El fiscal Luis Piñánez aclaró que los audios filtrados y divulgados en medios de comunicación, que son atribuidos a los senadores Norma Aquino “Yamy Nal” y Javier “Chaqueñito” Vera, solamente sirven como indicios o sospecha, que permiten iniciar una investigación, pero que no pueden ser utilizados como elementos probatorios.

“Muchas veces surge la información y a través de las mismas se tiene un camino, un canal de investigación para que mediante de otros medios de prueba se pueda certificar esa información”, indicó el agente de Delitos Económicos y Anticorrupción, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En los audios, ambos legisladores hablan sobre una supuesta sobrefacturación en la compra de ascensores para el Congreso Nacional y un reparto de dicha donación, equivalente a USD 8 millones. En el citado audio, la senadora Aquino decía a Vera que la donación de Taiwán iba a ser repartida entre los senadores Basilio Núñez, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio Ovelar y Natalicio Chase.

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La apertura de una causa penal se fundamenta en el memorando D.G.F. n.º 914, emitido el 15 de setiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.

De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública. “Ayer lunes se iniciaron los primeros actos investigativos en aras de buscar la certeza en cuanto a las informaciones que se tienen”, comentó Piñánez.

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El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán afirmó que el pedido de extradición realizado por las autoridades mexicanas radica exclusivamente sobre Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. El capo narco se mantenía oculto en Paraguay en compañía de su esposa Verónica Encalada de Bermúdez.

“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autoridades mexicanas, yo no tengo ninguna petición extendida a ningún familiar de Bermúdez, el caso es exclusivamente con respecto a él“, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El hombre de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado en la madrugada del pasado sábado mediante un operativo ejecutado entre instituciones paraguayas y mexicanas, en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento.

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Durante su detención, Bermúdez Requena, se encontraba acompañado por su esposa, quien según las informaciones proveídas no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se desempeñaba como servicio doméstico.

“Lógicamente las autoridades locales en el orden migratorio y policial estarán haciendo las averiguaciones con respecto a la permanencia de la esposa y otros familiares en Paraguay. Pudimos corroborar que no hay ningún elemento que nos permita decir que nos mentía (la trabajadora doméstica), nos entregó el teléfono, revisamos. Ambas se quedaron en la casa y le llevamos a Bermúdez”, dijo.

Este lunes, fue dada a conocer la información desde la Secretaría Nacional Antidrogas, que un sobrino de Bermúdez Requena, también se encuentra detenido en Paraguay, en un caso judicial relacionado con juegos de azar ilegales.

“Tengo entendido que existen dos causas en Paraguay vinculadas a su sobrino, es una información que surgió ahora para mí, hablé con los fiscales Marcelo Zaldívar y Aldo Cantero, para pedirles informes sobre los casos. El sobrino tiene su juicio oral el viernes y me tocará hacer la parte de intercambio de información con las autoridades mexicanas a los efectos de ver si existen otras cuestiones que deban ser tenidas en cuenta”, puntualizó.

Por otra parte, Doldán mencionó que Bermúdez Requena se encuentra recluido en una celda transitoria de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). “Esto fue decidido el domingo por el juez Osmar Legal, es una cuestión atendible por su alto perfil, además tiene 72 años de edad. Aparte de esto tenemos que transitar los primeros pasos de la extradición para saber su comportamiento procesal”, dijo.

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El agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que el Ministerio Público realizó nuevas acciones dentro de la investigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, y que no se limita solo al requerimiento de informaciones al gobierno de la islas Seychelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colorado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informaciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determinar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuentas bancarias del país localizado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 a 5 países, pero por cuestiones de investigación no quiero hablar sobre los países”, indicó Doldán, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fiscal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles pedidos de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad central que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomática, entonces yo inmediatamente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad central que es la legal y vía Cancillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

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La apertura de una investigación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44.Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Señala que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira. Mientras quela segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe confidencial, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran también como beneficiarios finales Abdo Benítez y Lopéz Moreira. Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

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El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) dio a cono­cer en el informe de Situa­ción Financiera (Situfin) que a agosto, la inversión pública acumulada se ubicó en 1,4 % por encima del nivel regis­trado en el mismo periodo de 2024.

