Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.

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“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.

Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.

Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.

“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.

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En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.

También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.

Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.

Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, y los diputados, que integran diversas comisiones asesoras de la Cámara Baja, acordaron este martes postergar por dos semanas el tratamiento del proyecto de ley de emergencia para la previsional, que fue aprobado el 27 de agosto por el Senado con varias modificaciones.

“Nos propusieron y accedimos a eso, postergar los estudios de esta ley por los siguientes 15 días. Estamos de acuerdo con posponer porque instruí al equipo de finanzas encontrar también un plan B a la ley en el punto 17”, señaló León a los medios tras la reunión. El punto 17 se refiere la propuesta de flexibilizar el tope de la captación de bonos, que fue incluido por el Senado.

El presidente de la previsional explicó que se accedió a la postergación del proyecto ya que, paralelamente, desde el equipo financiero se está trabajando en un plan y alternativas para incrementar los ingresos para el instituto.

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“El viernes y el día de ayer concluyeron los estudios en donde nos dan la posibilidad de acceder a créditos de a la misma tasa del 9 % teniendo nuestras reservas técnicas de garantías, también es un procedimiento que nos va a permitir tener ese oxígeno necesario de aquí a diciembre para poder tener recursos necesarios con los procesos de compra de medicamentos, de pago de deuda, en líneas generales. Esto nos va a permitir también, en estas dos semanas de trabajo con la Cámara de Diputados, tener un punto intermedio”, refirió.

En contrapartida, el presidente del IPS indicó que sí se requiere de uno de los aspectos que aborda el proyecto de emergencia: “En cuanto a recursos humanos, en eso sí nos mantenemos que necesitamos más ágiles para la reposición de las renuncias, incorporar también funcionarios que hoy están jubilados, y otro puntos en cuanto a recursos humanos”.

Finalmente, León sostuvo que no se plantea el rechazo, pero sí volver a estudiar ante este escenario diferente. “Vamos a avaluar si tenemos que modificar eso o buscar otra alternativa. Nos han solicitado tener otros 15 días de estudios con nuestros equipos técnicos, así que lo vamos a revaluar”, sentenció.

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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