• Brasilia, Brasil. AFP.

El expresidente ultra­derechista Jair Bol­sonaro fue declarado este inelegible durante ocho años por “abuso de poder” al haber difundido desin­formación sobre el sistema electoral en Brasil antes de su derrota frente al izquier­dista Lula da Silva.

La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidencia­les en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) alcanzó una mayoría de 5 votos a 2 en favor de conde­nar al exmandatario por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electró­nicas con informaciones “fal­sas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de perder las elecciones.

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Bolsonaro tachó el fallo de “puñalada en la espalda”, pero no se dio por vencido y dijo que apelará ante la corte suprema.

“No estoy muerto, vamos a seguir trabajando”, afirmó el líder ultraderechista a perio­distas en Belo Horizonte (Minas Gerais, sureste).

“Mi apelación será ante el Supremo Tribunal Federal”, añadió, estimando que con la decisión judicial, Brasil se encamina “hacia una dicta­dura”. En esta cuarta y última sesión del juicio, votaron los últimos tres jueces. Para una condena por los cargos de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación” era nece­saria una mayoría del pleno (al menos El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba “corre­gir fallas” del sistema de urnas electrónicas con la “participa­ción de las Fuerzas Armadas”.

En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral contra Lula. “Mentir no es una herra­mienta legítima para el ejer­cicio de una función pública”, reaccionó el ministro de Jus­ticia, Flávio Dino.

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