En términos absolutos, sumó G. 3.756 mil millones, unos USD 480 millones, equivalen­tes al 1% del producto interno bruto (PIB). La tasa de ejecu­ción de la inversión pública es del 39,4 % a agosto, superior al promedio del quinquenio 2014-2018 (previo a las excep­ciones de la Ley de Responsa­bilidad Fiscal).

Respecto al gasto total acu­mulado, este aumentó un 6,2 %, manteniéndose un ritmo desacelerado. El crecimiento fue impulsado principal­mente por remuneraciones y prestaciones sociales.

Los salarios financiados con ingresos tributarios se ubicó en el 61,2 %, por debajo del mínimo histórico y quedó de la siguiente manera: educa­ción con 36 %, salud 20 %, poli­cías y militares 24 %, Poder Judicial 10 %, Poder Legis­lativo 2 %, Poder Ejecutivo (resto) 7 %.

Al cierre de agosto de 2025, el déficit fiscal acumulado alcanzó G. 2.962 mil millones (USD 388 millones), equiva­lente al 0,8 % del PIB. La evo­lución de este indicador refleja la combinación de un dina­mismo favorable en los ingre­sos, un ritmo de gasto conte­nido y una inversión pública que avanza dentro de la senda de convergencia fiscal trazada. El resultado fiscal anualizado, que considera los últimos doce meses, se ubicó en G. -8.730 mil millones, registrando una reducción respecto al déficit del mes anterior de G. 236 mil millones aproximadamente.

Los ingresos totales de la Administración Central acu­mularon a agosto un creci­miento del 5,7 % interanual, impulsados principalmente por la recaudación tributaria. Este desempeño permitió sos­tener la dinámica de las arcas públicas pese a la caída de otras fuentes de financiamiento, en particular los aportes no tribu­tarios y binacionales, que regis­traron bajas significativas.

El componente tributario mos­tró un comportamiento sólido, con un incremento acumulado del 9,9 % respecto al mismo período de 2024, alcanzando una variación interanual del 10,8 % en agosto.

La recaudación se vio favo­recida por el buen desem­peño tanto de los impuestos internos, que crecieron 8,1 % en el acumulado, como de los externos, que avanzaron 12,5 %. El IVA, el impuesto a la renta empresarial (IRE) y los aranceles tuvieron un aporte clave en esta evolu­ción, reflejando la fortaleza del consumo interno y del comercio exterior.

Gremios de la construcción coinciden en que una reducción de presupuesto puede aumentar deuda con contratistas.

Los gremios de la construc­ción afirman que el sector atraviesa una doble realidad, ya que mientras el sector pri­vado mantiene un repunte en los proyectos residenciales, corporativos e industriales, la infraestructura pública tiene una menor ejecución, por lo que consideran clave el Pre­supuesto General de la Nación (PGN) 2026. La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Aso­ciación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobilia­rios (Capadei) coincidieron en que una reducción en la inversión pública podría pro­fundizar la caída de las obras estatales, aumentar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que la actividad privada sostiene gran parte de la dinámica económica.

Paul Sarubbi recordó que Paraguay arrastra una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, señaló que la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos dispo­nibles y golpea directamente a la construcción y su cadena de valor.

Por su parte, el presidente de AproCons, Pablo Rivarola, coincidió en que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario pre­visto para el 2026 agravará esa situación. Destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado sigue mos­trando dinamismo, con pro­yectos inmobiliarios de gran porte en el Gran Asunción y la incorporación de tecnolo­gías que optimizan costos y calidad en las construcciones.

El presidente de Capadei, Raúl Constantino, dijo que el sector privado logró consoli­dar inversiones en proyectos residenciales, corporativos e industriales, pero enfrenta obstáculos que podrían enfriar su crecimiento. “Por un lado está el sector de obra pública, con significativa reducción en las inversiones y dificultades para el cobro de deudas. Por otro, la construc­ción privada, que mantiene un crecimiento sostenido”, señaló.

Entre los principales desa­fíos mencionó la falta de cré­ditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámi­tes y los controles al movi­miento de capitales, factores que dificultan las operaciones y la atracción de comprado­res extranjeros. Los gremios coincidieron en que el desa­fío del Gobierno será compa­tibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de mante­ner la inversión en infraes­tructura pública. Sin medidas que equilibren ambos obje­tivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto a la competitividad del país como al empleo que genera la construcción.