• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

El presidente Alberto Fernández –con tan indudable como probada legalidad y legitimidad de origen– ya tiene la herramienta que solicitó a los representantes del pueblo para comenzar a gestionar la administración de la República. El Parlamento sancionó en la madrugada del sábado último la que se ha dado en llamar “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que “propicia la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Nada nuevo.

El 11 de agosto de 1999, los congresistas sancionaron la Ley 25148 en la que, “por el plazo de tres años”, delegaron en el Poder Ejecutivo facultades “legislativas sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a 1994”. Nada nuevo.

El 6 de enero del 2002, el Congreso sancionó la “Ley 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”. Nada nuevo. Fue derogada en la misma fecha en el 2018. En consecuencia, desde entonces, el sistema de separación de poderes que planteó –en 1747, exactamente 272 años atrás– Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes”, hasta dos días atrás, rigió en la Argentina la separación legislativa de poderes que promueven los estándares internacionales para los Estados democráticos de derecho.

En el 2002, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza alcanzaba al 49,7% de la población, la indigencia al 22,7% y el desempleo al 40,2%. Contundente. A pocos días de finalizar 2019, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), reporta que la pauperización se ubica en el 40,8% en tanto que la indigencia afecta al 8,9%. En lo que corre del siglo XXI, el 80% de su tiempo ya histórico, de la Argentina transcurrió en anormalidad institucional sin que se alcanzaran los objetivos más deseables: reducir sustancialmente los indicadores de pobreza, indigencia, desempleo e incrementar los de salud y educación. El sueño de un futuro mejor o el bien común, finalmente. En ese contexto, el interrogante emerge inevitable: ¿Alberto F. podrá esta vez? Bueno y deseable sería probar que aquel apotegma de Albert Einstein –“si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”- sólo haya sido un error que se mantuvo vigente por décadas hasta que se demuestre lo contrario. Hay quienes sostienen que la esperanza es lo último que se pierde. Suscribo in totum esa idea.

La lectura de la ley que sanciona la nueva emergencia, permite señalar que el flamante herramental con el que cuenta el Jefe de Estado es escaso para resolver coyunturalmente y de cara al futuro el nivel del gasto público. Tanto el presidente Fernández como los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) explican, entre varios ítems, el preocupante déficit fiscal en el sistema previsional argentino.

La emergencia declarada congela los aumentos previstos –también por ley desde diciembre 2017- para que las jubilaciones se actualicen por encima de la inflación. Sin embargo, no toca los regímenes jubilatorios especiales –mal llamadas “jubilaciones de privilegio”, aunque definitivamente lo son– con las que se remunera, entre otros, a algunos docentes, profesores universitarios, investigadores, fuerzas armadas, del servicio penitenciario, de seguridad y policiales.

Alberto F. sabe de ese acto de inequidad consignado legislativamente. Seguramente por ello, cuando el debate parlamentario daba cuenta de fuertes tensiones, el mandatario desde su cuenta @alferdez anunció: “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”. Insuficiente, impreciso e informal. La bronca social –el malestar de los Guasones– crece con sordina y, casi anestesiada por las celebraciones del fin del año, no hace pública su propia emergencia.