Santiago, Chile. AFP
Chile decretó este jueves “alerta sanitaria” en seis regiones para tratar el aumento, derivado de la crisis social, en las consultas por traumas y salud mental, y asegurar el tratamiento adecuado de enfermedades crónicas, informó el ministerio de Salud.
Con 23 muertos, más de 300 personas con trauma ocular y miles de heridos se salda hasta ahora la inusitada convulsión que afecta al país hace casi un mes, con masivas movilizaciones, violentos enfrentamientos y saqueos. Esta medida sanitaria “se aplica debido a que se ha configurado una situación de riesgo de salud para la población”, señaló el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
La alerta, que obliga a destinar mayores recursos y regirá hasta el 1 de diciembre, abarca las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en el norte; Valparaíso, Maule y Metropolitana, en el centro; y la sureña región de la Araucanía.
De acuerdo a las autoridades, los riesgos de la convulsión social incluyen un “aumento de consultas por traumas, con la consiguiente necesidad de contar con mayores insumos, pabellones y personal” para atender las urgencias. Las lesiones oculares graves, que en decenas de casos provocaron ceguera en personas heridas por perdigones disparados por la policía en manifestaciones, figuran entre las lesiones más graves.
El ministerio calculó en 10.000 el aumento de las consultas por trauma y también registró un incremento en las necesidades de atención en salud mental.
“CONVENCIÓN CONSTITUYENTE”
La conmemoración llega en momentos en que las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes, con jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios, a lo que en esta jornada se sumó un paro de recolectores de basura. En este escenario de máxima tensión, la fuerzas políticas apuran en el Congreso un acuerdo sobre una nueva Constitución que permita destrabar la crisis, la mayor desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La oposición logró un acuerdo en torno a una propuesta de Asamblea Constituyente, propuesta que el oficialismo rechaza. Sin embargo, ante la prolongación de la crisis social, el gobierno aceptó cambiar la carta magna a través de una “Convención Constituyente”, que incluya a ciudadanos y parlamentarios.