Washington, Estados Unidos. AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Chile “tomar medidas inmediatas” para involucrar a la sociedad civil en la tramitación de la polémica ley del “gatillo fácil”.
Los diputados chilenos aprobaron en tiempo récord las seis primeras leyes antidelincuencia, que en su mayor parte llevan nombres de víctimas. Ahora el Senado debe analizar las normativas y las observaciones del gobierno a la Ley Naín-Retamal, que establece “la legítima defensa privilegiada” de los policías para dejarlos “exentos de responsabilidad criminal” cuando actúen en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.
Pero algunas organizaciones estiman que la ley reduce la rendición de cuentas.
La policía chilena fue muy criticada por la forma en la que reaccionó a las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre del 2019 y que se saldaron con una treintena de muertos y miles de heridos. En un comunicado, la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llama al gobierno izquierdista del presidente chileno Gabriel Boric que “lleve a cabo un proceso participativo en la tramitación de los proyectos de Ley Naín-Retamal”.
La Comisión reconoce “la importancia de que las policías cuenten con el resguardo normativo y los medios para el mantenimiento de la seguridad ciudadana”, pero insta al Estado “a tomar medidas inmediatas para llevar a cabo un proceso que garantice la más amplia participación” que incluya, entre otros, a personas de la sociedad civil, expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales.