Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes que avanza un proceso para acelerar las tareas de inventario, descarte y reposición de insumos en distintas dependencias judiciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y ofrecer una atención más eficiente a los usuarios del sistema de justicia.

La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento institucional y contempla un relevamiento integral de las necesidades operativas en los Juzgados Penales de Garantías y de Ejecución del Fuero Especializado contra Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, ubicados en la sede judicial de la Capital.

Durante la inspección técnica se identificaron carencias de equipamiento, mobiliarios fuera de uso y elementos deteriorados que afectan el funcionamiento cotidiano de las oficinas. Como parte de la jornada, se procedió al retiro de muebles en desuso y se inició el proceso para la baja patrimonial de aquellos bienes que ya no reúnen condiciones para seguir siendo utilizados.

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La evaluación también permitirá determinar qué equipos e insumos requieren reposición, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, mejorar la distribución de los espacios físicos y adecuar las condiciones de las dependencias judiciales a las necesidades actuales del servicio.

El plan busca, además, ordenar los procesos administrativos vinculados al control patrimonial y al abastecimiento de materiales, reduciendo tiempos en la gestión de inventarios y facilitando una respuesta más ágil ante los requerimientos de las distintas oficinas.

Para la ejecución de estas tareas participaron de manera coordinada equipos técnicos de las áreas de Infraestructura Física, Contabilidad y Patrimonio, Suministro y Bienes, Archivo General de los Tribunales y la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, responsables de realizar la evaluación técnica y acompañar las acciones de reorganización previstas dentro del programa de mejoramiento institucional.

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• Por Antonella Mateu

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos, cada vez que una persona compra un producto, contrata un servicio o importa un bien, paga este tributo, considerado uno de los pilares de la recaudación tributaria del país.

Según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante 2025 el IVA generó una recaudación de G. 12,88 billones, equivalente a más de la mitad de los ingresos tributarios internos administrados por la institución, consolidándose como el impuesto de mayor aporte al Estado.

La contadora Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA grava principalmente la venta de bienes, la prestación de servicios, excepto aquellos realizados en relación de dependencia, y la importación de mercaderías.

“Cuando hablamos del IVA, lo primero que debemos entender es cuál es el hecho generador del impuesto. Este nace con la venta de bienes, la prestación de servicios independientes y también con la importación de bienes”, señaló.

Talavera indicó que son contribuyentes del IVA las personas físicas que prestan servicios profesionales o personales de manera independiente, quienes obtienen ingresos por alquileres de inmuebles, las empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades, sucursales de firmas extranjeras, importadores habituales y ocasionales, además de otras entidades contempladas por la legislación tributaria.

Precisó que los trabajadores en relación de dependencia no tributan IVA por los servicios que prestan como empleados, ya que esos ingresos no forman parte del hecho generador del impuesto.

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El gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, Ever Otazú, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA funciona sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena económica.

En la práctica, una empresa cobra el impuesto al vender un producto o prestar un servicio, pero puede descontar el IVA que ya pagó en las compras relacionadas con su actividad económica. La diferencia entre ambos conceptos es el monto que finalmente debe ingresar al fisco.

“Por eso se habla de IVA débito e IVA crédito. El débito corresponde al impuesto generado por las ventas, mientras que el crédito representa el IVA pagado en las compras realizadas por el contribuyente”, explicó.

Por su parte, Talavera recordó que la liquidación del impuesto se realiza mensualmente, conforme al calendario establecido según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC).

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En Paraguay existen actualmente dos tasas de IVA. La tasa general del 10 % se aplica a la mayoría de los bienes y servicios comercializados en el país, mientras que la tasa reducida del 5 % alcanza a determinados productos y operaciones, entre ellos algunos alimentos de la canasta básica, productos agropecuarios en estado natural, medicamentos de uso humano, venta de inmuebles y alquileres destinados exclusivamente a vivienda.

Otazú recordó además que todos los precios ofrecidos al consumidor final deben incluir el IVA, por lo que el monto exhibido ya contempla el impuesto correspondiente.

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La especialista explicó que la obligación tributaria nace cuando ocurre la entrega del bien, la prestación del servicio, el cobro total o parcial del precio o el vencimiento del plazo pactado para el pago.

En algunos servicios existen reglas específicas. Por ejemplo, en los suministros de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones prestados por empresas públicas, el hecho generador se produce con el vencimiento del plazo para el pago.

