El Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) advierte que irá a un paro total de actividades ante la imperante informalidad que hay en el sector. Comparan sus inversiones y cumplimiento con las normativas, frente a las líneas que operan con buses viejos y totalmente en negro. “O el Gobierno actúa o el pueblo se queda sin transporte”, amenazan.

En contacto con la 1000 AM, César Ruíz Díaz, el titular del gremio de transportistas, anunció que están a días de una asamblea general que puede determinar el curso de acciones a seguir por parte del sector formal del transporte público.

“El sector empresarial que apuesta al sector pide señales claras al Gobierno sobre qué es lo que quiere para el transporte público y su pueblo”, refirió.

Aseveró que es inadmisible que el sector formal esté endeudado con US$ 70 millones tras la exigencia de comprar 850 buses 0km para dignificar el viaje de la gente, y que al mismo tiempo opere “el Frankenstein del Transporte”.

Estas empresas irregulares -según Ruiz Díaz- tendrían deudas de US$ 5 millones con BNF, trabajadores fuera del régimen del IPS, carecerían de número de registros patronales en el Ministerio del Trabajo y de buses nuevos, estarían debiendo el canon y aún así trabajarían impunemente.

“Inclusive, estarían evadiendo a las arcas del Estado porque no tienen un certificado de cumplimiento tributario. La evasión a las arcas fiscales tienen connotación penal”, reclamó.

A criterio del representante de Cetrapam, ha llegado la hora de que el Gobierno decida si trabajará por lo formal o lo informal. “Antes (las líneas irregulares) tenían recursos de amparos judiciales. Ahora ya no. Ahora tienen recursos de violencia. ¡Cuántas veces vieron videos viralizados donde choferes dirimían sus diferencias a los balazos!”, acotó.

En ese sentido, adelantó que esperan que la Fiscalía, la Policía Nacional y Ministerio Público cumplan con su trabajo, “o dejarán a su pueblo sin transporte público”.

Criticó además al viceministerio de Transporte, que cuenta a penas con 10 fiscalizadores para 1.200 buses. “No podemos tener este nivel de inversión y apuntar al crecimiento, mientras estemos en tierra de nadie”, finalizó.