El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) publicó su dictamen jurídico sobre la Resolución General Nº 119 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el cual reglamenta la retención del Impuesto a la Renta Personal (IRP) que entra en vigencia desde Setiembre.
“No hay contradicción legal”
La cartera laboral dictaminó que la resolución en cuestión no colisiona con el derecho relativo a la garantía de la Constitución Nacional que tienen los trabajadores del sector privado como público de percibir una remuneración que le asegure a él y su familia una vida digna, a los efectos de satisfacer sus necesidades.
Señalan que los Agentes de Retención, definidos en la resolución de la SET, podrán efectuar las retenciones del Impuesto a la Renta Personal, teniendo en cuenta que la norma que así lo dispone no contradice ninguna disposición que garantiza el respeto al salario del trabajador, en vista de que no se ve afectado el mínimo otorgado por la legislación para la subsistencia libre y digna.
“No hay inconsistencia jurídica”
Igualmente, el Ministerio de Hacienda se dictó al respecto de la retención de la carga impositiva. A través de un comunicado, indican desde la cartera que no se constata inconsistencia jurídica entre los alcances legales de la resolución de la SET y las normas de protección al salario del Código Laboral.
Mencionan que solo serán sujetos de retenciones del IRP el funcionario o trabajador que gane mensualmente G. 10 millones o más, al cual se le aplicará la retención del 0,5%, previa deducción del aporte al sistema de seguridad social correspondiente, con lo cual el monto a ser retenido es inferior a G. 50 mil.
Finalmente, destacan que más allá de su aspecto tributario, el IRP es un instrumento valioso para concretar el proceso de formalización y transparencia del sistema fiscal nacional.
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Fiscalía imputó a cinco policías y una abogada por secuestro y extorsión agravada
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Antisecuestro Zunilda Ocampos Marín (Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas) imputó a cinco agentes del Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada por los supuestos hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada. Habrían llegado a cobrar 30.000 dólares tras retener por varias horas a dos adultos y una adolescente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. También la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández.
De acuerdo con el escrito de imputación, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de Presidente Franco. Fueron víctimas Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente.
Las tres personas se encontraban a bordo de una camioneta Kia Sportage cuando fueron interceptadas por cinco hombres que, a cara descubierta y con armas de fuego a la cintura, se identificaron como policías de Investigaciones. Los agentes llegaron en una camioneta Toyota Hilux gris.
Los presuntos autores obligaron a Fabio Junior Troche Zarza a descender de su vehículo y a abordar la camioneta Toyota Hilux y otros dos policías subieron al rodado de las víctimas donde estaban Jorge Esteban Stoian Vidiella y la adolescente. Acto seguido, los agentes despojaron a las víctimas de sus respectivos teléfonos celulares.
Las víctimas fueron trasladadas a la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, ubicada en el mismo edificio del Departamento de Identificaciones. Durante el trayecto y en la sede policial los agentes habrían exigido a Fabio Junior 50.000 dólares, a cambio de su liberación y la de sus acompañantes.
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Los retenidos también habrían sido amenazados con el allanamiento de todas sus propiedades y las de sus padres, en el marco de supuestas investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado. En el predio de Investigaciones, a Troche Zarza lo tuvieron en el quincho, mientras que a Jorge Stoian y su hija lo mantuvieron en el vehículo.
Intervención de abogada
Le indicaron a Troche Zarza que se comunicara con su abogada y se hizo presente en el lugar Blanca Noemí Gauto. La misma conversó con los policías sin la presencia de su cliente para luego manifestarle supuestamente que debía abonar los 50.000 dólares para evitar problemas. Pasadas cuatro horas aproximadamente del secuestro, se habría llegado a un acuerdo de pago de 30.000 dólares al momento y 20.000 dólares en el plazo de un mes.
El primer monto, equivalente a 236.000.000 de guaraníes, fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los supuestos extorsionadores con la ayuda de la abogada Blanca Noemí y las víctimas fueron liberadas a las 16:40, frente al edificio de Identificaciones de la Policía Nacional.
Fabio Junior Troche denunció el hecho y en el marco de la investigación del caso, la fiscal Zunilda Ocampos dispuso la detención de los seis presuntos involucrados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la notificación del acta de imputación, la convocatoria a audiencia para ser oídos y la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Los policías, al enterarse de la orden de detención, se presentaron a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde permanecen privados de libertad. La Fiscalía fundamentó la solicitud de prisión preventiva, en la gravedad de los hechos punibles, la existencia de elementos suficientes que vinculan a los imputados como autores y partícipes, y el peligro de fuga y obstrucción a la investigación, considerando la condición de efectivos policiales de cinco de ellos.
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Conasam remitiría hoy al Ejecutivo su propuesta de reajuste del salario mínimo
La reunión del Consejo de Salario Mínimo (Conasam) proseguirá este jueves tras haberse declarado cuarto intermedio en la última sesión. El porcentaje definitivo de reajuste del salario mínimo legal se definiría en la fecha para enviarlo al Poder Ejecutivo. El monto sería de G. 100.739, basado en el 3,6 % de inflación interanual señalado por el último Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP).
César Segovia, viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), manifestó en el programa Así son las cosas, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que este jueves 12 de junio, a las 10:00, se reanudará la sesión de Conasam, con el propósito de obtener el porcentaje de reajuste para enviarlo como propuesta al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la fecha límite es el 30 de junio.
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El reajuste sería del 3,6 %, porcentaje que refleja la inflación interanual entre mayo de 2024 y mayo de este año, surgido en el último informe del IPC de la banca matriz. Dicho porcentaje se traduce en G. 100.739, lo que dejaría al salario mínimo legal en G. 2.899.048.
“La semana pasada ya inició el debate en cuanto al porcentaje que debería reajustarse el salario mínimo, ya que había una información extraoficial en cuanto a lo que el BCP había publicado sobre la variación del IPC, pero todavía no teníamos la comunicación oficial. También se debatió el reajuste del 15 % propuesto por las centrales sindicales”, explicó Segovia.
Igualmente, recordó que en la sesión anterior se debatió sobre la intención del Gobierno de reformar la estructura de cálculo de los reajustes del salario mínimo, actualmente supeditado al IPC, a través de otras herramientas más precisas para definir los porcentajes sobre la base de las variaciones de los productos de la canasta básica.
“El sector trabajador seguirá argumentando el 15 %, que a lo mejor es justo, pero la normativa establece bastantes limitaciones. Pero sí el compromiso, del presidente de la República y el ministro de Economía, es la forma de ver otras herramientas para reajustar el salario mínimo, y no solo el IPC, que es más para política monetaria”, comentó.
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Tras primera sesión, Conasam declara cuarto intermedio a la espera del IPC
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) inició este jueves su primera sesión del año para analizar el reajuste del salario mínimo, con participación de representantes del Estado, trabajadores y empleadores.
Al finalizar el encuentro, se resolvió declarar un cuarto intermedio hasta tanto se reciba oficialmente el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual elaborado por el Banco Central del Paraguay, según informaron desde el Ministerio de Trabajo.
La reunión estuvo liderada por el viceministro de Trabajo, César Segovia. Luego de haberse conformado el consejo, se dio inicio a los debates en un espacio tripartito, presidido por el director del Trabajo, Enrique Galeano, en su calidad de presidente del Conasam.
Como representante del sector trabajador asumió Bernardo Rojas, en tanto el sector empleador estuvo representado por Enrique Vidal Lovera, conforme a lo dispuesto en el decreto 3.921. Luego de que los integrantes del Conasam analicen el informe del IPC, elevarán una propuesta al Poder Ejecutivo para el reajuste del salario mínimo, antes del 30 de junio.
Reajuste
En Paraguay se realiza el reajuste del salario mínimo legal de manera anual y entra en vigencia en julio de cada año. Este 2025, el aumento será de 3,6 %, lo que representa G. 100.739, con lo cual el nuevo salario total quedará en G. 2.899.048, esto en base al IPC, dado a conocer el martes. La inflación mensual de mayo fue de 0 %, mientras que la interanual (últimos 12 meses) fue de 3,6 %, punto de referencia para el reajuste salarial.
Las cinco centrales sindicales (CUT, CNT, CUT-A, CPT y CGT) piden un reajuste del 15 % sobre el salario actual, es decir, que suba a G. 3.207.705. Según una de las obreras, manifestaron que el costo de vida mínimo actual es de G. 6.379.630 mensuales para una familia tipo de 4 miembros. Según datos del Ministerio de Trabajo, cerca de 230.000 personas cobran el salario mínimo en Paraguay. Además, los jornaleros también deben recibir el reajuste.
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Postergan estudio de proyecto de ley sobre seguro para desempleados
La Cámara de Diputados resolvió postergar por 22 días el proyecto de ley mediante el cual se crea un seguro para los desempleados. La iniciativa fue presentada por el anterior gobierno, sin embargo, actualmente ven ciertos elementos dentro de la propuesta que deben ser debatidos nuevamente y que necesitan del consenso de los trabajadores, empleadores y de las instituciones involucradas.
El diputado José Rodríguez fue quien solicitó la postergación del estudio de este proyecto que se posicionaba en el punto n.° 6 del orden del día de la sesión ordinaria de este martes 27 y la propuesta del legislador fue aprobada por sus pares sin oposición alguna.
Desde el Ministerio del Trabajo ya adelantaron su preocupación en torno a esta iniciativa. “Así como están las condiciones, no. En su momento acompañamos el proyecto y estuvimos a favor, pero ahora nos preocupa la cuestión del aporte si es que va a aumentar o no y qué impacto va a tener en el sector y empleado”, manifestó días atrás la directora de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Alejandra Garcete.
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La funcionaria señaló que todos los sectores deben sentarse nuevamente a discutir sobre la viabilidad de este seguro dado que el problema radica en la fuente de financiamiento, puesto que actualmente, se contempla un aumento en el aporte obrero patronal que hacen los trabajadores y empleadores. “No queremos que esto se convierta en un problema más o un desincentivo que también es una cuestión bastante compleja”, sostuvo.
Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brítez, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley. “Considero que no es factible, pero veremos cómo se presenta”, expuso tras un encuentro que mantuvo con la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados.
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