Teniendo en cuenta que la Semana Santa este año se celebrará en los primeros días de abril, la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) prevé una transición rápida entre la temporada de regreso a clases y las actividades propias de estas fechas, lo cual generará un movimiento más dinámico en un corto lapso de tiempo.

Miguel Tolces, vicepresidente del gremio, mencionó que atendiendo a ello, de manera individual cada socio trabaja con sus ofertas internas para la fecha. Además, remarcó que históricamente el fin de semana que pasó, contó con mucho movimiento gracias a la temporada escolar.

“La gente está volviendo a su rutina habitual del año, compra los útiles, los accesorios para los chicos para el colegio y eso dinamiza mucho el comercio. Y este año Semana Santa va a caer muy temprano, en abril, así que prácticamente va a ser un mes con una transición muy rápida”, indicó a la 920 AM.

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A su vez, reportó que ya se está trabajando con las ofertas para las campañas habituales de abaratamiento que suman tres en el año. “La próxima va a ser coincidente con el 13, 14, 15 de mayo”, añadió.

Estos primeros meses del año tuvieron un movimiento bastante dinámico con facturaciones que alcanzaron un nivel de maduración de lo que fue la recuperación y el paso a la formalización cuando se acabó el contrabando masivo de Argentina.

Asimismo, señaló que los precios de la carne están bastante estables y probablemente cuando nos acerquemos más a la temporada de Semana Santa podrían empezar a subir algunos cortes, quesos y los productos que son de alta demanda en esa fecha por una cuestión del mercado. “Al aumentar la demanda los precios acompañan ese incremento, mencionó.

Tolces añadió que el 2025 fue un año muy dinámico con crecimiento en general en el consumo y con socios que están con proyectos nuevos en varias ciudades de Gran Asunción y también en el interior.

También se registraron algunas restricciones a la importación que incidieron en el comportamiento de ciertos precios. No obstante, estas situaciones se fueron normalizando en las últimas semanas y actualmente el abastecimiento se encuentra regularizado.

Consideró fundamental ordenar y fortalecer la política de permisos de importación y de producción nacional, de manera a que se brinde el apoyo necesario a los productores locales sin que ello implique que el consumidor enfrente en determinados momentos una reducción de la oferta que termine impactando en los precios.

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Pedir factura por cada compra realizada es un gesto cotidiano que suele pasar desapercibido, pero que tiene un impacto directo y profundo en la economía del país. Así lo recuerdan desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Aseguran que exigir comprobantes legales no solo protege al consumidor, sino que también contribuye a combatir la informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer los recursos del Estado. Detrás de cada factura hay un circuito económico más transparente y justo.

La emisión de comprobantes permite que los comercios y prestadores de servicios operen dentro del marco legal. Esto genera un doble efecto, por un lado, garantiza derechos básicos al consumidor, como la posibilidad de reclamo o devolución y, por otro, protege a los trabajadores al promover empleos formales con aportes a la seguridad social.

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“Cuando una operación no se factura, no solo se pierde recaudación, se debilita el sistema que sostiene a miles de familias”, dicen desde la DNIT.

La informalidad y la evasión fiscal distorsionan la competencia, perjudican a quienes cumplen con sus obligaciones y limitan la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales, explican.

Señalan que los impuestos que se recaudan a través de operaciones facturadas son clave para financiar salud, educación, seguridad e infraestructura. Cada comprobante solicitado se traduce en recursos que regresan a la ciudadanía en forma de hospitales, escuelas, rutas y programas sociales.

En este contexto, la DNIT insiste en que pedir factura es un derecho del consumidor, pero también una responsabilidad cívica. No se trata de una acción aislada, ya que cuando se multiplica, impacta en la formalización de varios sectores, reduce la brecha entre lo legal y lo informal y eleva la calidad de los servicios públicos. La transparencia, además, fortalece la confianza en el sistema económico.

La digitalización y la trazabilidad de las operaciones abren una oportunidad adicional, más control, menos evasión y mayor eficiencia. En la medida en que comercios y clientes adopten el hábito de facturar y exigir comprobantes, se consolida un entorno donde todos compiten en igualdad de condiciones y el Estado cuenta con información confiable para diseñar políticas públicas más efectivas.

