El Centro de Empresarios del Transporte Público de Área Metropolitana (Cetrapam) anuncia la paralización de la circulación de buses de 30 empresas desde las 00:00 de este viernes 11 de octubre. El servicio se verá mermado durante la medida de fuerza.

En contacto con la 800 AM, el Lic. César Ruíz Díaz, titular del gremio de transportistas, confirmó la realización del paro y recordó que hace 14 años vienen realizando denuncias contra la informalidad que se da en el sector.

Refirió que si bien están exigiendo respuestas al Gobierno Nacional, refirió que el principal conflicto se da en el Poder Judicial, donde a través de amparos judiciales, empresas supuestamente en situación irregular operan “impunemente”.

“Medidas cautelares de jueces sinvergüenzas, y voy a dar nombre: María Julia Alonso. Responsable directa del amparo a una empresa que ni ya está habilitada para operar pero que gracias a eso sale a la calle y genera una competencia desleal”, refirió Ruíz Díaz, en relación a la línea 18.

Señaló que el problema se traslada al plano del Ejecutivo Nacional cuando no se realizan los controles correspondientes. “Entonces nosotros debemos pegar un grito al cielo. Mientras nosotros cumplimos con millonarias exigencias, en la vereda del frente vemos a los Frankenstein del transporte que ni tienen registro patronal”, aseveró.

Destacó que la solución que podría destrabar la problemática es que se realice una mesa de diálogo con el Gobierno, en donde los empresarios puedan ver los avances que se concretaron en cuanto a sus pedidos. “Tengo información que sacaron algunas líneas de circulación, esperamos que se aplique a más empresas. También deben regular los internos que avasallan itinerarios ajenos”, sugirió.

En ese sentido, recordó el caso de los colectivos de una misma línea interna de Capiatá que colisionaron frontalmente la semana pasada, cuyo resultado fue la muerte de una mujer. “Son choferes que ni tienen 18 años, andan en zapatillas, con el celular y el cigarrillo en la mano”, denunció.

Por último, expresó que no solo el viceministerio de Transporte debe actuar ante la informalidad, sino también el Ministerio Público, ante las reiteradas denuncias realizadas contra empresas informales.