Tras ganar a Libertad (3-1) y en la previa al superclásico frente a Olimpia del próximo domingo por el torneo Apertura, Cerro Porteño viaja a Perú para enfrentarse el miércoles a Alianza Lima por la cuarta fecha de la Copa Libertado­res. El Ciclón irá definiendo sus chances para avanzar a los octavos de final, ya que es tercero por diferencia de goles y en su última presenta­ción había igualado sin goles en Asunción frente a Flumi­nense, vigente campeón.

En cuanto a Libertad, se ins­tala en San Cristóbal para medirse este martes al vene­zolano Deportivo Táchira. El Gumarelo atraviesa un mal momento y ha acumu­lado tres derrotas consecu­tivas, considerando la caída de local por la Libertadores frente al River Plate (2-1), a las que se agregan los tras­piés ante el 2 de Mayo (2-0) y Cerro Porteño (3-1). El Gumarelo está obligado a puntuar en Venezuela para reacomodar su complicada situación, ya que es tercero en su grupo.

En la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la situación de los cuatro equi­pos paraguayos es compli­cada. En el duelo de mayor convocatoria de la semana, Sportivo Trinidense recibe el miércoles en la Nueva Olla al afamado Boca Juniors de la Argentina. El mismo día, pero en el Defensores, Luqueño, que perdió sus tres partidos, recibe al chileno Coquimbo Unido. La acción comienza este martes con Nacional vs. Corinthians en el Defensores y Ameliano vs. Danubio en La Huerta.

El club Nacional, que esta semana vuelve a jugar en la Copa Sudamericana, denunció amenazas a su presidente Juan Carlos Galeano. “Rechazamos enérgicamente cualquier tipo de ame­drentamiento y violencia en contra de cualquier persona, más en contra del presidente, quien es una persona que ha dedicado su vida al club por años, dando siempre lo mejor”, expresa el comu­nicado de la Academia. La amenaza se produce en coincidencia con la mala campaña de Nacional, que se encuentra último en el torneo Apertura y en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.

En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.

Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).

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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.

Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.

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Fuente: Europa Press

• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La más importante marcha estudiantil en mucho tiempo se desarrolló en la Argentina el martes último. La sola alusión a que “la motosierra” avanzaría contra la sustentabilidad y continuidad de la educación pública libre y gratuita en las universidades llevó a las calles en todo el país a más de un millón y medio de personas que ejercieron en plenitud su derecho a la libertad de expresión para decir claramente “no” a los recortes presupuestarios.

Solo en Buenos Aires fuentes coincidentes aseguran que más de 400 mil personas recorrieron las calles. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cuando fue informada de la envergadura del reclamo dejó de lado el cumplimiento estricto del que se conoce como “protocolo” para que no se interrumpa el tránsito vehicular en las calles. La nueva orden fue la de priorizar la protección de la Casa Rosada y el Congreso Nacional. La manifestación fue impresionante.

Y el más impresionado fue el gobierno del señor Milei que tomó nota y bajó marcadamente el tono y los contenidos agresivos con los que se expresa tanto en los medios tradicionales como a través de las redes sociales, el ecosistema en el que más cómodo se siente. Claramente, la envergadura de la protesta en sí misma al igual que la extensión territorial que tuvo como escenario pudo más que “el rugido del león”, como se autodenomina el presidente Milei.

No marcharon los que “no la ven”, como suele categorizar el mandatario sin distinción a quienes se oponen a sus políticas y/o son críticos. Los manifestantes –sin criterios partidarios identificatorios que los unificara– sostienen la idea de que el Estado debe proteger –como derecho, como valor social– un sistema de educación pública y gratuita en todos los niveles.

El ministro vocero presidencial, Manuel Adorni, recibió instrucciones precisas. “Nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública ni cerrar las universidades”, manifestó. Para muestra basta un botón, sostiene el dicho popular. Muy probablemente, Javier Milei que horas antes a través de la cadena nacional de medios sostuvo que “la era del Estado presente ha terminado” en la Argentina, comprendió que el Estado ausente que aspira instaurar deberá excluir a la educación pública, gratuita y laica, creada desde los inicios de este país por liberales como Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento o Julio Argentino Roca, por mencionar a los más notables. La presencia de la sociedad civil en las calles ratificó lo que indicaban las encuestas en los días previos a la protesta. Según la consultora Poliarquía, el 72 % de las personas consultadas aprueba y valora a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cuyas autoridades democráticamente elegidas más fustigó el gobierno libertario.

