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La Cámara de Diputa­dos de Brasil aprobó el miércoles una moción de urgencia para tramitar un proyecto de amnistía que podría abarcar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

El proyecto de ley, destinado desde un principio a un per­dón para los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 enero de 2023 en Brasi­lia, ha sido la prioridad del par­tido de Bolsonaro en esta legis­latura. Tras la aprobación de la moción de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra, el texto será discutido directa­mente en el plenario, en lugar de pasar por las comisiones de la cámara baja.

Condenado por la corte suprema por liderar una orga­nización armada para tratar de impedir la asunción del pre­sidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en 2023, Bolsonaro busca ayuda del parlamento de mayoría conservadora para resolver sus problemas judi­ciales. El expresidente, de 70 años, está en prisión domici­liaria preventiva en Brasilia y este miércoles fue diagnosti­cado con cáncer de piel. El pro­yecto legislativo podría bene­ficiar a unas 700 personas ya condenadas por participar en la asonada de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, que según la corte suprema fue instigada por Bolsonaro como parte de la trama golpista. Y también podría abarcar al expresidente, según defiende parte del ala conservadora en el Congreso.

“Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó”, afirmó el martes el senador Flavio Bol­sonaro, hijo del exmandatario, al aludir al juez a cargo del caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dijo antes del voto que el objetivo es nombrar a un relator para llegar “lo antes posible” a un texto que “encuentre un apoyo de mayoría amplia” en el ple­nario. Motta anticipó que rechazará cualquier proyecto que “traiga aún más polariza­ción para el país”.

La moción de urgencia fue apoyada por los partidos de derecha y centroderecha, que derrotaron a la bancada ofi­cialista de izquierda. El texto, sin embargo, aún enfrenta un largo camino para con­vertirse en ley. Primero debe sortear la resistencia del ofi­cialismo en el plenario de la Cámara de Diputados. Luego iría a discusión al Senado, donde el gobierno de Lula es más fuerte que en la Cámara Baja, aunque también mino­ritario. Además, el propio Lula podría vetar la ley apro­bada por el legislativo y varios magistrados del supremo han manifestado que dicha norma sería inconstitucional.

Una eventual amnistía “lejos de abrir el camino para cual­quier pacificación, sería un desafío al poder judicial y a la conciencia democrática del país”, escribió en la red social X la ministra de relaciones institucionales del gobierno, Gleisi Hoffmann.