Las recaudaciones tributarias acumuladas hasta el mes de abril del presente año fueron de un total de G. 3,87 billones, 19,6% menos que el mismo periodo del periodo anterior cuando los ingresos alcanzaron la suma de G. 4,81 billones, según el comunicado emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Desde la cartera fiscal indicaron que durante el mes de abril se registró una disminución del 54,1% en los ingresos efectivos.
Considerando la disminución de la actividad económica y el traslado de los vencimientos del mes de abril a mayo, adoptado por el Estado paraguayo en su tarea de enfrentar y frenar los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en la economía local, la institución logró recaudar unos G. 660.507 millones (US$ 102 millones) en dinero en efectivo y aproximadamente G. 47.084 millones (US$ 7 millones) en compensaciones con créditos fiscales. Es decir, la suma total de ingresos en el cuarto mes del año fue de G. 707.591 millones.
A pesar de la coyuntura económica que vive actualmente el país, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue la imposición que mayor dinamismo económico generó en el primer cuatrimestre, ya que registró ingresos al fisco por un valor total de G. 2,37 billones. Esta cifra representa una caída del 7,3% en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2019 cuando este impuesto recaudó aproximadamente G. 2,56 billones.
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La DNIT trabaja en la incorporación de IA para fortalecer controles
La administración tributaria incorporará inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y optimizar los controles. El proyecto, financiado por el BID y ejecutado en cinco años, apunta a que las nuevas capacidades estén plenamente operativas hacia 2030.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) prepara un salto tecnológico en su sistema de fiscalización. La institución trabaja en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y mejorar la focalización de los controles tributarios.
El proyecto cuenta con USD 30 millones de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tendrá un período de ejecución de cinco años. Actualmente se encuentra en proceso de implementación y, de acuerdo con lo explicado por el titular de la DNIT, Óscar Orué, la previsión es que las nuevas capacidades estén plenamente operativas hacia 2030.
La apuesta llega en un momento en que la administración tributaria gestiona volúmenes cada vez mayores de información y recursos. Entre enero y julio de 2026, la DNIT acumuló una recaudación de G. 25,8 billones, 2,1% por encima del mismo período de 2025, equivalente a G. 523.403 millones adicionales.
De la gestión de riesgos al control masivo. La DNIT ya utiliza sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de intercambio de información para construir perfiles de contribuyentes. Sobre esa base determina las acciones de control.
La siguiente etapa será incorporar IA para ampliar esa capacidad de análisis. El objetivo es que la tecnología permita procesar grandes volúmenes de información, encontrar patrones y contribuir a una selección más precisa de los controles.
La institución ya había planteado en su planificación la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial y big data para potenciar la capacidad de control, análisis de datos y gestión de riesgos de cumplimiento.
Una inversión con horizonte 2030. Los USD 30 millones representan una inversión de largo plazo en las capacidades tecnológicas de la administración tributaria. La ejecución se extenderá durante cinco años y las nuevas herramientas tienen como horizonte de plena operatividad el año 2030.
El proyecto forma parte de una transformación más amplia orientada a facilitar el intercambio de información, fortalecer los mecanismos de control y avanzar hacia procesos más eficientes y basados en datos.
El cambio apunta, en definitiva, a que la DNIT pueda aprovechar mejor la información que ya genera y recibe para gestionar los riesgos tributarios y focalizar sus controles.
La inteligencia artificial pasa así de ser una herramienta de innovación a convertirse en parte de la infraestructura con la que la administración tributaria busca gestionar una economía cada vez más digital y un universo creciente de información.
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Gobernaciones y municipalidades recibieron más de G. 2 billones, reporta el MEF
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer su reporte de transferencias a las gobernaciones y municipalidades, al cierre de julio del presente ejercicio. Los gobiernos regionales y locales recibieron más de G. 2 billones, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF).
Las gobernaciones recibieron un total de G. 1.408.323 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 595.837 millones durante estos siete meses del año, datos que están disponibles en la web institucional. Para una mayor precisión, la cifra global es de G. 2.004.160 millones, lo que representan unos USD 333,4 millones, al cambio actual.
Los recursos desembolsados provienen de royalties, Impuesto al Valor Agregado (IVA), que corresponde a Fuente 10 Recursos del Tesoro, canon por juegos de azar, entre otras compensaciones.
