La agente fiscal de la Unidad Nº 3 Stella Mary Cano de Woitas formuló acusación contra el ex intendente de la ciudad de Asunción, el comunicador Mario Ferreiro, por la comi­sión de los hechos punibles de coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias en el marco del proceso judicial más conocido como “asado de fin de semana”, respecto a una supuesta recaudación para­lela durante su administra­ción que operaba a través de un grupo en Telegram. A raíz de este hecho que se dio a conocer, Ferreiro renunció a la jefatura capitalina.

Cano de Woitas también formuló acusaciones contra Carlos Marcelo Mancuello Ríos, ex jefe de Gabinete de Ferreiro, por lesión de con­fianza y tráfico de influen­cias; por el mismo hecho también fue sindicado Víc­tor Ocampos, funciona­rio que ocupaba la Direc­ción de Talento Humano de la comuna capitalina; el ex funcionario Aureliano Ser­vín Maldonado, por tráfico de influencias, coacción y coac­ción grave.

También contra la ex dipu­tada por Avanza País Rocío Casco, por tráfico de influen­cias, coacción y coacción grave; contra los sobrinos del comunicador Roberto Mauri­cio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreiro Ayala, por tráfico de influencias.

La denuncia fue presentada por Camilo Soares el 27 de noviembre del 2019, por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, coacción, coacción grave y tráfico de influencias contra personas innominadas.

Al respecto, Soares había mencionado que hace tiempo viene denunciando la situa­ción, pero siempre se buscó desviar el tema llevándolo al ámbito personal. Incluso, dijo que el entonces inten­dente, aunque lo quiera negar, estaba al tanto del esquema de recaudación paralela que involucra a sus dos sobrinos.

La agente fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. Detalla también que se generó la necesidad de involucrar a Soares en problemas judicia­les, por lo que, Mario Ferreiro, a través de Roció Casco y Aure­liano Servín, acudió a Alfredo Guachiré para que le propor­cione datos que pudieran uti­lizar a ese efecto, a cambio de ayudarlo económicamente y con abogados para afrontar el juicio oral que el mismo tenía en puerta junto con Camilo Soares, invocando para ello la amistad con una agente fiscal.

Pese a las grandes deficiencias que pudiera tener el Ministerio Público en cuanto a la infraestructura y el escaso presupuesto, esta institución mantiene una estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales, en el seguimiento de delitos transnacionales como es el caso del narcotráfico.

El decomiso de un importante cargamento de cocaína en Europa procedente de Paraguay y la inmediata reacción del Ministerio Público para dar con los responsables del cargamento generaron una respuesta muy alentadora por parte del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar.

Al respecto, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, invitada en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN, manifestó que ese mensaje es un aliciente importante y una señal de que desde el Ministerio Público “se está haciendo lo correcto”.

“Nosotros realmente trabajamos de forma coordinada y creo que es muy claro el mensaje al invocar a la institución que da las repuestas inmediatas a nivel local, atendiendo a que los organismos internacionales estaban solicitando la inmediata participación de la autoridad titular de la acción penal de la República del Paraguay”, mencionó.

Aseguró que el trabajo de investigación respecto al decomiso de las 23 toneladas de cocaína que cayeron en Europa, procedentes de Paraguay, continúa y son operaciones muy complejas y deben ser llevadas adelante en forma sigilosa.

“El trabajo sigue, es muy complejo y debe ser un trabajo bien sigiloso, coordinado con otras autoridades porque un pequeño error hace que se frustre todo el procedimiento y hay veces que nos critican por callarnos demasiado, pero nosotros queremos demostrar a los compatriotas que estamos trabajando. A veces no podemos hacer los ruidos que la gente pide, pero este tipo de hechos, el narcotráfico y el crimen trasnacional, es un crimen muy complejo, ponen en riesgo a todos los intervinientes”, sostuvo.

La alta funcionaria reconoció que con todas las precariedades que muchas veces tienen siguen trabajando y haciendo un seguimiento al crimen organizado y transnacional. Mencionó que no siempre se puede estar pregonando cada paso que van dando.

“Difícilmente con la precariedad que existe en los órganos de seguridad, en los diferentes puntos de control, se pueda abarcar todo, es muy difícil”, comentó. Por ello, remarcó la gran necesidad de inversión en tecnología para hacer detectable dentro del territorio nacional el tránsito del narcotráfico.

Por otra parte, Quiñónez se refirió a los constantes planteamientos de juicio político en su contra impulsados principalmente por legisladores del sector opositor. Al respecto, aseguró que los fiscales son autónomos en las investigaciones que realizan.

