El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, afirmó que el pago del subsidio al transporte público está al día, tras reunirse con representantes de las empresas agremiadas a Cetrapam. Durante el encuentro se analizaron los reclamos del sector y los procedimientos vinculados a la compensación económica y la actualización tarifaria.

Fernández explicó que las compensaciones responden a las diferencias entre los montos abonados y los valores establecidos mediante la tarifa técnica. Señaló que estos procesos requieren de evaluaciones técnicas y administrativas, que pueden incidir en el flujo de caja de las empresas transportistas.

Lea más: Administración Central registra un déficit fiscal de 2,0 % del PIB al cierre de septiembre

Entre los avances figura la resolución N.º 1542/2026, que establece las tarifas técnicas correspondientes al período de noviembre de 2025 a mayo de 2026 y fija la tarifa promedio en G. 4.910 para el servicio convencional y G. 6.140 para el diferencial.

La disposición también determina los montos del subsidio en G. 2.610 para el servicio convencional y G. 2.740 para el diferencial, mientras que el precio que abonan los pasajeros se mantiene en G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, sin cambios en la tarifa al usuario.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, continúa trabajando en la revisión de los mecanismos tarifarios y de compensación, con el objetivo de ordenar los procedimientos, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la sostenibilidad económica del sistema de transporte público.

También te puede interesar: BID Invest valora llamado de Asoban a mantener la prudencia y fortalecer el sistema financiero

Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.

Te puede interesar: IPS analiza propuesta para reducir la carga horaria a bioquímicos y farmacéuticos

“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.

Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.

Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.

“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.

Leé más: Campaña solidaria busca costear el complejo tratamiento médico de Nayeli

En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.

También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.

Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.

Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.

• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

La Asociación de Transportistas de Líneas Internas del Paraguay emitió un comunicado anunciando que ajustarán el precio del pasaje en todas sus empresas asociadas del departamento Central y del país ante la suba de precio del combustible.

La tarifa actual del pasaje es de G. 2.800 y el aumento será de G. 700, fijando el nuevo valor en G. 3.500. La medida responde a la suba del combustible y argumentan que trabajan a pérdida y que la situación se ha vuelto insostenible.

Los transportistas afirman que la suba del combustible hace imposible mantener el precio actual y amenazan que dejarán de operar si es que los respectivos municipios no aprueban el aumento solicitado.

Te puede interesar: Corte reporta superávit del 6% y desempeño “satisfactorio” en primer trimestre

Señalan que recurrirían a un paro de actividades debido a que no reciben apoyo estatal y a la competencia supuestamente desleal atendiendo que ellos no reciben el subsidio como los demás sectores del transporte público.

“La suba repentina del precio del gasoil impacta en nuestra operativa, y el Gobierno tan siquiera nos ha concedido un precio diferenciado en el gasoil”, manifestó en conferencia de prensa el asesor jurídico de la nucleación, César Martínez Téllez.

Por lo tanto, se ven obligados a aplicar el reajuste, indicó. “No imponemos, pero nos vemos forzados a comunicar a la ciudadanía de este reajuste porque ha subido el costo del pasaje en Dinatran, los fletes han subido, incluso las plataformas de transporte han aumentado en más del 30 % su tarifa”, subrayó.

Por su parte, Pastor Cristaldo, representante de los choferes, mencionó que cuando recurren a las autoridades municipales, los concejales e intendentes están más preocupados por su campaña proselitista. Ante esta situación, piden el apoyo de los pasajeros.

Leé más: ¡Llega el frío! Meteorología prevé lluvias, vientos del sur y descenso de la temperaturas