Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.

Ayer informaron que detectaron irregularidades en una conocida cadena de minimercados, con reetiquetado e incluso, productos vencidos. Por ende, la Sedeco ordenó la suspensión de todos los locales de este minimercado que opera las 24 horas del día, de lunes a lunes.

Al respecto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado donde sostienen que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.

Exponen que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, además de fortalecer y promover la competencia.

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“Estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, empleo y las inversiones. En un país donde el sector productivo es el motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, afirman.

Mencionan que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.

También aseguran que es necesario contemplar el impacto económico y social que pueden generar medidas desproporcionadas y la información y comunicación pública sobre estos procesos deben manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general.

“Por ello, la UIP alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza el texto.

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“Tenemos que ser realistas, este sistema ya no funciona. Este proyecto de ley marcará un antes y un después”, comentó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, sobre el planteamiento de reforma del transporte público metropolitano impulsado por el gobierno de Santiago Peña.

Las afirmaciones del senador surgen ante las afirmaciones del titular del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Cetrapam), César Ruíz Díaz, quien calificó a la iniciativa como inviable.

“Yo digo esto con mucho respeto, seguro a él le gustaría que continúe el mismo sistema, consistente en que cada periodo se tire USD 50 millones anuales en subsidio al vacío”, indicó el senador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes del inicio de la sesión ordinaria.

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Asimismo, opinó sobre el reclamo realizado por Cetrapam respecto a un supuesto incumplimiento de pago de USD 3,9 millones por parte del Gobierno en concepto de subsidios por pasaje. Desde el sector privado de transportistas sostienen que ante esta situación sigue latente un posible paro de buses.

Sin embargo, la acusación fue desmentida ayer martes por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que el Gobierno está pagando el subsidio como se había acordado y que los empresarios firmaron por un pago por mes.

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“Esto lo digo como un legislador más y no como parte del Gobierno, el cháke de un sector de los transportistas ya no funciona, las tapas de los medios no nos harán retroceder para hacer los grandes cambios”, sentenció Núñez.

El tratamiento del proyecto de reforma del transporte público en código de la iniciativa comenzará el 27 de agosto y será expuesto ante el pleno del Senado el próximo 3 de setiembre. El estudio de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria.

En el marco del Foro por los 20 años de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el panel “Aliados para el futuro” reunió a líderes del sector financiero, industrial y de vivienda para dialogar sobre el impacto de la institución. Las intervenciones destacaron el rol fundamental de la AFD en la democratización del crédito, impulsando sectores clave y facilitando una banca de segundo piso con una visión de desarrollo nacional.

Representantes del BID elogiaron la credibilidad internacional de la AFD, mientras que la UIP recordó su papel fundacional en el sector productivo. Además, se puso de manifiesto su impacto social en la vivienda, con un énfasis especial en el programa Che Róga Porã, que facilita el acceso a fondos a largo plazo con tasas accesibles.

Alonso Chaverri, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó el posicionamiento internacional de la AFD y su alineación con las prioridades nacionales:“En definitiva, tenemos una AFD moderna, que está íntimamente conectada con las prioridades de desarrollo del país, que goza de credibilidad internacional. El BID se siente satisfecho de poder acompañar desde el inicio y seguimos comprometidos a seguir haciéndolo en el futuro”.

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Desde el sector industrial, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), recordó el rol fundacional de la AFD:“La AFD fue creada con un rol clave: visibilizar la necesidad de contar con una banca de segundo piso, con especial énfasis en la producción”.Por su parte, Blas Reguera, representante de Caprivi, puso el foco en el impacto social de la AFD en el sector vivienda:“La AFD cumple un rol clave en el sector vivienda, siendo el artífice de facilitar fondos de largo plazo con tasas accesibles. Es importante destacar el programa Che Róga Porã como una política pública que transforma vidas”.El panel cerró con una reflexión compartida: los avances logrados en estos 20 años han sido posibles gracias a la construcción de alianzas sólidas, y el futuro exige seguir fortaleciendo estos vínculos para ampliar el acceso al crédito, dinamizar la producción y mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas.