Durante el primer semestre del 2026, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recibió casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, cifras que reflejan un importante incremento en la demanda de sus servicios. En el mismo periodo, la gestión conciliatoria permitió recuperar más de G. 1.000 millones a favor de consumidores afectados por distintos incumplimientos, de acuerdo con el reporte de la institución.

Según el informe institucional, las consultas crecieron un 136 % respecto al mismo periodo del 2025, impulsadas por el uso de canales digitales como WhatsApp, el chatbot, el formulario disponible en la página web y la atención telefónica. En tanto, los reclamos aumentaron un 57 %, ingresados exclusivamente a través del formulario digital.

La ministra de la Sedeco, Sara Irún, atribuyó este crecimiento a una mayor confianza de la ciudadanía en la institución. “El aumento de consultas y reclamos demuestra que cada vez más personas conocen sus derechos y confían en la Sedeco para buscar una solución. Nuestro desafío es responder con eficiencia, cercanía y resultados concretos para los consumidores”, expresó.

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La institución destacó que, mediante los procesos de conciliación, logró recuperar más de G. 1.000 millones para los consumidores, lo que representa un incremento del 39 % frente al primer semestre del año pasado. Los montos corresponden tanto a devoluciones por cobros indebidos como a reposición de bienes, reparaciones, cambios de productos y reembolsos.

Asimismo, la Sedeco señaló que más del 94 % de los casos concluyeron con acuerdos conciliatorios entre consumidores y proveedores. Para Irún, este resultado evidencia que el diálogo constituye una herramienta efectiva para resolver conflictos y contribuir a un mercado con mayor equilibrio entre las partes.

El sector de servicios financieros y seguros lideró el ranking de reclamos con el 19 % del total, seguido por telecomunicaciones (12 %), electrodomésticos y productos electrónicos (11 %), sector automotor (6 %) y transporte (5 %). En conjunto, estos cinco rubros concentran cerca del 54 % de las denuncias recibidas durante el semestre.

En servicios financieros predominaron las denuncias por gestiones de cobranza abusivas, hostigamiento y cobros indebidos. En telecomunicaciones se reportaron inconvenientes relacionados con cambios de tarifas, errores de facturación, promociones engañosas y dificultades para cancelar servicios. En tanto, en el rubro de productos electrónicos y electrodomésticos, los principales conflictos estuvieron vinculados a garantías, reparaciones y servicios de posventa.

Durante el primer semestre, la Sedeco realizó 226 fiscalizaciones en todo el país, principalmente en minimercados y supermercados, turismo, gastronomía, librerías, comercios de electrodomésticos y farmacias. Como resultado de estos controles, dispuso cinco cierres temporales preventivos de establecimientos que presentaban riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, medidas que posteriormente fueron levantadas tras verificarse el cumplimiento de las mejoras exigidas.

En paralelo, la institución fortaleció su programa de educación al consumidor mediante capacitaciones virtuales y presenciales sobre fraudes digitales, servicios financieros, derechos del consumidor, ciberseguridad, consumo sostenible y formalización de mipymes, entre otros temas.

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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) suscribieron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer acciones vinculadas a la economía circular, el consumo sostenible y la promoción de modelos de producción más responsables.

El acuerdo contempla el desarrollo de capacitaciones, el intercambio de información, la difusión de buenas prácticas empresariales y el acompañamiento a iniciativas de innovación sostenible, con miras a contribuir a la construcción de mercados más competitivos, transparentes y alineados con las nuevas demandas de los consumidores.

La alianza representa un paso importante que va más allá de la protección tradicional al consumidor, ya que incorpora una mirada económica y ambiental, según destacó a La Nación/Nación Media el director de Capacitación y Comunicación de Sedeco, el economista Rodrigo Recalde.

“Esta firma tiene un impacto que trasciende la protección del consumidor. Desde el punto de vista económico, promueve un entorno más competitivo, donde las empresas que incorporan prácticas sostenibles e innovadoras generan mayor valor y responden a las nuevas demandas del mercado”, explicó.

