Rosario, Argentina. AFP.
Sin taxis ni autobuses y con escuelas cerradas: así vivía ayer Rosario, la tercera ciudad de Argentina, tras cuatro asesinatos vinculados al narco que provocaron el envío de fuerzas federales por parte del Gobierno y un proyecto de ley “antimafia” a la italiana.
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa un plan de “saturación policial” y el refuerzo de 450 efectivos para evitar que Rosario (Santa Fe, centro) se convierta en “tierra de narcoterroristas”.
La funcionaria informó también del envío al Congreso de una ley “antibandas” que “tipifica una nueva modalidad de persecución penal, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, como hizo el código penal antimafia de Italia”.
Luego del fusilamiento el fin de semana de un empleado de una gasolinera, que se sumó a otros tres asesinatos en la última semana, Rosario despertó sin autobuses, sin clases, sin atención en centros de salud, sin recolección de residuos, sin taxis ni servicio de gasolinerías durante la noche.
Los directivos de las escuelas decidieron no dar clases luego de los crímenes que provocaron “pánico” en la población, y que el Gobierno atribuye a una “reacción” de jefes narcos encarcelados por el endurecimiento de sus condiciones de detención.
“Familias, hemos decidido suspender el dictado de clases de modo presencial solo por mañana”, fue el mensaje de WhatsApp que recibieron el domingo los padres de la escuela Francisco Gurruchaga. “Debemos resguardarnos ante todo lo que ocurre”.
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Argentina busca rebajar edad de imputabilidad a los 14 años
El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, está preparando una proposición de ley para reducir la edad penal de imputabilidad de 16 a 14 años en respuesta a la escalada de delincuencia en lugares como la ciudad de Rosario. La medida ha sido planteada después de la detención de un adolescente de 15 años acusado del asesinato de un trabajador de una gasolinera en Rosario el pasado 10 de marzo, según recoge el diario argentino ‘La Nación’.
“El que las hace las paga”, publicó Milei en X, secundado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni: “Delito de adulto, pena de adulto”. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, está terminando de redactar este nuevo proyecto de ley que lleva en preparación desde hace más de un mes, aunque el incidente de la gasolinera ha acelerado los tiempos.
“Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”, ha destacado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en X. El programa electoral de Milei ya planteaba entre las 50 medidas relacionadas con la seguridad “estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores”.
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Fuente: Europa Press.
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Rosario recibe fuerzas federales para enfrentar el narcotráfico
El gobierno argentino anunció ayer domingo el envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario (centro) para enfrentar al narcotráfico, tras cuatro asesinatos de civiles en los últimos días, perpetrados por “narcoterroristas” según el ejecutivo.
“Tras un pedido del gobernador (de la provincia de Santa Fe) Maximiliano Pullaro (...) la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la policía de Santa Fe en su combate contra el narcotráfico”, publicó en la red social X la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei.
Por su parte, Milei escribió en su cuenta de X que el gobierno está enfrentando a “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”. “No vamos a dejar de perseguirlos (...) porque sabemos que son ellos o nosotros”, aseguró el presidente argentino. La medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas (FFAA) para brindar apoyo “siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”, de acuerdo con la misma fuente.
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Si bien las FFAA argentinas no pueden intervenir directamente, la excepción que contempla la legislación es cuando participan para “apoyar las operaciones de seguridad interior” mediante la afectación “de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
El anuncio del gobierno tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad junto al río Paraná, ubicada 300 km al norte de Buenos Aires y la tercera en tamaño de Argentina con 1,3 millones de habitantes, donde dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana.
Los ataques narcos responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. “Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían: tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, dijo el gobierno provincial en un comunicado este domingo.
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“Matar más inocentes”
En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que “esta no es una guerra por territorio”, sino contra Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de “matar más inocentes”: “Queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada”, advirtieron en la carta.
En dos meses de gestión, Pullaro ha recibido 25 amenazas que atribuye a su política de mano dura en la ciudad con la peor tasa de homicidios a nivel nacional: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional.
El gobernador santafesino busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Cuanto más se metan con nosotros, peor la van a pasar”, advirtió a los jefes narcos Cococcioni, que aseguró que cuando esté terminada la cárcel de alta seguridad, los delincuentes “no van a poder ni pestañear”.
Fuente: AFP.
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Rosario aplica método Bukele en lucha contra el narco
Los asesinatos a quemarropa de dos taxistas en Rosario, la ciudad argentina con mayor tasa de homicidios, son el último episodio de una saga de ataques narcos que tienen en la mira a un gobernador cuestionado por “bukelizar” la seguridad pública. En dos meses de gestión, Maximiliano Pullaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe (centro), donde está la ciudad de Rosario, ha recibido 25 amenazas que atribuye al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil.
