- Buenos Aires, Argentina. AFP.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner deberá cumplir una pena de seis años de prisión y tendrá inhabilitación política perpetua luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por administración fraudulenta.
La exmandataria de centroizquierda (2007-2015), principal opositora del gobierno ultraliberal de Javier Milei, fue condenada en 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, escribió el máximo tribunal argentino en su fallo. “Por ello, se desestima la queja” que había sido presentada por la defensa, añadió.
La exmandataria acusó de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces en la llamada “causa vialidad”, y señaló al Gobierno de querer proscribirla políticamente.
La defensa de Kirchner, de 72 años, puede solicitar a la Justicia la prisión domiciliaria por ser mayor de 70. De concedérsele, podrá cumplir la condena en Buenos Aires o en Santa Cruz, donde tiene domicilio.
Milei celebró la decisión: “Justicia. Fin”, escribió en la red X.
Kirchner, presidenta del Partido Justicialista (peronismo), había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, en las legislativas provinciales del 7 de setiembre. De ganar, habría obtenido fueros.
La decisión de la Corte la excluye ahora de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre.
A LA CALLE
Frente a la sede del Partido Justicialista, presidido por Kirchner, cientos de simpatizantes recibieron la noticia con la líder peronista, quien salió inmediatamente a la calle después de conocido el fallo. “El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”, dijo la también vicepresidenta entre 2019 y 2023.
SEPA MÁS
Un escenario político nuevo
Es “un escenario político nuevo”, dijo a la AFP el politólogo e historiador Sergio Berensztein.
“Cristina hoy tiene un liderazgo acotado, no es la Cristina de 2019 (cuando ganó la vicepresidencia en la fórmula con Alberto Fernández), pero sigue teniendo relevancia. Su candidatura como diputada le servía por la protección de los fueros”, explicó.
La incógnita es saber si su encarcelamiento “puede derivar en una gradual marginación o su muerte lenta como líder política”, agregó. Sin embargo, el analista político Rosendo Fraga estimó que “Cristina va a crecer políticamente”, puesto que su detención ayudará a superar las divisiones internas que atraviesa el principal partido opositor.
“Será difícil para un peronista ponerse en su contra” si está encarcelada, señaló Fraga.
Kirchner es una acérrima crítica del gobierno de Milei, quien ha reiterado que le “encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina dentro”.
Claves de la sentencia contra la expresidenta
Hay otras dos causas por corrupción que tendrán a Cristina Kirchner frente a un tribunal.
Buenos Aires, Argentina. AFP.
¿En qué consiste este proceso? Aquí cinco claves de esta condena y de otras causas que tramita la Justicia contra Kirchner (2007-2015).
LA ACUSACIÓN
La Fiscalía acusó a Kirchner de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “asociación ilícita” en la adjudicación de obras viales durante su presidencia. Pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En 2019 comenzó el juicio oral y en 2022 un tribunal de primera instancia la encontró culpable de administración fraudulenta, pero no de asociación ilícita. Por esto la condenó a seis años de prisión e inhabilitación política.
La Fiscalía y defensa apelaron. En 2024, la Cámara de apelaciones ratificó el fallo del tribunal.
LA DEFENSA DE KIRCHNER
La exmandataria niega cualquier delito y califica el caso como una guerra judicial o “lawfare” diseñada para proscribirla y amedrentar a su espacio político, el peronismo (centroizquierda), y principal oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.