“Yo siempre digo que es parte de la función que realizo, hay gente que le gusta o que no le gusta el trabajo que estamos realizando. Realmente el ser titular de la acción penal pública conlleva a procesar de repente a legisladores, gobernadores, intendentes, a muchas personas que no estarán de acuerdo con el trabajo que realizamos”, dijo.

Agregó que: “Entonces, apuntan directamente a la cabeza porque dicen que ella habrá dado la orden y no piensan que el fiscal es autónomo, el fiscal es quien toma el expediente, analiza y toma la decisión. Yo no voy a ir a ponerle un arma y decir ‘sabés qué, tenés que imputarle o tenés que acusar’, ellos hacen su investigación”, sentenció.

Añadió que se deben cumplir las leyes y afirmó que cuando existe un llamado realizado por un juez se debe acudir indefectiblemente, refiriéndose al caso del titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado por la producción y uso de documentos falsos para rendir cuentas de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales del 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“Acá no hay por ser el señor Efraín, por ser la señora Quiñónez. Acá es el cumplimiento de la ley y cuando hay desacato es claro. Al llamado del juez hay que acudir indefectiblemente y eso lo sabe y creo que su abogado en un momento lo dijo, como jurista lo sabe muy bien”, mencionó la fiscal.

Se refirió también al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que calificó de terrorista. Agregó que existe cooperación por parte de organismos internacionales con el fin de rescatar a los secuestrados.

“Yo soy categórica al respecto, son terroristas, sus actos son terroristas, no hay que opinar de dar un estatus a criminales. Tenemos familias enlutadas. Realmente estar en el campo de interacción es muy difícil porque existe una vida y en ese momento lo más importante es la vida del exvicepresidente Óscar Denis. Entonces decir vamos a entrar, se corre el riesgo de casi el 90% de que ellos al instante lo ejecuten. Nadie quiere cargar con esa situación, tamaño dolor, la familia suplicando”, afirmó.

Respecto a la injerencia política en las instituciones de selección y juzgamiento, Quiñónez, coincidiendo con el extitular de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, se mostró a favor de eliminar la representación de dicho sector en los mencionados organismos argumentando que “daría mayor tranquilidad” en torno a las decisiones que se puedan tomar.

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En lo que refiere a la violencia intrafamiliar, reconoció que también es otra de las situaciones complejas a la cual la Fiscalía debe enfrentar, porque cuando sucede un hecho en el seno familiar, a las pocas horas o días se produce una reconciliación y se deja pasar el hecho.

No obstante, envió un mensaje a todas las mujeres diciendo que no tengan miedo de denunciar e incluso se ofreció personalmente a acompañar si eso les brinda mayor confianza para continuar con las denuncias. “Es muy difícil el tema de violencia familiar porque a veces se trata del padre, del hermano y por las secuelas que pueda dejar en la familia”, insistió.

Respecto a los hechos de violencia en los que se ven involucradas personas que ya contaban con órdenes de captura y que no fueron ejecutados por la Policía Nacional, así como la situación de hacinamiento en las cárceles, con prisioneros sin condenas, Quiñónez señaló que en cada caso el Ministerio Público tiene que ser bien objetivo para saber qué sucedió y el grado de peligrosidad de fuga del sospechoso del delito o crimen.

“Realmente es muy difícil, porque hay delitos que es claro que se pueden dar medidas alternativas a la prisión. Pero pasa también que las propias autoridades, fiscales y jueces pasan por cierto temor ante la crítica de la ciudadanía o la prensa por no tomar una decisión”, precisó.

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El abogado Andrés Casati presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en representación de sus defendidas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Imedic SA, respectivamente, en el que ofreció la irrisoria donación de 600 mil mascarillas quirúrgicas para el Ministerio de Educación y 50 camas de terapia intensiva para el Ministerio de Salud a fin de zafar del proceso penal que soportan por producción de documentos no auténticos. De acuerdo al escrito presentado, el valor de la donación es de US$ 200.000.

Ahora, los fiscales asignados al caso deberán analizar si corresponde aceptar o rechazar el pedido. Las mismas están imputadas por falsificar facturas de la firma Eurofarma, que posibilitaron el ingreso de medicamentos sin control.

La imputación se basa en la sospecha de producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas fal­sas para la impor­tación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autori­zada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma, que habría uti­lizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos desde India y China.

Empo: jueza se opuso al sobreseimiento definitivo de directivos

Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por con­trabando, en el que el juez Mirko Valinotti le benefició con el arresto domiciliario, a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira.

A raíz de dicha resolución, el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informe al juz­gado para analizar la actuación del magistrado y determinar si se ajustó o no a dere­cho, en caso contrario podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.

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