Río de Janeiro, Brasil. AFP.
Ingrid dos Santos ignora quién ha estado recibiendo su salario de enfermera en un hospital de campaña para pacientes con coronavirus en Río de Janeiro. Lo único que sabe es que no ha sido ella. “¿A dónde fue el dinero? Nadie lo sabe”, dice a la AFP esta enfermera técnica, de 28 años, que no recibe su salario desde mayo por un contrato en un hospital improvisado que nunca llegó a funcionar en la localidad suburbana de Duque de Caixas.
El salario y la indemnización por su despido siguen apareciendo en su registro de seguridad social, una señal de que alguien está robando dinero público y que trata de disimularlo. El caso ilustra una de las tantas tretas ideadas para robar millones de reales de los fondos liberados por el gobierno para combatir la pandemia, en el segundo país con más casos y más muertos por el virus. Brasil tiene un largo historial de escándalos de corrupción, pero incluso para los estándares locales los casos de malversación que se aprovechan de la tragedia causan indignación.
El estado de Amazonas fue acusado de comprar ventiladores con sobreprecio en una tienda de vinos; el gobernador de Río de Janeiro enfrenta un juicio de destitución por el encargo de siete hospitales de campaña, cinco de los cuales nunca llegaron a construirse, y el secretario de Salud de Brasilia fue arrestado el martes por irregularidades en la compra de test. En total, en 11 de los 27 estados se han identificado casos de corrupción. De los 286.500 millones de reales (unos 50.000 millones de dólares) de recursos de emergencia gastados en la pandemia, menos del 8% se usó para combatir el coronavirus, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Los expertos aseguran que la corrupción encontró nuevos canales al inicio de la pandemia. Las autoridades se apresuraron a comprar ventiladores pulmonares, camas, mascarillas y alcohol en gel y el Congreso autorizó en abril las compras sin licitaciones y sin los habituales papeleos. La falta de control en un país federal de 212 millones de habitantes, 27 estados y más de 5.000 municipios favoreció los chanchullos, dijo a la AFP Guilherme France, de Transparencia Internacional Brasil. “La falta absoluta de coordinación por parte del gobierno federal definitivamente aumentó el riesgo de corrupción”, afirmó.