La firma brasileña ARCHER, que había sido suspendida por el Ministerio del Ambiente, por incumplimiento de normas ambientales, finalmente tomó la decisión de desvincular a operarios. Los directivos lamentan que pese a haber cumplido con las exigencias, la entidad estatal no responda a sus reclamos.

Un total de 65 funcionarios de la fábrica Archer Carburo de Silicio fueron notificados el pasado viernes sobre su desvinculación de la empresa brasileña instalada en Loma Grande. La medida fue tomada debido a la indefinición en torno a la reapertura de la planta industrial, paralizada desde el 4 de junio pasado.

Martín Arce Sannemann, gerente de Relaciones Interinstitucionales, lamentó haber llegado a estas instancias, al tiempo de señalar que ya pasaron más de tres meses desde que la fábrica apagó sus hornos para responder a las exigencias de la entonces Secretaría del Ambiente, que pidió un estudio de medición de calidad del aire, “y que hasta ahora está pendiente de su autorización”, sostuvo.

Mencionó que al no saber cuánto durará la espera de una respuesta del Ministerio del Ambiente, la empresa se vio forzada a tomar esta decisión. “Lo que más nos pesa es que no estamos hablando solamente de 65 personas, sino de 65 familias, alrededor de 300 personas, que abrigaban la esperanza de seguir contando con ese ingreso formal para su sostén diario”, expresó Arce.

La firma Archer SA invirtió US$ 15 millones para producir carburo de silicio en la zona de Cordillera.
La firma Archer SA invirtió US$ 15 millones para producir carburo de silicio en la zona de Cordillera.

Recordó que el 19 de junio pasado presentaron a la SEAM el protocolo de realización de dicho estudio, esperando que la misma autorice su realización pero que hasta la fecha, la entidad -que actualmente tiene rango de ministerio- no se ha pronunciado al respecto, dejando a la deriva toda la administración de la planta industrial, afectando de esta manera la permanencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo.

Arce destacó que la empresa ha respondido a todas las exigencias de SEAM. “Paramos la fábrica antes de ser notificados y hemos sugerido incluso un nuevo estudio de impacto ambiental para dar tranquilidad a los vecinos y demostrar con pruebas científicas que nuestra producción no daña la salud de las personas, de los animales, ni de las plantas”, indicó.

Archer también sugirió la contratación de empresas internacionales certificadas, que realizan los estudios de aire correspondientes. Asimismo, invirtió US$ 150.000 para instalar un sistema Clean Aire, que minimice los olores que genera la producción de carburo de silicio.