Con el fin de atender la emergencia sani­taria del COVID-19, el gobierno de Perú dis­puso medidas económicas únicas que contribuirán a inyectar liquidez a las mipy­mes, entregar subsidios a 2,8 millones de familias vulnera­bles, así como a unos 800.000 trabajadores informales y autónomos.

Así, Perú alista el mayor plan económico de América Latina para mitigar los efec­tos de la crisis causada por el coronavirus. El viernes pas­ado, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que dis­pondrá de 26.000 millones de dólares, el equivalente a un 12% del PIB del país, para hacer frente a la emergen­cia sanitaria, dar apoyo a las clases más vulnerables y a las mipymes, cuyos negocios se vieron afectados por la pan­demia, publicó el medio dig­ital elpais.com.

Precisó que de ese monto, 1,4 millones de personas en pobreza ya cobraron el sub­sidio y que la próxima sem­ana recibirán 1,3 millones de personas más.

Por otra parte, señaló que el primer bloque de este plan económico, de US$ 7.000 mil­lones, ya fue destinado a compras y contrataciones para fortalecer el sistema y que a esto se sumaron insumos de limpieza para escuelas, los subsidios para las per­sonas de escasos recursos y también para las micro y pequeñas empresas que paguen sueldos menores a 430 dólares.

Otras medidas que per­mitirán afrontar la crisis son la entrega de 695 dólares a aquellas personas que cuen­tan con un fondo de “com­pensación por tiempo de servicios”; también se desti­narán hasta unos 579 dólares a quienes no hayan aportado en los últimos seis meses a sus fondos en las administra­doras privadas de pensiones. Las obligaciones tributarias a su vez fueron pospuestas.

En cuanto al Banco Cen­tral de Reserva, Vizcarra dijo que se acordó destinar 8.000 millones de dólares para financiar créditos de la banca privada garantiza­dos por el gobierno, lo cual beneficiaría a unas 350.000 micro y pequeñas empresas. La segunda fase del plan de reactivación económica se dará tras concluir la cuaren­tena. Se destinarán 30.000 millones de dólares en la inversión pública en proyec­tos y gasto corriente en man­tenimiento de colegios y car­reteras.