El BCP inició este martes el procedimiento tras detectar una insuficiencia de solvencia en la entidad. Las operaciones permanecen suspendidas mientras se verifica su situación patrimonial. Además, informaron que la garantía cubre hasta G. 228,3 millones por depositante.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició durante la madrugada de este martes 3 de noviembre el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La decisión fue adoptada por unanimidad el lunes 2 de noviembre y comunicada oficialmente a primera hora.

Según explicó la institución, la medida responde a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización y busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló en conferencia de prensa que el proceso es resultado de varios meses de trabajo técnico. Entre los elementos analizados mencionó indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador, debilidades en operaciones crediticias y deterioro de los indicadores de liquidez.

¿Qué pasa con los ahorros? Uno de los principales puntos de atención es la disponibilidad de los fondos. Desde el anuncio, las tarjetas, aplicaciones y demás canales de ueno bank permanecen suspendidos, mientras se realiza la conciliación de activos y pasivos.

El BCP informó que la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica en cada entidad financiera. La cobertura se aplica por depositante y entidad, no por cada cuenta.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, el dinero comprendido dentro de ese límite está garantizado. Para los saldos superiores, se analizarán mecanismos de compensación de activos y pasivos, con el objetivo de procurar la mayor protección posible.

La banca matriz desplegó funcionarios para avanzar en el balance de exclusión, que permitirá determinar qué activos y obligaciones serán considerados en el procedimiento. El plazo legal para completar esta etapa es de hasta 15 días, aunque las autoridades indicaron que buscan acortarlo.

El alcance para el sistema financiero. La situación también involucra a grandes depositantes institucionales. El mayor es el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de G. 1,74 billones en certificados de depósito de ahorro en ueno bank, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas figura con G. 250.000 millones.

El instituto previsional confirmó, además, que cerca del 9 % de su cartera de inversiones está colocada en la entidad, equivalente a unos USD 345 millones entre certificados de depósito y bonos financieros.

En paralelo, el BCP sostuvo que se trata de una situación particular de ueno bank y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

La resolución abre una etapa de verificación y reorganización. Los próximos pasos dependerán del balance patrimonial y de los mecanismos que se definan para atender a los depositantes, mientras las autoridades instan a consultar únicamente los comunicados oficiales para conocer las instrucciones de recuperación de fondos.

Con el lanzamiento de Plaza by Civis, un desarrollo de USD 65 millones y más de 58.500 m² de construcción, la desarrolladora presenta Nodo Serviced Offices, un edificio corporativo concebido para responder a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, con infraestructura de alto estándar, servicios integrados y espacios flexibles.

“El 98 % del tejido empresarial paraguayo está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó Kevin Bendlin, presidente de Civis Soluciones Inmobiliarias. Detrás de esa cifra late la fuerza de miles de emprendedores que transforman ideas en empleo y oportunidades. Muchos comenzaron con recursos limitados y, al crecer, necesitan más que una oficina, precisan un espacio que acompañe sus ambiciones y les permita llegar más lejos.

Desde esa convicción nace Nodo Serviced Offices, la propuesta corporativa que Civis incorpora a Plaza by Civis, un desarrollo de usos mixtos que contempla una inversión aproximada de USD 65 millones y más de 58.500 m² de construcción.

El proyecto reúne oficinas, viviendas y espacios comerciales con una mirada que trasciende la construcción, buscando crear condiciones para que las personas y los negocios se encuentren, colaboren y prosperen.

La apuesta tiene una raíz personal. “Civis nació en pequeño. Sabemos lo que significa construir una empresa desde sus primeros pasos”, reflexionó Kevin. Precisamente, esa experiencia es la que inspira una alternativa enfocada en el bienestar de las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas veces alejadas de la oferta corporativa tradicional, diseñada para compañías capaces de asumir grandes superficies, contratos rígidos y elevados costos de infraestructura.

Para ellas, Nodo propone otra manera de trabajar. Su modelo de oficinas con servicios integrados permite acceder a espacios de distintas dimensiones y delegar tareas operativas como administración, mantenimiento, limpieza y gestión de áreas comunes. Así, cada empresa puede concentrar su energía en desarrollar su negocio, sin tener que resolver por separado todos los detalles que sostienen el funcionamiento cotidiano.

La experiencia se completa con salas de reuniones de diferentes tamaños, reservables mediante una aplicación, cafetería, espacios al aire libre, áreas de parrillas para eventos, spa corporativo, zonas de relax y un estudio equipado para producir podcasts, videos y otros contenidos. La infraestructura acompaña nuevas formas de trabajar, comunicar y crear.

Pero el valor de Nodo no termina en sus instalaciones. La convivencia de estudios jurídicos, empresas tecnológicas, consultoras, agencias y profesionales independientes puede abrir conversaciones inesperadas, alianzas y oportunidades comerciales. “Queremos que Nodo sea un lugar donde las empresas encuentren comodidad, flexibilidad y conexiones que impulsen su crecimiento”, señaló Kevin

Visión urbana más amplia. Plaza by Civis incorpora también Civis XV, con monoambientes, departamentos de uno y dos dormitorios, unidades LockOff y penthouses, además de más de 30 amenities. Un paseo comercial sumará gastronomía, servicios y un bar de concepto speakeasy, creando movimiento entre residentes, trabajadores, visitantes y negocios.

El desarrollo contempla criterios de construcción sostenible vinculados al estándar internacional EDGE, orientado al uso eficiente de energía, agua y materiales. La apuesta busca generar oportunidades para inversores, empleo y nuevas actividades comerciales, mientras amplía la infraestructura disponible para el ecosistema empresarial.

“Creo profundamente que cuando una pyme crece, también crece Paraguay”, puntualizó Kevin, resumiendo el propósito de Nodo de crear un entorno que acompañe ambiciones, conecte capacidades y ayude a transformar pequeños comienzos en proyectos capaces de llegar más lejos.

El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.

Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas

El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.

“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.

Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.

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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.

“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.

El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.

“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.

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