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Recalde señaló que un consumidor informado también cumple un rol clave dentro de la transición hacia modelos más sostenibles, debido a que sus decisiones de compra pueden incentivar a las empresas a adoptar procesos más eficientes y responsables.

“Un consumidor mejor informado impulsa decisiones de compra más responsables, incentivando modelos de producción más eficientes y sostenibles. Ese es precisamente el objetivo que perseguimos desde Sedeco: formar consumidores informados y conscientes de que cada decisión de compra puede generar un impacto positivo, no solo en la economía, sino también en el ambiente y en el desarrollo sostenible del país”, afirmó.

Desde ambas instituciones resaltaron que la cooperación permitirá articular esfuerzos entre el sector público y privado para promover una cultura de sostenibilidad, fortaleciendo la competitividad empresarial y acompañando los desafíos que plantea un mercado cada vez más orientado hacia la responsabilidad ambiental y social.

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• Por Sofía Céspedes

La tecnología dejó de ser un complemento dentro del agro para convertirse en una herramienta central de competitividad. En un contexto marcado por la variabilidad climática, el aumento de los costos de producción y la necesidad de mantener rendimientos sostenibles, los productores paraguayos incorporan cada vez más herramientas digitales para optimizar sus decisiones y mejorar la eficiencia en el campo.

Hoy, conceptos como agricultura de precisión, monitoreo satelital, drones, sensores e inteligencia artificial forman parte de un proceso de transformación que avanza tanto en la agricultura extensiva como en otros rubros productivos. El objetivo es claro: producir más, utilizar mejor los recursos y reducir riesgos.

Según Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y actual asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), este proceso tiene sus raíces en la incorporación masiva de la biotecnología a comienzos de este siglo.

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“Fue el uso de la biotecnología lo que permitió el despegue de la agricultura paraguaya. Pasamos de producir aproximadamente 3 millones de toneladas (hace dos décadas) a cerca de 10 millones de toneladas en la actualidad”, afirmó en conversación con La Nación/Nación Media.

A partir de entonces, la adopción de nuevas tecnologías permitió consolidar sistemas como la siembra directa y la rotación de cultivos, impulsando una mayor productividad en rubros como soja, maíz y trigo.

La evolución tecnológica del agro paraguayo ya no se limita a la maquinaria tradicional. Actualmente, numerosos productores utilizan sistemas GPS y autoguiado de tractores, monitores de rendimiento instalados en cosechadoras y herramientas que permiten aplicar fertilizantes o semillas de manera diferenciada según las características de cada parcela.

Estas tecnologías generan información en tiempo real y permiten realizar intervenciones más precisas, reduciendo desperdicios y optimizando recursos. “La eficiencia productiva es fundamental para Paraguay. Y esa eficiencia solamente se logra con conocimiento y con el uso de tecnología”, sostuvo Bertoni.

A ello se suman drones y sistemas de monitoreo satelital que permiten observar el comportamiento de los cultivos, medir humedad del suelo, evaluar la cobertura vegetal y detectar problemas antes de que se traduzcan en pérdidas económicas.

La disponibilidad de datos climáticos también se convirtió en una herramienta estratégica para planificar siembras, cosechas y selección de variedades, especialmente en un escenario donde los eventos climáticos extremos tienen cada vez mayor incidencia sobre la producción.

En la horticultura, el avance tecnológico se observa principalmente en la automatización de sistemas de riego y en el uso de sensores para medir variables ambientales.

Edgar Frutos, especialista de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), explicó que cada vez más productores incorporan sistemas automatizados controlados por sensores.

Estas herramientas permiten ajustar la cantidad de agua utilizada según las necesidades reales de los cultivos y las condiciones ambientales. “El uso de sensores permite tomar mejores decisiones y optimizar recursos. Hoy podemos determinar si es necesario regar cinco minutos o veinte minutos, según las condiciones reales del cultivo”, indicó.

Actualmente, el MAG trabaja además en proyectos que utilizan drones multiespectrales y monitoreo satelital para la detección temprana de enfermedades, permitiendo actuar antes de que los daños sean visibles a simple vista.

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Frutos señaló que la tecnología se vuelve especialmente importante ante fenómenos climáticos como El Niño, que puede generar largos períodos de lluvia y humedad, aumentando el riesgo sanitario en los cultivos. En estos casos, los sistemas de monitoreo permiten realizar un seguimiento constante y reaccionar con mayor rapidez ante posibles amenazas productivas.

Aunque la transformación tecnológica avanza, todavía existen obstáculos importantes para ampliar su adopción.

El principal sigue siendo el costo inicial de inversión, especialmente para pequeños productores. Sin embargo, tanto Bertoni como Frutos coinciden en que estas herramientas tienden a amortizarse con el tiempo mediante mayores rendimientos, reducción de pérdidas y una mejor utilización de los insumos.

Además, cada vez más productores acceden a la tecnología mediante servicios tercerizados, alquiler de equipos o a través de cooperativas de producción que facilitan el acceso a herramientas avanzadas.

Otro desafío importante es la infraestructura. La falta de conectividad, energía eléctrica de calidad y caminos adecuados limita la utilización de tecnologías digitales en varias regiones productivas del país. “Hay zonas donde no se puede pensar en una utilización masiva de ciertas tecnologías por falta de internet, energía o infraestructura vial”, advirtió Bertoni.

La inteligencia artificial aparece como la próxima etapa de esta transformación. Aunque su uso todavía es incipiente, los especialistas consideran que tendrá un papel cada vez más relevante en el procesamiento de datos generados por sensores, drones e imágenes satelitales, ayudando a los productores a tomar decisiones más rápidas y precisas.

La tendencia, sin embargo, ya está en marcha. El agro local pasó de depender exclusivamente de la experiencia de campo a incorporar herramientas basadas en datos, monitoreo permanente y análisis digital.

Este sector sigue siendo uno de los principales motores de la economía nacional, y por ello, la tecnología se perfila como una de las claves para sostener la competitividad y enfrentar los desafíos de los próximos años.

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En conversación con La Nación, Eduardo Miyamoto, presidente de la Cooperativa Agroindustrial Colmena Asunción (Caica), explicó que la incorporación de tecnología en la producción frutihortícola avanza de manera gradual en La Colmena, aunque todavía existen limitaciones para una adopción más amplia de herramientas como los drones.

En cuanto al sistema de riego, señaló que la zona cuenta con una infraestructura que data de finales de la década de 1980, construida con apoyo de la cooperación japonesa.

El sistema utiliza agua que llega por gravedad y abastece principalmente a productores de hortalizas y frutas. Sin embargo, fue diseñado originalmente para unas 120 familias y actualmente es utilizado por más de 400, lo que genera una creciente presión sobre la disponibilidad del recurso hídrico.

Miyamoto comentó que algunos productores ya incorporan tecnologías más avanzadas, como sensores para monitorear el uso del agua y sistemas de fertirriego, que permiten aplicar nutrientes junto con el riego para mejorar la productividad de los cultivos.

Respecto al uso de drones, indicó que ya se realizaron algunas pruebas para tareas de fumigación, aunque los resultados todavía presentan limitaciones en determinados cultivos. Citó como ejemplo la producción de uva, donde las frutas se desarrollan por debajo de los parrales, dificultando que los productos aplicados desde el aire lleguen de manera uniforme a toda la planta.

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En el marco de la causa conocida como Tajy, el juez penal de garantías Osmar Legal otorgó al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, libertad ambulatoria e impuso medidas, la prohibición de salir del país y una fianza de G. 500.000.000. El líder del partido YoCreo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían desviados de los fondos municipales.

La audiencia se realizó tras dos años de sistemáticos incidentes o chicanas para impedir la imposición de medidas la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal, acusación presentada por fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.

Miguel Prieto y su entorno habrían realizado una compra simulada de alimentos a una firma unipersonal, denominada Tajy, propiedad de un construc­tor de pozo artesiano, al que el exintendente hizo pasar como proveedor de 50.000 kilos de harina, entre otros productos, en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid-19.

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El caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios cercanos, ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este, por un lado y, por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon compe­tencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido, Vanessa Floren­tín (Vanemi). El supuesto propietario se dedicaba en realidad a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso.

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