El Gobierno recurrirá a las alianzas público-privadas para la reactivación económica. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Benigno López, quien afirmó que se buscará el financiamiento para obras públicas.
El secretario de Estado mencionó que se precisará de medidas anticíclicas una vez superada la emergencia sanitaria, por lo que, según informó, ya se está trabajando en un plan de reactivación económica.
Explicó que el plan tendrá como eje proyectos de obras públicas principalmente. “Vamos a invertir en infraestructura pública necesaria y para ello vamos a buscar financiamiento adecuado y buscar alianzas público-privadas”, anunció.
La elaboración del plan fue encomendada al Equipo Económico Nacional, que deberá evaluar igualmente las medidas de financiamiento así como la capitalización de la banca pública y la creación de un fondo de desempleo, conforme manifestó el titular de Hacienda.
Desde el 4 de mayo, el Ejecutivo activará la denominada cuarentena inteligente, que permitirá la reanudación gradual de actividades bajo estrictas medidas de higiene y manteniendo el distanciamiento físico en los ambientes laborales.
En esta primera fase se contempla el pase libre al sector de la construcción civil y algunas fábricas. Habrá un lapso de 21 días de prueba y dependiendo del comportamiento de la ciudadanía se irá habilitando las demás fases, conforme anunciaron las autoridades nacionales. En tanto, las clases presenciales en las instituciones educativas están suspendidas hasta el mes de diciembre, lo anunció esta mañana el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
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Realizarán nueva consulta pública en Ñemby sobre proyecto APP de la ruta PY01
El proyecto de modernización de la ruta PY01 avanza con nuevas instancias de participación ciudadana en el marco de su ejecución bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP). El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la realización de una consulta pública el próximo 10 de abril en la ciudad de Ñemby.
La convocatoria está dirigida a pobladores de Ñemby, San Antonio, Ypané, Guarambaré e Itá, quienes podrán conocer detalles del proyecto y presentar sugerencias. Este proceso forma parte de la etapa previa a la ejecución de una obra considerada estratégica para la conectividad del país.
La iniciativa contempla el mejoramiento y la ampliación de un tramo de 108 kilómetros, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, uno de los corredores viales más transitados. El objetivo es agilizar la circulación, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.
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El impacto esperado es significativo. Se estima que los beneficios alcanzarán directamente a unas 2.600.000 personas en los departamentos Central y Paraguarí, además de generar efectos indirectos en zonas como Misiones e Itapúa. La obra apunta a fortalecer la logística, facilitar el comercio y dinamizar la economía en el sur del país.
Desde el MOPC destacan que la participación ciudadana es clave para ajustar el proyecto a las necesidades reales de la población. Por ello, estas consultas públicas buscan recoger opiniones que permitan mejorar el diseño y la implementación de la iniciativa.
En paralelo, ya se ejecutan trabajos de mantenimiento en el tramo intervenido. Entre las acciones recientes se incluyen tareas de bacheo en media calzada, principalmente en la zona de Paraguarí, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación mientras se avanza en el proyecto mayor.
También se realizan labores de limpieza y despeje de vegetación en la franja de dominio, con equipos distribuidos en distintos puntos del trazado.
La modernización de la ruta PY01 se posiciona como una de las obras más relevantes en materia de infraestructura, con el potencial de mejorar la movilidad y generar un impacto económico en varias regiones del país.
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Una app que convierte beneficios en uso real
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB) decidió dar un paso más allá del modelo tradicional de membresías, de solo de ofrecer beneficios a asegurarse de que realmente se usen.
La CCPB lanzó una aplicación móvil que centraliza en un solo lugar todas las ventajas disponibles para sus socios y sus equipos, transformando lo que antes era disperso o poco aprovechado en una herramienta concreta de gestión diaria.
“El foco está en facilitar el acceso y uso de los beneficios. Hoy cada empresa y sus colaboradores pueden acceder de forma simple, rápida y directa a todas esas oportunidades”, expresó Fabio Fustagno, presidente del gremio.
La app permite acceder a descuentos y promociones en múltiples rubros, desde hotelería y gastronomía hasta salud, transporte, servicios profesionales e incluso capacitación. Lo interesante es que todo está integrado en el celular, con una tarjeta virtual personalizada que elimina fricciones al momento de usar los convenios.
El cambio de fondo es estratégico, pues más que sumar alianzas, la CCPB apunta a convertir su red en un ecosistema activo, donde los beneficios circulan, se utilizan y generan valor tangible para las empresas.
En ese sentido, la herramienta también funciona como un modelo replicable de gestión: ordena la oferta, mejora la experiencia del usuario y fortalece la conexión entre empresas dentro de la comunidad.
Además, la red sigue creciendo con nuevos acuerdos y sectores que se irán incorporando, ampliando las oportunidades comerciales y el alcance de la plataforma.
Disponible tanto en App Store como en Play Store, la app marca un giro claro: pasar de beneficios “en papel” a una lógica digital, dinámica y en tiempo real. Una evolución que no solo mejora la propuesta de valor, sino que redefine cómo una cámara empresarial puede acompañar el día a día de sus socios.
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Normativa de APP busca acelerar obras claves tras grado de inversión
Con la reciente reglamentación de la Ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructura, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico y social.
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la normativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.
La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los procesos vinculados a obras de infraestructura con financiamiento privado, fortaleciendo la participación del sector privado y mejorando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas. El decreto es el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado. Entre los principales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas.
La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idoneidad temprana de los proyectos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para casos de oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y auditorías internacionales.
Desde el ámbito económico, la reglamentación llega en un momento clave. Con un mejor posicionamiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyectos de infraestructura prioritarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.
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Reglamentación de APP busca acelerar inversiones y obras claves tras grado de inversión
Con la reciente reglamentación de la ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructura, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico y social.
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la normativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.
La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los procesos vinculados a obras de infraestructura con financiamiento privado, fortaleciendo la participación del sector privado y mejorando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas.
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El decreto es el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado.
Entre los principales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas.
La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idoneidad temprana de los proyectos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para casos de oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y auditorías internacionales.
Desde el ámbito económico, la reglamentación llega en un momento clave. Con un mejor posicionamiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyectos de infraestructura prioritarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.
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