Pullaro busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y, entre otras cosas, el martes difundió imágenes de presos en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Cuanto más se metan con nosotros, peor la van a pasar”, advirtió a los jefes narcos el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, al asegurar que, cuando esté terminada la cárcel de alta seguridad, “no van a poder ni pestañear”.
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Represalias
Con 1,3 millones de habitantes y tercera ciudad de Argentina, Rosario es el principal puerto del país, y según los expertos se ha convertido, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia. La ciudad tiene la peor tasa de homicidios: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional.
El fenómeno criminal puso en foco el funcionamiento de las cárceles, desde donde los cabecillas de organizaciones delictivas ordenan ataques armados. La noche del martes, un taxista fue acribillado con nueve disparos en su automóvil. El miércoles, otro fue asesinado de un tiro en la cabeza. El sindicato relaciona esas muertes con represalias por la difusión de imágenes de requisas carcelarias y un grupo de taxistas se manifiesta el jueves frente a la gobernación.
El martes por la tarde, las autoridades divulgaron fotos y videos de presidiarios en ropa interior, agachados y en fila, que acompañó con música heavy metal. En otro hecho, el 2 de marzo, un autobús con personal del Servicio Penitenciario fue blanco de nueve disparos desde un automóvil. En ese episodio, los atacantes dejaron un mensaje intimidatorio que no fue difundido.
El presidente Javier Milei felicitó el viernes pasado el trabajo de Pullaro en Rosario y citó una marcada reducción de homicidios en enero y febrero respecto al año pasado (60% según Milei, una cifra “exagerada” según verificadores de hechos de Chequeado).
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Alimentar la identidad
“Claramente el móvil (de estos ataques) es una reacción al reordenamiento de presos de alto perfil que hizo la gestión actual”, dice a la AFP Franco Carbone, el fiscal que investiga las amenazas a las autoridades políticas. “El objetivo es llamar la atención, no solo de las autoridades, sino de cada persona que habita Rosario, y generar conmoción pública”, agrega.
Según la Justicia, esa fue la intención con la que fue baleado el año pasado el comercio del suegro del astro futbolístico Lionel Messi en Rosario. Estas “balaceras” alteran la vida cotidiana de las zonas más desprotegidas de Rosario, ciudad donde edificios lujosos contrastan con los 175 asentamientos precarios que carecen de servicios básicos.
“Hasta hace unos años este era un barrio tranquilo, ahora no se puede salir a la calle después de las 20″ horas, dice Sonia, un ama de casa de 57 años que no quiso dar su apellido por temor. Vive en el barrio Tablada a pocos metros de un “búnker”, como se denominan las viviendas dedicadas a la venta de drogas al menudeo, que está siendo demolido por decisión del Ministerio de Seguridad.
“El gobierno comenzó con una lógica muy preocupante, que yo llamo de ‘bukelización’, porque lo único significativo que está haciendo (...) son escenas mediáticas”, dice a la AFP el profesor de Criminología de la Universidad de Rosario, Enrique Font.
“Es contraproducente, porque el fenómeno que se confronta es una violencia muy rústica e identitaria. Lo peor que se puede hacer desde el Estado es alimentar esa identidad, usándolos políticamente, mostrándolos, porque la violencia identitaria quiere ese reconocimiento”, dice el experto, cuestionando que se fotografíen y filmen las requisas y traslados.
El diputado local Carlos Del Frade, investigador del fenómeno de la criminalidad, sostuvo que la decisión gubernamental de difundir las imágenes “solo busca generar control social con la excusa de combatir el narcotráfico”.
El propio Bukele, quien emprendió una cruzada contra las pandillas en El Salvador, se refirió a Rosario tras ser reelecto presidente. “El problema de Argentina es (...) preocupante sobre todo en Rosario y otras zonas, pero más pequeño que en El Salvador”, afirmó, para agregar que las medidas a adoptar “no tendrían que ser tan drásticas” como en su país.
Fuente: AFP.
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Rosario de millonarios cobros del clan Carrizosa con proyectos estatales
Las pocas rendiciones de cuenta de la infinidad de transferencias que recibió el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que conseguimos después de mucha insistencia, revelan sistemáticas, millonarias facturaciones, hasta comprobantes emitidos en mismas fechas a varias instituciones públicas por parte del presidente de la organización y su clan, lo que refleja el manejo discrecional y voraz del dinero público, proveniente del aporte de los contribuyentes.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La crisis arrastrada con relación al platal que el Estado destina a los proyectos de “fortalecimientos” institucionales, mipymes, de reactivación económica pospandemia del covid y la repartija de honorarios detrás entre el clan del presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG que administra los fondos, indica que los más fortalecidos son ellos, que viven facturando a costa de estas iniciativas que al final se traducen en negocio familiar.
