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Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.

“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.

Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.

La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.

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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.

“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.

Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.

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El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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