza un proceso de categorización, que define el nivel de complejidad de cada institución en función de su infraestructura y la experiencia de su personal. “No es lo mismo una clínica pequeña que un centro especializado. Para eso contamos con equipos fiscalizadores que aplican los manuales vigentes para determinar su categoría”, añadió el superintendente.
El tercer y más ambicioso paso es la acreditación, un proceso que evalúa la calidad del servicio médico, tanto en términos de infraestructura como de atención al paciente.
“La Superintendencia tiene 25 años de funcionamiento, y en todos estos años, no se realizó nunca un proceso de acreditación, no tenemos registrado ninguna acreditación aún en el Paraguay. Estamos terminando un proceso largo de elaboración de un nuevo manual de acreditación, también de categorización, pero la acreditación lo queremos realizar y terminar por primera vez en la historia, por lo menos a fin de año, y acreditar unas 10 a 50 instituciones”, refirió el superintendente.
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La entidad de control tiene la facultad de realizar auditorías médicas, contables y jurídicas, ya sea de oficio o a partir de denuncias. Estas auditorías se realizan en instituciones públicas y privadas para asegurar que se cumplan las normativas y estándares establecidos.
Policía sanitaria es inviable
Mientras se discuten nuevas propuestas legislativas sobre la creación de una “policía sanitaria”, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, advierte sobre los riesgos de duplicar funciones y crear estructuras estatales paralelas que podrían resultar inviables y costosas para el país.
“Yo estuve leyendo el proyecto de ley presentado, y hay una superposición de funciones no solo con la Superintendencia, sino también con otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el CONES, e incluso con atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República, para mi es inviable”, señaló Melgarejo. Desde su experiencia, considera que antes de agrandar el Estado, deberíamos fortalecer las instituciones ya existentes, como la Superintendencia.
“La ciudadanía se queja de que el Estado no funciona, entonces, ¿por qué crear otra institución? Fortalezcamos la que tenemos. No creamos un Ministerio Público paralelo porque el actual tenga deficiencias”, sostuvo el profesional.
El Dr. Melgarejo reconoce que la Superintendencia no está exenta de limitaciones importantes, tanto presupuestarias como de recursos humanos. “Tenemos una gran falencia en personal. Actualmente, más del 20 % de nuestra capacidad está desplegada en Misiones e Itapúa para fiscalizar establecimientos de salud. Eso representa un gran esfuerzo para nuestro pequeño equipo”.
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Sedeco fiscalizará el acatamiento de la nueva normativa sobre combustibles en estaciones de servicio
La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) socializó la actualización de la normativa sobre combustibles que obliga a los emblemas a informar de forma clara y visible tanto los tipos como los precios de los hidrocarburos. Realizarán fiscalizaciones para controlar el acatamiento de la resolución, dando un plazo de 4 meses para la adecuación de carteleras y publicidades.
Alejandro Apuril, director de Transparencia de la Sedeco, afirmó que la nueva resolución busca un comercio más transparente de los combustibles y también que se ofrezcan productos de la mejor calidad, en línea con el decreto presidencial 3.241/2025, que establece nuevas especificaciones técnicas para los combustibles líquidos derivados del petróleo.
Entre los principales cambios que estipula el nuevo decreto, figura la recategorización de las gasolinas comercializadas, que ahora estarán identificadas como RON 88 (Rojo), 93 (Amarillo), 97 (Azul) y 98 (Verde); la reducción del contenido de MTBE (Éter Metil Tert-Butílico) al 1% v/v; la disminución del contenido de azufre a un máximo de 100 ppm en promedio, entre otros aspectos.
Según explicó Apuril a la 920 AM, Sedeco publicó la resolución 871/2025 en junio pasado y los emblemas tendrán 4 meses de tiempo para ajustarse a la nueva disposición y actualizar sus carteleras y publicidades.
“Se realizarán las fiscalizaciones y se estará advirtiendo a los emblemas que no estén cumpliendo, pero no podrán ser sancionados porque tendrán cuatro meses para adecuar su cartelería y la publicidad que están realizando”, dijo el funcionario.
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Defensa fortalecerá sistema de inteligencia militar con cooperación de Colombia
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, adelantó que las Fuerzas Armadas de Colombia cooperarán con las Fuerzas Militares de Paraguay para ampliar y fortalecer el batallón de inteligencia militar, con especialistas en polígrafos para el control de sus filas. El ministro se refirió al caso de dos militares detenidos en el marco del operativo “Barret” en el departamento de Canindeyú, que estarían ligados con la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
“Nosotros tenemos, por ejemplo, el uso del polígrafo para detectar a las personas que no tienen integridad, pero tenemos que mejorar eso y estamos haciendo el esfuerzo. En las próximas semanas, en unos quince días, van a llegar especialistas de las Fuerzas Armadas de Colombia para ayudarnos a ampliar el espectro, y sobre todo a fortalecer al batallón de inteligencia militar, en es aspecto de los especialistas poligrafistas”, refirió el secretario de Estado, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Afirmó que desde la institución no se tolerará que en sus filas que se encuentren uniformados que se involucren en hechos ilícitos y sostuvo que se realizan los controles pertinentes para inspeccionar las actuaciones de los mismos y en el caso que se involucren en hechos irregulares será puestos a consideración de la justicia, tanto ordinaria como militar.
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“No tenemos ninguna duda de que en caso de que haya un personal militar involucrado, ese personal debe ser sancionado, debe ser puesto a disposición de la justicia, en este caso a cargo de la justicia ordinaria y otros a la justicia militar”, apuntó.
“Nosotros desde un principio, estamos decididos a actuar de frente contra el crimen organizado, más que de frente, con decisión, y si hay que limpiar, sea lo que fuese, hay que limpiar, porque de lo contrario nuestra lucha va ser totalmente inocua, no va a tener ningún resultado. Estamos convencidos de que el control efectivo y objetivo es el que va llevarnos verdaderamente hacia la limpieza de gente que está enmarcada en la tarea de la lucha contra el crimen organizado. Tenemos que tomar medidas objetiva”, aseveró González a Nación Media.
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Sector formal acata aumento del salario mínimo, informalidad es el desafío, dice viceministro
Desde este martes empezó a regir el reajuste del 3,6 % del salario mínimo vigente. El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que en el sector formal no existen inconvenientes en cuanto a la aplicación de esa diferencia. Sin embargo, el desafío está en el sector informal, que ocupa el 62 % de la población trabajadora.
Segovia explicó que del universo de aproximadamente 1.700.000 asalariados en el país, el 16 % gana el salario mínimo, mientras que el 41 % no llega a ese monto y el 43 % percibe remuneraciones superiores. “La gente que está en el sector formal sí cumple. Nuestro gran problema sigue radicado en el sector informal”, expresó respecto al cumplimiento del reajuste.
El 41 % representa una masa de aproximadamente 702 mil trabajadores que reciben menos del salario mínimo legal establecido para el sector privado. “Puede ser porque es de tiempo parcial, que también es una figura que está establecida en el Código Laboral, o si no, efectivamente, porque ‘está en negro’, como se dice habitualmente”, indicó a la radio 970 AM/Nación Media.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, la tasa de informalidad en el país alcanza el 62 %. “Eso no quiere decir que ese 62 % gane menos al mínimo, eso quiere decir que capaz no tienen IPS, pero ganan el mínimo, capaz trabajan más de las 8 horas diarias, pero ganan al mínimo”, explicó.
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Asegurados
Pese a los desafíos del mercado laboral, el subsecretario de Estado consideró alentador el aumento sostenido en el número de trabajadores cotizantes al IPS. Actualmente, la cifra se aproxima a los 800.000, un número que nunca antes se había alcanzado.
En este sentido, remarcó que este incremento responde, en gran parte, a programas sociales impulsados por el Ejecutivo, como Hambre Cero, que promueve la formalización laboral en diversos sectores.
Recordó que en febrero pasado se inició un operativo de verificación del cumplimiento de las condiciones laborales en el marco del programa Hambre Cero. En la primera etapa, se detectaron apenas 5.019 trabajadores registrados en el IPS entre las 29 empresas adjudicadas por licitación pública. La cifra fue considerada baja, lo que motivó una serie de acciones correctivas, que ayudaron a que se inscriban cerca de 21.000 trabajadores al seguro social.
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Denuncias
Para reforzar los mecanismos de control, el Ministerio de Trabajo habilitó diversos canales de denuncia para reportar el incumplimiento del pago del salario correspondiente.
Las denuncias pueden realizarse a través del portal institucional, vía telefónica al número 0993-300-800, o en forma presencial en las sedes del Ministerio, tanto en la capital como en otras cabeceras departamentales.