Las pocas rendiciones de cuenta de la infinidad de proyectos estatales que administra el CIRD a las que accedimos vía Ley de Acceso a la Información Pública, ya que el hermetismo de las instituciones eludió la entrega de datos, de igual forma, revelan un rosario de facturaciones del clan de Agustín Carrizosa, en el que también figura él mismo y el hijo de su coordinador anticorrupción, Francisco Darío Alcaraz.
Según la planilla de algunas rendiciones de cuenta proveídas por la Contraloría General de la República (CGR), Agustín Carrizosa, presidente de la ONG que recibe las millonarias transferencias del Estado, también registra cobros en concepto de honorarios de estos fondos, al igual que su pareja, María Berta Rojas Aveiro, su cuñada Marta María Rojas Aveiro y su hija Paola Carrizosa Bradshaw, quien aparece con cobro de jornales.
Mientras que Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, figura con honorarios profesionales.
Sistemáticos y jugosos cobros registra la pareja de Carrizosa, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y otros como el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP). En la infografía que acompaña este artículo se puede ver fechas de comprobantes emitidos uno tras otro, incluso hasta 6 en una misma fecha, y algunos en el mismo día que en otras instituciones.
Solo con algunos proyectos en Sinafocal, Trabajo, MIC, SNPP, María Berta acumula facturaciones por G. 687,4 millones. Consultorías, asesorías e investigaciones son los conceptos de cobro por excelencia, aunque también hay algunos servicios comunicacionales.
La cuñada de Carrizosa es parte del clan con seguidilla de facturaciones. Según las pocas rendiciones a las que accedimos suma G. 271,5 millones en consultorías, asesorías e investigaciones en Sinafocal. Mientras que su hija Paola acumula jornales como fotógrafa por G. 106,4 millones, en el Proyecto de Reactivación Económica Poscovid de Sinafocal.
El presidente del CIRD también registra cobro en proyectos con el Estado. Accedimos a algunos de Sinafocal rescatados del denominado “Aplicación de Metodologías Innovadoras en la Formación Profesional y el Fortalecimiento”.
En la conversación anterior, cuando consultamos a Carrizosa sobre los cobros de su familia en proyectos de Sinafocal, también le habíamos preguntado por los honorarios suyos a lo que respondió: “Sí, claro, yo también. Yo soy director del CIRD”.
Solo con algunos de los proyectos con Sinafocal, MIC, Trabajo y el SNNP el clan Carrizosa y el joven Alcaraz se repartieron G. 1.113 millones de la plata proveniente de los contribuyentes.
Mientras estos negocios se cocinan en la ONG, detrás de los proyectos estatales ante una inentendible permisibilidad de nuestras autoridades que no pueden alegar desconocimiento del festín que en condiciones privilegiadas se manda un clan con el dinero público, las cabezas de la organización se abanderan de grandes iniciativas anticorrupción que persigue el tráfico de influencias, el uso discrecional de los recursos del Estado, la impunidad, etc.
En nuestra edición anterior mostramos las vinculaciones y el esquema de negocios de una rosca que se fortalece con los proyectos anticorrupción que genera entusiasmo en la ciudadanía, que busca soluciones a las irregularidades en el sector público. “Más ciudadanía, menos corrupción”, del área de transparencia del CIRD, tiene detrás a consultoras que facturan en este proyecto y a las que están vinculados el propio coordinador Alcaraz y su hijo como staff de profesionales de estas empresas.
Isabel Benítez Espínola (Beas Consultora) es contadora de Alcaraz. Esta le aseguró como empleado en el Instituto de Previsión Social, mientras él le dio algunos trabajos en “Más ciudadanía, menos corrupción” y, según nos confirmó él, también le hace algunas consultorías a la mujer.
En este contexto de amistades está también la consultora Tabacman, donde está Romy Vaesken, quien a la vez es directora de la ONG Conciencia Viva, subcontratada en “Más ciudadanía, menos corrupción” y en la que también aparecen como consultores Carlos Francisco Alcaraz junto con su papá Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto. Es así que, quienes lideran los ruidosos proyectos anticorrupción, en realidad están haciendo negocios usando principalmente como blanco a algunos políticos que no gozan de la simpatía mediática y aprovechando el hartazgo de la ciudadanía.