La realidad real (la sociedad en las calles para ejercer el derecho de expresarse) resultó ser infinitamente más sólida y persuasiva que la realidad virtual que con frecuencia satura las redes para acompañar en forma irrestricta y acrítica las políticas libertarias. La comunidad educativa marcó un límite claro.

A poco de cumplir cinco meses de gobierno el presidente Milei, además de no haber conseguido que el Parlamento aprobara ninguna de sus iniciativas fundacionales, también tuvo que metabolizar, reconocer y retroceder frente a quienes además del derecho a estudiar levantaron el derecho a un futuro mejor y a la movilidad social ascendente.

Mientras, en la Cámara de Diputados comenzará hoy el tratamiento del proyecto de Ley Bases que por segunda vez impulsa el señor Milei. La reforma laboral que desde la perspectiva gubernamental “modernizará” los contratos de trabajo en la Argentina que originalmente tenía 60 artículos quedó reducida a 16. El intento de desfinanciar a las organizaciones sindicales para terminar con los aportes obligatorios –descontados de sus salarios– a los trabajadores y los que corresponden y deben realizar las empresas no serán eliminados. Las graves sanciones que se preveían para los sindicatos que con piquetes impidan el normal desarrollo de actividades en las plantas de producción tampoco serán impuestas.

Las declaraciones de emergencia económica que solicitaba el Poder Ejecutivo para gestionar algunas áreas de un total de 12 en el proyecto original quedaron reducidas a tres.

De las 46 empresas estatales que se pretendían privatizar, quedaron reducidas a un puñado infinitamente menor. El Banco de la Nación Argentina (BNA), finalmente, no será privatizado. Tampoco la empresa Nación Seguros. Sí se mantiene, en cambio, Aerolíneas Argentinas.

El que se conoce como “paquete fiscal” que contempla la reposición del “impuesto a las ganancias” que eliminara como acción proselitistas en favor de su candidatura presidencial el exministro de Economía Sergio Massa, casi con seguridad será aprobado. La aprobación del proyecto de ley en general está garantizada. Sin embargo, las intenciones presidenciales todavía podrían estar más acotadas cuando la iniciativa se vote en particular, artículo por artículo.

En ese punto todavía hay algunas dudas. “El acuerdo está atado con alambre”, dijo sin anestesia el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. No obstante, si se diera la aprobación como lo espera el oficialismo, las negociaciones tendrán como escenario en los próximos días la Cámara de Senadores donde los legisladores que responden a Javier Milei son solo 7 sobre 74. Treinta y tres pertenecen al bloque kirchnerista de Unión por la Patria. El final todavía no está claro.

Desde el exterior la pobre gestión parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), el partido político de Milei, es observada con atención. Un aporte de fondos frescos que el ministro de Economía Luis Caputo solicita reiteradamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) –que todavía son negativas en unos 3.500 millones de dólares– espera aprobación y, para ello, es imprescindible alguna señal que legitime los programas gubernamentales con el respaldo del resto del espectro político. Deberán seguir en espera.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– continúa achicándose. En pocos días más se conocerá el que emergerá con el fin del presente mes de abril. Coincidentes informantes tanto del sector público como del privado estiman ante La Nación que se ubicará entre 9,8 y 10,7 %. El parate comercial es alarmante. “No se vende nada”, aseguran los comerciantes casi a coro.

Mañana habrá marcha de trabajadores estatales. El 1 de mayo –Día Internacional del Trabajo– se prevén movilizaciones y reclamos. Para el 9 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció semanas atrás un “paro general”. Su eventual resultado es un enorme interrogante. En principio, la UTA (Unión Tranviarios Automotor), donde convergen los conductores de los medios de transporte, dejaron trascender que “no” adherirán. Todo tiene final abierto.