La Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco) abrió sumario administrativo para investigar presuntas irregularidades por parte de proveedores de supermercados y en el cobro diferenciado a personas que hacen compras a través de billeteras electrónicas.
“Hoy día nosotros tenemos iniciado un sumario administrativo de oficio contra proveedores de rubros de supermercados porque hicimos un monitoreo en capital y el área metropolitana y vimos que se estaban violentando los derechos de los consumidores con relación a ciertos productos”, señaló el ministro Marcelo Estigarribia, en declaraciones a Ñandutí.
Comentó que las fiscalizaciones realizadas por esta Secretaría también permitieron detectar que los centros de abastecimiento cobran un precio abultado a los clientes que realizan sus compras a través de las billeteras electrónicas. Esta modalidad de mercar ha sido utilizada por el Gobierno para efectivizar la ayuda monetaria dirigida a familias en situación de vulnerabilidad y trabajadores informales, a través de los programas sociales Ñangareko y Pytyvô.
“Estaban cobrando un porcentaje para las personas que pagaran con las billeteras electrónicas. Estaban vendiendo a un precio diferente, discriminando lo de la billetera electrónica”, aseveró.
Son 13 actas labradas por la Sedeco para dejar constancia de su actuación y de las presuntas violaciones del derecho del consumidor. Los centros de abastecimiento se exponen a sanciones tales como el cierre temporal, a resultas del sumario administrativo, alertó Estigarribia.
A través de su página Web, la Sedeco insta a los proveedores a mantener precios razonables, reduciendo al mínimo el margen de ganancias en los insumos básicos, de uso corriente durante esta pandemia del nuevo coronavirus que tiene un fuerte impacto en la economía familiar.
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Sedeco pide vetar la ley recientemente sancionada de restitución de pagarés
La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.
La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
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Sobre el punto, Irún confirmó en diálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.
Amplía el campo de acción
De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.
Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Sedeco despliega controles en Itapúa para acompañar a consumidores durante el WCR ueno Rally
La Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco) informó que se encuentra intensificando los controles en el departamento de Itapúa, y en ese marco, realizó dos intervenciones en comercios de Encarnación y Hohenau, tras constatar que se exigía un monto mínimo de compra para realizar pagos con tarjeta.
Durante este fin de semana, los equipos recorren establecimientos comerciales, gastronómicos y de diversos rubros de Nueva Alborada, Bella Vista, Capitán Miranda, Cambyretá y Encarnación, desarrollando tareas de fiscalización y sensibilización sobre el cumplimiento de la normativa vigente y los derechos de los consumidores.
“Con estas acciones, la Sedeco refuerza su presencia en Itapúa, promoviendo prácticas comerciales transparentes e información clara para consumidores, visitantes y turistas”, informaron desde la institución.
Las acciones se enmarcan dentro del Operativo Rally, con la visita a comercios, restaurantes y otros establecimientos de la zona, realizando acciones de prevención, orientación y concienciación dirigidas a proveedores, para acompañar al sector comercial, promoviendo relaciones de consumo más transparentes, seguras y responsables durante la competencia.
Asimismo, durante las visitas se colocan materiales informativos y se recuerdan aspectos fundamentales que deben respetarse durante este importante evento que reúne a miles de visitantes, como la correcta exhibición de precios, el acceso a información clara y completa y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los pagos con tarjetas de crédito y débito.
No se pueden aplicar recargos
Según informó la institución, en las relaciones de consumo comercial, los proveedores no pueden cobrar un precio mayor ni aplicar recargos por utilizar tarjetas de crédito o débito. En tanto, las condiciones aplicables a los medios de pago deben informarse de manera clara, previa y precisa, y no recién al momento de pagar.
Ante posibles irregularidades sugirieron tomar fotografías o capturas como evidencia, conservar la factura, el comprobante y los respaldos de la compra, además se podrá presentar el reclamo ante la Sedeco ingresando a la web.
Asimismo, conforme a la Resolución SDCU N.º 162/2026, esta prohibición no alcanza a los cobros realizados por el Estado en ejercicio de potestades públicas como tasas, impuestos, cánones u otros ingresos públicos sin fines de lucro, detallaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.