Para hacer seguimiento de las transferencias que recibe cada Municipio o Gobernación, la ciudadanía puede ingresar a este enlace.
Pagos arrancan este lunes
El MEF informó durante la semana que los desembolsos de salarios y otros emolumentos comenzarán este lunes 24 con los veteranos, pensionados y beneficiarios del programa Adultos Mayores.
El martes 25 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el miércoles 26 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Posteriormente, el cronograma dado a conocer continuará el jueves 27 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; el viernes 28 proseguirá con servidores públicos del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales; mientras que el lunes 31 de agosto se abonarán los Servicios Personales pendientes.
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Al cierre de julio las exportaciones del complejo soja generaron USD 1.020 millones más
El país exportó 6,8 millones de toneladas de soja en grano y mantiene una fuerte concentración de sus envíos en Argentina y Brasil.
Motor de las exportaciones. Al cierre de julio, los envíos de soja en grano, harina y aceite generaron USD 3.513 millones, unos USD 1.020 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando habían ingresado USD 2.493 millones.
El salto responde principalmente al mayor volumen exportado durante este año. La asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) , Sonia Tomassone, destacó que este incremento en el ingreso de divisas tiene un efecto positivo sobre la economía nacional, debido al peso que tiene la cadena sojera en diferentes sectores productivos.
El principal protagonista fue el grano de soja. Paraguay exportó 6,8 millones de toneladas hasta julio, que generaron USD 2.648 millones. Frente al mismo periodo del año pasado, esto representa un aumento de 1,9 millones de toneladas y USD 870 millones adicionales en ingresos.
Los envíos de aceite de soja alcanzaron 390.705 toneladas, frente a las 367.259 toneladas exportadas en el mismo periodo de 2025, y generaron USD 432,3 millones.
En tanto, las exportaciones de pellets o harina de soja llegaron a 1.418.492 toneladas, por encima de las 1.247.445 toneladas del año anterior, con ingresos de USD 432,1 millones.
Mercados de destino. Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal comprador del complejo sojero paraguayo, con el 89 % de participación, mientras que Brasil representa otro 8 %. El 3 % restante se distribuye entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur.
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Economistas plantean focalizar el gasto social para recuperar la salud fiscal
La situación fiscal de Paraguay exige revisar la estructura del gasto público y priorizar el uso de los recursos, ante un presupuesto descalzado y perspectivas de menores ingresos. El análisis fue realizado por la economista senior de Mentu, Martha Coronel, y el economista y exministro de Hacienda, Manuel Alarcón, durante una entrevista en el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media.
Coronel señaló que el descalce presupuestario para 2026 no responde únicamente al comportamiento del tipo de cambio. A su criterio, también debe revisarse la política de contratación del Estado y el crecimiento de las remuneraciones, además de la eficiencia de las compras públicas.
La economista cuestionó que continúe la incorporación de funcionarios sin que necesariamente se traduzca en mejores capacidades para prestar servicios públicos y ejecutar proyectos de infraestructura e inversión en capital humano. También planteó revisar los posibles sobrecostos derivados de los atrasos del Estado en sus pagos.
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En cuanto a los programas sociales, Coronel sostuvo que existen políticas que deben mantenerse, pero que su sostenibilidad depende de que puedan ser financiadas con los recursos disponibles. Ante un escenario de menores ingresos y obligaciones que ya forman parte del gasto corriente, consideró necesario modificar el enfoque y avanzar hacia una focalización de las políticas sociales.
Alarcón coincidió en la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y advirtió que la sostenibilidad debe ser el eje de las decisiones. Señaló que, cuando los recursos son escasos, el Estado debe identificar previamente a los sectores más vulnerables para dirigir hacia ellos la asistencia.
El exministro sostuvo que esta focalización puede ser necesaria mientras los ingresos permanezcan limitados, con la posibilidad de ampliar nuevamente las políticas a medida que la economía crezca, aumenten las inversiones y mejoren los ingresos tributarios.
Ambos planteamientos apuntan a una misma necesidad, la de mejorar la calidad y eficiencia del gasto antes de comprometer nuevas obligaciones. Alarcón advirtió que si los programas sociales no cuentan con una fuente de financiamiento sostenible, el riesgo es que, a futuro, el Estado termine sin capacidad para mantenerlos.
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