Asimismo, en servicios prestados desde el exterior o en operaciones de financiamiento y préstamos, la obligación tributaria también se determina por el primer hecho que ocurra entre el pago o el vencimiento correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley n.º 6380 afecta a los bienes que salen del patrimonio de una empresa por destrucción, pérdida, obsolescencia, sustracción u otras causas. Talavera explicó que, en estos casos, el contribuyente debe revertir el IVA crédito previamente utilizado y emitir el comprobante correspondiente, tratándose la operación como si se hubiera realizado una venta.

Otra de las modificaciones beneficia a quienes prestan servicios personales, ya que pueden utilizar como crédito fiscal hasta el 30 % del IVA pagado en la compra de vehículos, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente. Agregó que dicha adquisición también puede considerarse gasto deducible para el Impuesto a la Renta Personal (IRP), respetando el plazo establecido de tres años entre compras.

Desde la DNIT resaltan que solicitar factura no solo constituye un derecho del consumidor, sino también una herramienta para combatir la informalidad. Cada comprobante deja constancia de quién realizó la venta, qué producto o servicio fue adquirido, el monto de la operación y el impuesto correspondiente. Esa información permite verificar que el IVA efectivamente sea declarado y abonado.

Además, la factura sirve como respaldo para reclamos, garantías comerciales y, en el caso de los contribuyentes, para ejercer el derecho al crédito fiscal o a determinadas deducciones permitidas por la legislación.

Los recursos provenientes del IVA ingresan al Presupuesto General de la Nación (PGN) y constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del Estado paraguayo. Con esos ingresos se sostienen áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y el funcionamiento de los servicios públicos.

Para la DNIT, cada factura emitida y cada operación formalizada fortalecen tanto la recaudación tributaria como la economía formal, permitiendo que el Estado disponga de recursos para cumplir sus funciones esenciales.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que transfirió un total de G. 1,67 billones, alrededor de USD 274,6 millones al cambio actual, a municipios y gobernaciones de todo del país, en diferentes conceptos, al cierre del primer semestre del ejercicio 2026.

Los datos precisos se encuentran consignados en el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF). El documento está disponible en la web institucional de la cartera de Estado.

Las gobernaciones recibieron un total de G. 1,168 billones, mientras que las municipalidades percibieron G. 504.884 millones en los primeros seis meses del año. Los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar y otras compensaciones.

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Los interesados en realizar el seguimiento de las transferencias que recibe su municipalidad o gobernación pueden ver los datos en este enlace. Ingresando el RUC (Registro Único de Contribuyente) se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Se trata de una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

En informe publicado por la cartera de Estado agrega que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.

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“En este tiempo podemos señalar que bastante se ha mejorado el gasto“, manifestó Mirtha Arias, consejera del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la situación económica y financiera de la previsional. La representante de los trabajadores detalló que se están evaluando varias alternativas viables para garantizar la adquisición continua de medicamentos e insumos.

“Es una preocupación de todos, pero las gestiones se están realizando, hay un equipo técnico que está analizando alternativas viables que nos permita tener recursos para poder seguir cumpliendo y que no se corte la cadena de suministro”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Arias agregó que “ayer jueves fue un día muy importante para el IPS en donde se ha dado una muestra y una señal clara de que esa será la línea y la política que se va a seguir en la reducción del gasto. Tuvimos una reducción en este tiempo, de 61 ítems que conforman el vademécum se redujo a 32 y eso nos permite un ahorro prácticamente de G. 120 mil millones".

Con relación a las alternativas manejadas por parte del equipo técnico integrado por destacados economistas, Arias mencionó que figuran la reestructuración total de la deuda del IPS con un plazo prolongado y la posibilidad de adquirir a través del Ejecutivo bonos que permitan tener una liquidez necesaria.

“Todavía no se cerraron todos los números. Se barajan estas alternativas para salir de la difícil situación que atraviesa el IPS, esto se tiene que definir la próxima semana de alguna manera”, comentó.

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De acuerdo a las informaciones proveídas, el punto crítico está en el Fondo de Enfermedad-Maternidad, el brazo financiero que sostiene la atención médica de los asegurados. Allí se concentra la presión por la falta de medicamentos, insumos, equipamientos, personal y mantenimiento edilicio.

La previsional recauda poco más de G. 1 billón por mes, pero la compra de medicamentos e insumos demanda una suma equivalente a G. 150.000 millones mensuales. Actualmente para el efecto solo se destina un monto de G. 44.000 millones.