Lima, Perú. AFP.
La Fiscalía de Perú rechazó un pedido de la presidenta Dina Boluarte de adelantar la fecha de su indagatoria por el escándalo de los relojes Rolex prevista para el viernes, informó la defensa de la mandataria.
“La Fiscalía de la Nación deniega pedido de la Sra. presidenta de adelantar su declaración”, indicó el estudio del abogado Mateo Castañeda vía la red social X respecto a la solicitud presentada el domingo. En consecuencia, “la presidenta declarará este viernes 5 de abril a las 8:30 horas” locales (12:30 GMT), según la citación de la Fiscalía, agregó la defensa.
La mandataria quería dar su declaración indagatoria “de forma inmediata” con el fin de esclarecer el caso ante “la turbulencia política que se viene produciendo” por el “Rolexgate”, como se conoce el escándalo que estalló a mediados de marzo. Ella será escuchada por los fiscales el viernes por primera vez desde que la policía allanó sorpresivamente su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo en busca de los relojes.
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Perú: Dina Boluarte fue interrogada por la Fiscalía por represión de protestas
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses. La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, por casi hora y media.
La presidencia, a través de Twitter, informó que Boluarte “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, sin ofrecer más detalles. De su lado, la Fiscalía señaló más temprano que la gobernante fue llamada dentro del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023″.
Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que compartió en redes sociales el organismo acusador. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio del centro de Lima. Ella tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.
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No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según fija la Constitución. La Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Las autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En las protestas han muerto 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están siendo investigados por la Fiscalía en el marco de la misma causa. Boluarte cumple este martes tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado.
Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída desató las violentas movilizaciones que exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.
Fuente: AFP.
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Perú: protestas contra el Gobierno y adelanto de elecciones no ceden
Las protestas en Perú en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se profundizan para presionar al Congreso, que se espera que este lunes vuelva a tratar un adelanto de las elecciones. La mandataria puso más presión el domingo en la noche al emplazar al Congreso a adelantar los comicios, de lo contrario impulsará reformas constitucionales para que se impongan esas elecciones, dijo en un mensaje al país.
“Voten por el Perú a favor del país adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos”, dijo y apuntó que en caso de un nuevo rechazo impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios con una primera vuelta en octubre de este año.
“Las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie”, dijo a la AFP el líder sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, al convocar una marcha nacional el martes en la tarde, bajo el lema “Dina renuncia ya”. Pese a los 48 muertos que dejan las manifestaciones en ciudades del sur y en Lima en siete semanas, la crisis política y social no da señales de solución.
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El poder político ha sido incapaz de encontrar una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rurales del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergadas, que habían apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada del izquierdista Pedro Castillo a la Presidencia (2021-2022), destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso.
Decisión clave
Boluarte, que fungía como vicepresidenta, asumió entonces las riendas del gobierno. “El pueblo esta diciendo prácticamente que no van a cesar su lucha si no renuncia” Boluarte, insistió el sindicalista. Este lunes se prevé una sesión en el Congreso para reconsiderar la votación que por una mayoría de 65 votos contra 45 se opuso a adelantar los comicios generales a este año, como había implorado la presidenta Boluarte el viernes.
La mandataria reconoció que la crisis en las calles ha empeorado con un escenario de protestas violentas y bloqueos, que provocan escasez de insumos básicos y combustible en varias ciudades. Tras lamentar la decisión del Congreso, que ya había votado un adelanto de los comicios para abril de 2024, Boluarte exhortó “a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú”.
El domingo, el presidente del Parlamento, José Williams, militar retirado de derecha, primero en línea de sucesión en caso de renuncia de la mandataria peruana, también pidió en su cuenta de Twitter a los parlamentarios “reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar” el lunes. La discusión política coincidirá con el velatorio de Víctor Santisteban, de 55 años, manifestante que falleció el sábado en la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre, al recibir “el impacto de un objeto contundente en su cabeza”, según el parte médico.
Detonaciones de bombas lacrimógenas de la policía e intercambio de pedradas y bloques de cemento marcaron el ritmo de una noche violenta el sábado, donde hubo al menos siete heridos que permanecen hospitalizados, y 28 policías lesionados, según la Defensoría del Pueblo. El Congreso sesionará desde las 1000 locales (1500 GMT), aunque varios analistas creen difícil que se revierta el rechazo a las elecciones este año.
Jugando con fuego
La iniciativa presentada por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, del partido derechista Fuerza Popular (FP), buscaba adelantar los comicios para octubre, de manera que la presidenta, los congresistas y autoridades electivas entreguen el poder en diciembre de 2023. Pero la izquierda insistió en que debía incluirse un referendo para crear una Asamblea Constituyente, algo que rechaza un amplio espectro de la política peruana.
Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular, partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. “La verdad creo que están jugando con fuego porque la visión de los congresistas es una total negación a la realidad. Ellos quisieran quedarse hasta el 2026″, dijo a la AFP la analista Giovanna Peñaflor, de Imasen, una firma de investigación sociológica y política.
“Yo creo que la situación se va a agravar. Hoy en día estamos en un número imparable de muertes relacionadas con el tema político y esto no puede continuar así”, indicó. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 73% de peruanos pide elecciones para este año y el 89% desaprueba el desempeño del Congreso.
Fuente: AFP.
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Crisis en Perú: aumentan las protestas para reclamar la renuncia de la presidenta
Colectivos izquierdistas se movilizaron en Lima el jueves para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas en el marco de las protestas que dejaron al menos 42 muertos en poco más de un mes, con focos importantes en zonas andinas como Cusco, meca del turismo cuyo aeropuerto cerró por seguridad.
Bajo la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”, miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico de Lima convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.
“Estamos marchando por los asesinatos, por la masacre en (la región de) Puno de nuestros hermanos campesinos. Pedimos la renuncia de Dina Boluarte porque es un gobierno usurpador”, dijo a la AFP Rosario Abanto, de 59 años.
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Las protestas ingresaron así a su segunda semana tras una tregua por fin de año, promovidas por sectores radicales y gremios campesinos en las zonas andinas reclamando justicia con los deudos y sanción a los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.
Bloqueos
El jueves Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre. Mientras que en la región Puno, epicentro del movimiento, comenzaron los entierros de los 17 fallecidos tras choques el lunes con las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca.
“Lo recuerdo a mí tío como una persona muy alegre. Es una lástima como lo hemos perdido. No ha muerto por una muerte natural, tampoco por una enfermedad, ¡a él lo mataron!”, dijo a la AFP Sonia Quispe, sosteniendo un retrato de Marco Quispe, de 55 años, a quien sepultaron en el cementerio La Capilla de la ciudad.
El dolor se prolongó en Juliaca por una nueva muerte: un joven de 16 años hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad. Bajo ese contexto el ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció y pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de 2024.
Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.
“Asonada contra Lima”
La movilización en la capital es parte de una “asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14″, había dicho el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola. Según el alto funcionario, las protestas “se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico”, proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos.
Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima. El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser “quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad”.
El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Cusco, turismo y protestas
En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela inca Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles, con manifestantes enardecidos tras la muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía.
La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden. El gobierno cerró este jueves temporalmente el aeropuerto internacional de Cusco ante el alto riesgo de que sea tomado por la fuerza pese a estar resguardado por un contingente policial y militar.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu se suspendió hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores por las protestas, informó en un comunicado la compañía operadora.
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Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución. El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la “moderación” a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.
Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, “abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.
Fuente: AFP.
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Perú: sube a 17 la cifra de muertos por enfrentamientos entre manifestantes y antimotines
Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dejaron 17 muertos este lunes en Juliaca, en el sur de Perú, informó la Defensoría del Pueblo. “Hasta esta hora de la noche (ndlr: 22:00 locales, 03:00 GMT), hemos confirmado 17 fallecidos en Puno durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca”, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo.
La cifra de muertes pasó de 12 a 17 en las últimas horas tras el deceso de cinco de los cerca de 40 heridos registrados. Las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge, adonde fueron trasladadas, en declaraciones al canal N de televisión.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad. Con el nuevo balance, los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a 39 en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas dos mil personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 km al sur de Lima, en la región de Puno.
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“Hoy, más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola.
El aeródromo está bajo resguardo policial y militar. Un intento de toma similar había ocurrido el sábado, pero sin muertes. “Los señores policías nos estaban disparando (...) pedimos que la señora Dina (Boluarte) renuncie (...) acepta que el pueblo no te quiere”, dijo a la AFP un manifestante.
Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política con manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Boluarte prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por “intervenir” en los asuntos de política interna del país.
“Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, indicó el Ministerio del Interior. Morales ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de Boluarte, que se desataron tras la destitución y detención de su antecesor Pedro Castillo.
Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero. Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar en torno al 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales, que agrupan principalmente a campesinos.
¿Separar a Perú?
El anuncio contra Morales coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.
“En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”, agregó el ministerio para justificar la decisión.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno. Castillo fue destituido tras un fallido golpe de Estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez acusado de rebelión.
Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú de impedirle el ingreso y sostuvo que la medida busca “distraer y esquivar” las responsabilidades por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de “Runasur”, una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.
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“El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder”, replicó Morales el fin de semana.
Corta tregua
El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte. Las protestas contra el gobierno de Boluarte se reiniciaron el 4 de enero, tras una breve tregua por las fiestas de fin de año.
Los manifestantes mantenían este lunes bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca; Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac. Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
Fuente: AFP.