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El turismo interno movió USD 61 millones del 23 al 28 de diciembre y volvió a confirmar su rol como motor económico del país. Durante el último feriado largo, la alta movilidad de viajeros impactó de forma directa en los sectores de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos en todo el territorio nacional, destacó Javier Ramírez, director de Productos Turísticos de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

En entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, Ramírez explicó que el cálculo se realiza a partir del flujo de pasajeros en terminales, circulación de vehículos particulares y movimiento en puestos de peaje, datos que permiten dimensionar el impacto del turismo interno durante los feriados largos. “Fue un movimiento muy interesante, tanto en Navidad como en los días posteriores”, señaló.

Asimismo, resaltó que los feriados largos se consolidan como un fuerte dinamizador de la actividad económica, con impacto directo en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y servicios turísticos, especialmente en el interior del país. “Se nota un mayor interés de las familias por recorrer destinos nacionales, tanto rurales como urbanos, con opciones para todos los presupuestos”, señaló.

Agregó que la oferta turística nacional se encuentra sistematizada en una base de datos accesible a través de las redes sociales y la web de Senatur, donde los usuarios pueden encontrar información sobre posadas, hoteles, circuitos y contactos para reservas. “Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, tanto cerca de la capital como en el interior del país”, subrayó.

Finalmente, Ramírez mencionó que el Chaco también gana protagonismo, ya que se encuentra entre las propuestas que despiertan mayor interés, con actividades que combinan naturaleza, cultura y gastronomía.

Sostuvo que entre las opciones está Filadelfia, como una ciudad con desarrollo en hotelería y servicios, además de experiencias vinculadas al turismo rural, el Chaco productivo y la riqueza cultural indígena.

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El nuevo gobierno de Bolivia anunció ayer miércoles que pondrá fin a los subsidios a los combustibles, cuyos precios se mantuvieron congelados durante los 20 años de administraciones de izquierda que lo precedieron. La política de subvenciones drenó las reservas internacionales de dólares del país y disparó su peor crisis económica en cuatro décadas. Bolivia centraliza las importaciones de gasolina y diésel, que compra a precio internacional y revende a pérdida.

Según el gobierno de centroderecha de Rodrigo Paz, que asumió el 8 de noviembre, esto fomentó esquemas multimillonarios de corrupción y de contrabando. “Con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos (...). La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono. Significa orden, justicia, redistribución clara”, dijo el presidente Paz en un mensaje televisado, flanqueado por sus ministros.

El mandatario también informó que se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno, para facilitar la importación desde el sector privado. “Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios (...) permitirá generar recursos fiscales adicionales”, agregó. Desde 2023, se observan constantes períodos de desabastecimiento en las estaciones de servicio, donde se forman largas filas de vehículos que esperan horas y a veces días por carburantes.

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En sus primeros días de gobierno, Paz denunció que la izquierda dejó el Estado convertido en una “cloaca de dimensiones extraordinarias” y anunció investigaciones para identificar a los responsables de presuntos delitos de corrupción. “Declaramos la emergencia económica, financiera, energética y social, porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años”, señaló el gobernante este miércoles.

Además de la eliminación de los subsidios, anunció otras medidas económicas que forman parte de lo que llamó una “decisión histórica de salvataje de la patria”. “Simplificaremos los impuestos, incentivos para la compra de maquinaria y otros. Apoyaremos a emprendedores y liberaremos las exportaciones”, dijo.

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Señaló que exoneraría de impuestos a la repatriación de los capitales que fueron sacados del país durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Según datos del gobierno, el impuesto a las grandes fortunas establecido en 2020, y eliminado recientemente por Paz, propició la fuga de más de 2.000 millones de dólares del país. El salario mínimo se elevará de 395 a 474 dólares a partir de enero de 2026. El gobierno, además, prometió incrementos en los ya existentes bonos asistenciales para poblaciones vulnerables.

La inflación interanual en Bolivia rozó el 20 % en noviembre, luego de tocar un pico de casi 25 % en julio de este año. El dólar aún es escaso en el país altiplánico y solo es accesible a través de un mercado negro que cotiza por encima del precio fijo oficial. Este paquete de medidas se suma a otras prometidas previamente, como una “reducción masiva” del 30 % del déficit fiscal.

Fuente: AFP.